Reporte de la Fundación Paz y Reconciliación al cumplirse dos años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno y las Farc. Sexto informe de seguimientos al postconflicto en Colombia.
Tras dos años de la firma del acuerdo de paz entre FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, los que en un principio se planteaban
como retos ambientales del posconflicto hoy pueden ser señalados como pasivos ecológicos del posconflicto. La deforestación en Colombia tomó un lugar entre los problemas más graves del país cuando su medición se hizo más precisa, constante y mediática. En pocos años la remoción de las capas de bosque en las áreas de interés ambiental tomó las dimensiones de un verdadero problema nacional y de gobierno.
No sólo tiene que ver con la escandalosa cifra de hectáreas deforestadas que en los últimos años viene aumentando constantemente hasta la dramática dimensión de 220.000. Seguramente es la unión de telones que cayeron cuando el control territorial y armado de las FARC se esfumó en todas las regiones del país.
La transición a un sistema de monitoreo satelital, la concentración y el desarme de las FARC y el dramatismo de las imágenes que dejaba la deforestación a su paso, fueron los tres factores fundamentales que permiten una evaluación conjunta entre el gobierno saliente
de Juan Manuel Santos y el nuevo gobierno de Iván Duque: la deforestación es uno de los más graves problemas que enfrenta el país de cara al presente y el futuro.
El pasado 7 de agosto Luis Gilberto Murillo dejaba el Ministerio de Ambiente lamentándose por no haber reducido la cifra de hectáreas deforestadas, mientras Ricardo Lozano se estrenaba como nuevo encargado de la cartera ambiental anunciando que su prioridad es dar resultados contra la deforestación desde la próxima medición, que saldrá a finales del 2018.
La paradoja ambiental del conflicto armado fue ese fenómeno que, a la par de acciones de guerra y la afectación a población civil,
posibilitó la conservación de áreas de alto interés ambiental para el país y las estructuras ecológicas regionales. En muchas zonas del país las guerrillas se consolidaron históricamente en los territorios como agentes de control frente a los fenómenos de acaparamiento de tierras y la tala legal e ilegal de bosques.
Aunque la administración territorial del poder no era lo mismo que gestión ambiental de los territorios, es innegable que la conservación
de biodiversidad durante décadas estuvo determinada por la presencia de actores armados en las áreas de alto valor ecológico.
Según los datos históricos del IDEAM, entre los años 1990 y 2015, el total de hectáreas deforestadas de bosque estuvo cerca de los 5.5
millones. Es decir que, en promedio, cada año se deforestaron unas 200.000 hectáreas.
Sin embargo, comparando los periodos de la guerra en que varios actores armados estaban en auge territorial con los últimos dos años de cese de actividades militares de la insurgencia de las FARC, la cifra no cambia mucho. Entre 1990 y 2014 la Amazonía colombiana concentró un total del 35% de la tasa deforestación nacional y en el 2015, último año de actividades de la insurgencia de las FARC, ésta región concentró el 43% de la tasa anual de deforestación del país (datos IDEAM). Para el año 2017, con la guerrilla de las FARC desarmada y en proceso de reincorporación, sin control territorial, la concentración de la deforestación en la Amazonía colombiana respecto a la cifra nacional es de más del 70%, lo cual confirma que muchos municipios y zonas de alto interés ambiental, que fueron beneficiarios paradójicos del conflicto armado, hoy no encuentran quien supla el poder territorial y la administración.
A nivel territorial se puede hallar una integración de procesos y fenómenos que sólo una atención integral y articulada entre gobierno nacional y local puede enfrentar efectivamente. Siendo el territorio amazónico el que sufre con más rigor el fenómeno de la deforestación el rol de los Grupos Armados Postfarc-GAPF es evidente en el aumento estrepitoso de hectáreas de bosque removidas al sur del país.
Gentil Duarte, líder GAPF proveniente del extinto Frente 7, ha autorizado a colonos de la región a tumbar bosque sin ningún tipo de control y en miras de disputar el negocio de acaparamiento y venta de tierras con las mafias y el gran latifundio del país. Así mismo, la participación por acción u omisión de administraciones municipales se está configurando como una piedra angular para entender la deforestación en departamentos como el Guaviare y el Caquetá.
Las constantes largas para implementar el capítulo rural del acuerdo de La Habana están frenando programas tan urgentes para el sur
del país como la restitución y titulación de tierras a campesinos o el cierre definitivo de la frontera agropecuaria.
Por otro lado, las economías ilegales siguen arrasando en muchas regiones del país con ecosistemas de alta concentración de vida
silvestre, como el caudal de los ríos y algunas áreas de bosque. Muchas de las zonas de antiguo control de la guerrilla de las FARC, en lugar de ser copadas por el Estado, con su fuerza y su institucionalidad, se han convertido en centros de expansión de grupos armados ilegales que disputan entre sí enclaves de la economía ilegal como el oro o la extorsión a ciudadanos y comerciantes.
Durante el último par de años el país supo de cómo la minería ilegal es capaz de acabar con ríos enteros, tras conocerse el caso
del río Sambingo, en el departamento del Cauca. Pero son muchos más ríos los que se encuentran a merced del accionar criminal y en medio del enfrentamiento entre estructuras armadas.
Así mismo, la decisión del gobierno de Iván Duque para retomar la aspersión de glifosato como eje de la lucha contra los cultivos de
uso ilícito anuncia nuevos conflictos sociales y ambientales en los territorios del país con mayor presencia de uso ilícito. Ya en el pasado
el país ha adquirido la experiencia suficiente no sólo para cuestionar la efectividad de ésta técnica en la lucha contra los cultivos de uso
ilícito, sino para señalar los efectos químicos del glifosato en la salud humana y no-humana.
