Una investigación de la organización Lands Right Now calculó que los pequeños productores y los grupos indígenas producen el 70% de los alimentos del mundo. Una campaña internacional pide que se les garantice el derecho a la tierra y así, promover la seguridad alimentaria.
Pueblos indígenas, comunidades locales, grupos de mujeres, ciudadanos y activistas de al menos 25 diferentes países iniciaron hoy dos semanas de protestas y eventos para exigir que los gobiernos respeten sus derechos a la tierra. Un nuevo informe de políticas resalta el vínculo entre el reconocimiento de los derechos comunitarios a las tierras, la seguridad alimentaria mundial, y la protección del clima.
Como dijo Joan Carling, «las comunidades alrededor del mundo dependen de sus tierras consuetudinarias para alimentar a sus familias. Pero sus tierras también alimentan al mundo, y sus bosques regulan el clima que sustenta la seguridad alimentaria mundial. Sin embargo, el sistema alimentario mundial está profundamente vinculado a la apropiación de tierras, y la agroindustria es el sector más peligroso para los activistas».
Ella es miembro del Consejo Asesor de Derechos a la Tierra Ya [Land Rights Now], y reciente ganadora del Premio Campeones de la Tierra por los logros de toda su carrera (la más alta distinción de la ONU en cuestiones ambientales). «Estamos pidiendo a los gobiernos que reconozcan y garanticen esos derechos sobre la tierra, y que los consumidores consideren los impactos de sus compras sobre los pueblos locales, y sobre los recursos de los que todos dependemos».
Pero, a pesar de tener la propiedad consuetudinaria de la mitad de las tierras del mundo, los pueblos indígenas y las comunidades locales solo tienen propiedad legal del 10%. Esta brecha deja las tierras comunitarias vulnerables a la expropiación por la agricultura a gran escala, la minería o infraestructura, la cual generalmente benefician a menos personas, y es más destructiva al medio ambiente que el uso de la tierra por parte de las comunidades locales.
Según Land Matrix, al menos 49 millones de hectáreas alrededor del mundo han sido objeto de adquisiciones internacionales de tierras a gran escala durante la última década. En gran medida, esto se debe a la demanda de alimentos o energía barata por parte de los consumidores, con predominio de la palma de aceite (6 millones de hectáreas), la jatropha (2.4 mha) y la caña de azúcar (1.9 mha).
Los pequeños productores proporcionan el 70 por ciento de los alimentos del mundo. La evidencia muestra que la producción de alimentos a pequeña escala en África y Asia es más eficiente y tiene mayor rendimiento de cultivos por hectárea que las operaciones grandes. Los derechos de tierra seguros también pueden aumentar la productividad de los agricultores en un 60 por ciento, e incrementar el ingreso familiar por más del doble. Los derechos a la tierra de las mujeres son particularmente importantes, dado su papel crucial en la garantía de la seguridad alimentaria local y en la gestión de los recursos comunitarios.
La gestión de las tierras comunitarias también ayuda a regular el clima, lo cual permite la producción mundial de alimentos. Las comunidades han salvaguardado con éxito muchos de los bosques del mundo durante generaciones. Las investigaciones muestran que sus tierras almacenan masivas cantidades de carbono, por lo menos 300 mil millones de toneladas métricas , y que los derechos seguros llevan a tasas de deforestación más bajas y mayores tasas de almacenamiento de carbono. Al menos un tercio del carbono almacenado en los bosques comunitarios en los trópicos y subtrópicos se encuentra en tierras que carecen de reconocimiento legal formal, dejándolas vulnerables a la apropiación, lo cual puede destruir los medios de subsistencia, devastar el medio ambiente y destruir las fuentes locales de alimentos.
Kenia: Después de una victoria en la corte, el pueblo ogiek todavía espera justicia
A pesar de un fallo histórico de 2017 de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos confirmando que los pueblos ogiek son los dueños legítimos de los bosques de Mau en Kenia, el gobierno aún no les ha devuelto sus tierras consuetudinarias.
Cerca de 40,000 ogiek viven en el bosque de Mau, el cual es fuente de sus alimentos, ingresos, medicina, refugio y sitios culturales; y su fuente principal de subsistencia es la apicultura. Han actuado como guardianes de estas tierras por generaciones, pero enfrentan a la intrusión de los madereros, de las plantaciones de té, y de los asentamientos ilegales. Miles han sido desalojados a la fuerza de sus hogares.
