La deforestación en Colombia aumentó en 2017 un 23% con respecto a 2016; que a su vez había aumentado un 44% con respecto al 2015. Un grupo de civiles elevó al gobierno de Ivan Duque unas peticiones para proteger el último pulmón del mundo.
El pasado 23 de agosto, la Plataforma de Información y Diálogo para la Amazonía Colombiana (PID) convocó actores del ámbito nacional, regional y local para analizar las fortalezas, debilidades, retos y oportunidades que presenta el nuevo gobierno con relación al problema del aumento de la deforestación en la Amazonía en los últimos años. Algunos de estos actores incluyen representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura, Banco Mundial, Climate Focus, SINCHI, Ideam, Minambiente, Universidad Javeriana, Invías, Universidad del Rosario, Universidad Externado, Universidad Distrital, entre otros.
Según el documento, ningún gobierno colombiano, a la fecha, ha contado con un modelo de desarrollo económico claro y adecuado para la región, ni tiene en cuenta los impactos acumulativos que se han agregado durante los últimos años, y los planes de desarrollo locales y Departamentales no contemplan las realidades frente a la deforestación.
Mientras en 2016 se deforestaron 70.074 hectáreas de selva amazónica, en 2017 la cifra aumentó a 144.147 hectáreas. Se esfumó la posibilidad de reducir a cero la tasa neta de deforestación en la Amazonia para el 2020. (La deforestación se duplicó en la Amazonía)
Estas son algunas de sus recomendaciones para evitar la deforestación en la región:
– Acatar la sentencia promulgada por la Corte Suprema de Justicia sobre la Amazonia sujeta a derechos y realizar un plan de acción, que involucre a los municipios y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, y demás actores con interés en la región, para contrarrestar la deforestación y las emisiones de gases efecto invernadero – GEI.
-Crear una oficina de alto nivel (del orden presidencial, preferiblemente) responsable de manejar el tema de la deforestación en el país, como un aspecto de seguridad nacional, que permita realizar el análisis detallado del fenómeno, coordinar la toma de decisiones y vincular efectivamente a los demás sectores del gobierno, sus programas e instituciones.
– Revisar el Sistema Nacional Ambiental – SINA (Ley 99 de 1993) puesto que las dinámicas actuales del país son diferentes a las de principios de los años 90. En dicha revisión se debe integrar, reformular y contextualizar la legislación ambiental, enfocándose en la implementación de acciones que fortalezcan la gobernanza regional. La propuesta de reforma se debe hacer con las instituciones y debe tener origen en los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Agricultura y Desarrollo Rural. (La falsa comunidad indígena que arrasó con miles de hectáreas en Putumayo)
– Fortalecer y apoyar los sistemas productivos alternativos (con fuentes accesibles de financiación e incentivos financieros y no financieros), de bajo impacto, promoviendo alternativas de producción diferentes para la región.
-Fomentar la demanda de productos amazónicos, establecer canales de comercialización local y de exportación, con estrategias de acceso a mercados y el fortalecimiento de capacidades locales.
– Identificar nuevas alternativas productivas en la línea de Productos no Maderables del Bosque, que amplíen el abanico de ofertas para los productores de la región, fortaleciendo la investigación regional que se realiza a través del Instituto SINCHI.
-Que todos actores conozcan los alcances de la Resolución 261 de 2018 por medio de la cual se define la Frontera Agrícola Nacional y se adopta la metodología para la identificación general, para lo cual se deben llevar a cabo programas generales de divulgación.
– La presencia de la fuerza pública (Ejército, Armada, Policía, Fiscalía) y una fuerte institucionalidad local es necesaria de manera que actúe en aquellas zonas de mayor vulnerabilidad frente a la pérdida de cobertura forestal.
– Realizar una actualización catastral en la región, de manera que haya un mayor seguimiento, control y monitoreo de las tierras, delimitación precisa de rondas de microcuencas, procesos de tenencia de predios y de sus coberturas y usos.
– Involucrar, de manera permanente, en los temas de ordenamiento territorial a las comunidades campesinas y autoridades indígenas para que se articulen estos instrumentos con los planes de vida de los resguardos y los objetivos de las reservas campesinas, constituidas o en proceso de constitución. Por ejemplo, el fortalecimiento de capacidades de los actores locales teniendo en cuenta acciones como turismo sostenible y gobernanza indígena.
– Diseñar un conjunto de indicadores adecuados y pertinentes a la realidad nacional y regional, en torno a la deforestación. Por ejemplo, los registros actuales de reducción de la deforestación pueden ser confusos, especialmente en lugares donde ya no hay bosque para deforestar.
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El documento se hizo llegar al Presidente de la República; Secretarios de las Comisiones Quinta del Senado y la Cámara de Representantes; Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Defensa, de Transporte; de Comercio, Industria y Turismo, a los seis gobernadores de la Amazonia, alcaldes, a la nueva directora del IDEAM, del UPRA, de la Agencia Nacional de Tierras, al Contralor General de la Nación, al Fiscal General de la Nación, al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo, y a los directores de Corpoamazonía y la CDA.
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*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador
Foto: Angélica Cuevas