La composición química del suelo o la estabilidad ecológica de los ríos ya se ha visto afectada por operaciones de aspersión de glifosato, y ahora, en tiempos de posconflicto, es urgente hablar de sus implicaciones ambientales en zonas de significativa concentración de vida silvestre.
DEFORESTACIÓN, LA VERDADERA AMENAZA DE LOS PARQUES NACIONALES NATURALES
Entre las zonas que en el pasado fueron estratégicas para las FARC en el marco del conflicto armado se encuentra el amazonas
colombiano y, particularmente uno de los megacorredores de biodiversidad más importantes del país que conecta a la Amazonía
con los Andes colombianos. La paradoja que en el pasado hacia coincidir geográficamente a los actores armados con las zonas de mayor
concentración de vida silvestre, hoy, en tiempos de posconflicto, supone un solapamiento territorial entre las zonas más biodiversas
del país y los territorios más afectados por el avance estrepitoso de la deforestación.
Todo lo anterior, en las llamadas zonas postfarc, de antiguo control de dicha estructura insurgente. Hay específicamente cuatro Parques Nacionales Naturales (PNN) fundamentales para la conservación de ecosistemas amazónicos frágiles y la conectividad con los Andes que se encuentran expuestos, casi como ninguna otra zonas del país a la deforestación y la posterior praderización de vastas zonas dentro
de su jurisdicción: Picachos, Tinigua, Serranía de La Macarena y Serranía del Chiribiquete.
Los primeros tres mantienen jurisdicciones contiguas que conforman una de las áreas protegidas más extensas del país, iniciando
en la Cordillera de los Andes con ecosistemas de páramo y continuando hacia el sureste hasta toparse con el Chiribiquete, la médula
de la Amazonía colombiana. Hace dos años, ante la nueva realidad territorial que suponía la concentración y el desarme de las FARC, la
deforestación empezó a ganar terreno ante el vacío de autoridad y el nuevo mapa de actores en disputa por las economías ilegales.
Para el primer trimestre del 2018 el municipio de La Macarena, Meta, registró la mayor tasa de deforestación a nivel nacional, llegando a concentrar cerca del 20% de la deforestación del país.
Así mismo, fue el PNN Tinigua el área protegida más golpeada por la remoción de capas de bosque, con más del 80% de la deforestación en el total de Parques Nacionales. De igual forma, el PNN Sierra de la Macarena reportó importantes longitudes de bosque quemadas, lo que permite perfilar la deforestación al sur del país como un problema de gran calado en materia ambiental, de seguridad y de posconflicto, pues en el municipio de La Macarena es uno de los que mayor control de las FARC llegó a tener y actualmente allí se encuentra el ETCR Urías Rondón.
Particularmente en el sur de país, a la par del tráfico ilegal de madera, el acaparamiento de tierras empieza a figurar como la real
amenaza para los bosques y áreas protegidas. La reducción significativa de acciones bélicas en estas zonas ha sembrado la semilla para un nuevo impulso de la colonización de tierras que durante décadas permanecieron deshabitadas y permitieron la restauración de los procesos biológicos en muchos ecosistemas. Las características ecológicas y geográficas de ésta zona, como plantea una reciente investigación liderada por Nicolás Clerici, permiten la diversificación biológica y el flujo genético de especies endémicas del Amazonas hacia los Andes (Clerici et al., 2018, p. 2). Lo anterior –en resumen– plantea que la deforestación, bajo sus diferentes dinámicas y actores, está quebrando la conectividad ecosistémica y pone en peligro la estabilidad ecológica ganada durante más de 7 millones de años.
Durante los primeros meses del 2018 se alcanzaron a registrar cerca de 6000 hectáreas perdidas en el PNN Tinigua, de un total de
208.000 hectáreas que tiene el parque. Entre las causas más importantes se encuentra la ocupación de zonas con vacas tras haber deforestado el bosque. Los incentivos para la sustitución de cultivos ilícitos han generado un aumento de las hectáreas sembradas de hoja de coca en algunos Parques Nacionales, entre ellos el Tinigua, el Nukak, Chiribiquete y Picachos. Así mismo, la llegada masiva de familias de otras regiones del país que, en busca de tierra, se internan en Parques Nacionales amparadas e impulsadas por mafias regionales, latifundistas y organizaciones armadas como las disidencias de las FARC.
Particularmente en el PNN Tinigua la situación de orden público ha dificultado todo tipo de tareas misionales de la institucionalidad de Parques Nacionales. El sur del Meta es uno de los puntos de expansión territorial más importantes de las disidencias de las FARC y especialmente de alias ‘Gentil Duarte’, quien comandó al Frente 7 de ésta guerrilla y controlaba buena parte de la zona rural del
municipio de La Macarena. Los funcionarios del PNN Tinigua han tenido que trasladar sus operaciones a Villavicencio, capital del Meta,
pues la situación de seguridad ha obstaculizado toda tarea de conservación y vigilancia dentro del parque.
Uno de los compromisos adquiridos por el Estado en el acuerdo de La Habana en punto 1, tiene que ver con una nueva zonificación
ambiental del país que permita renovar el inventario de la biodiversidad colombiana y llevar planes de manejo ambiental a
ecosistemas que por la guerra nunca pudieron tenerlos. Una de las últimas acciones del gobierno de Santos en ésta materia fue la
ampliación en 1.5 millones de hectáreas el área protegida del PNN Chiribiquete. Sin embargo, esto no ha impedido que la deforestación
golpee dicha zona y aparezcan parches de potreros en medio del bosque que, con el paso de las semanas, son ocupados por vacas
o cultivos de palma ‘sin dueño’.