Daniel Kobei, director ejecutivo del Programa de Desarrollo de los Pueblos Ogiek, dijo, «La decisión de la Corte de 2017 fue un rayo de esperanza, no solo para los ogiek, sino también para todos los pueblos indígenas en Kenia y en toda la región. Sin embargo, el gobierno aún tiene que implementar esa decisión. Seguimos siendo desalojados de nuestros hogares. Todavía seguimos excluidos de nuestros bosques consuetudinarios».
Pueblos indígenas y comunidades locales se unen a la movilización global
Las acciones de hoy forman parte de un creciente movimiento entre las comunidades indígenas y locales alrededor del mundo que exigen respeto por sus derechos, y se movilizan para asegurar que se escuchen sus voces, y se destacan el papel que desempeñan en la lucha mundial para prevenir la crisis climática.
Dijo Carling, «Derechos a la Tierra Ahora [Land Rights Now] es un llamado unificador para lograr el respeto a los derechos de cerca de 2,500 millones de personas alrededor del mundo que dependen de las tierras de propiedad comunitaria. Estos derechos sustentan la seguridad alimentaria mundial y son vitales en la lucha contra el cambio climático. A pesar de increíbles riesgos, los pueblos indígenas y las comunidades locales están alzando sus voces y tomando medidas para defender sus derechos, y proteger los recursos de los que todos dependemos. Es hora de que el mundo escuche».
Perú: el pueblo shipibo lucha por el reconocimiento de sus derechos a la tierra, mientras que las empresas adquieren fácilmente sus territorios
La comunidad indígena shipibo de Santa Clara de Uchunya, en la región Ucayali de la Amazonía peruana, enfrenta la invasión de sus tierras ancestrales por parte de las plantaciones corporativas de palma de aceite y de los traficantes de tierras. La comunidad depende de su territorio ancestral para la caza, la pesca, la agricultura y la recolección de frutas. Sin embargo, el gobierno solo ha reconocido sus derechos sobre una pequeña parte del territorio, mientras que las empresas eluden la ley, convirtiendo los bosques en lugares de producción de monocultivos a gran escala.
«La palma de aceite no nos trae ningún futuro, trae desgracia. Trae pobreza. Te engañan y al final agarran tu tierra y tú no eres nada. Nuestros hijos se convierten en sus esclavos, y uno ya no es dueño de su territorio», dijo Rodrigo López, miembro de la comunidad de Santa Clara de Uchunya.
A pesar de que los shipibos reclaman su derecho a la tierra, el gobierno ha otorgado títulos individuales a colonos externos quienes vendieron sus tierras a una compañía de aceite de palma en el 2012, lo que llevó a la tala de los bosques, sin el consentimiento de los shipibos. A pesar de llevar este asunto en los tribunales y a la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO), la producción de aceite de palma continúa, y los nuevos colonos han recibido títulos a una parte de las tierras de las comunidades shipibos.
Este caso se ha vuelto emblemático de lo que está ocurriendo en el Perú y en toda la región del Amazonas. Los proyectos agrícolas a gran escala, profundamente relacionados a los mercados internacionales de alimentos y energía, están destruyendo bosques tradicionalmente ocupados por pueblos locales.
Guatemala: desalojados por una plantación de azúcar, los pueblos indígenas enfrentan la pobreza y el hambre
Unas 769 familias maya q’eqchi’ fueron violentamente desalojadas de sus hogares en el valle del Polochic para hacer espacio para una plantación de azúcar. El gobierno prometió devolver esta tierra, pero más de la mitad de las familias todavía esperan. Las plantaciones a gran escala de aceite de palma, de azúcar y de banano, ranchos de ganado, y los proyectos de minería y energía están invadiendo cada vez más las tierras de los pueblos q’eqchi’ y pokomchí. Estos pueblos han habitado el valle del Polochic y las áreas aledañas al Lago de Izabal desde la época precolonial.
Este es un patrón común en todo el país. Los pueblos indígenas constituyen más de la mitad de la población de Guatemala, pero aún enfrentan la violencia, la discriminación y la falta de reconocimiento de sus derechos a la tierra. Sin tierra, las familias indígenas de Guatemala a menudo sufren pobreza extrema y hambre. Las investigaciones revelan que el desarrollo económico local suele ser peor bajo los modelos de plantación que bajo un modelo de la agricultura tradicional a pequeña escala que reemplazan.
