Para la Fiscalía el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonía, la coordinadora del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y el coordinador del Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres del Putumayo habrían incurrido en omisiones en materia de gestión de riesgo.
La Fiscalía investiga la presunta responsabilidad del servidores públicos en el desbordamiento de los ríos Mulato, Taruca y Sangoyaco, que generó una avalancha el 31 de marzo de 2017, afectó 16 barrios del municipio de Mocoa (Putumayo) y dejó más de 320 muertos. En concreto, presuntas omisiones de parte del director General de la Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonía, Luis Alexánder Mejía Bustos; la coordinadora del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, Adriana Yasmid Arcos Narváez, y el coordinador del Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres del Putumayo, Lalo Giovanni Zambrano Ramírez.
El ente investigador señaló que el director Mejía Bustos habría incumplido el artículo 31 de la ley 99 de 1993 así como el decreto 1076 de 2015, en el que se indica que es responsabilidad de las corporaciones autónomas regionales la elaboración de los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas, así como la coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos.
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Por otra parte, con respecto a la participación de la coordinadora del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, Adriana Yasmid Arcos Narváez, y el coordinador del Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres del Putumayo, Lalo Giovanni Zambrano Ramírez, la Fiscalía presume que también incurrieron en faltas, pues al parecer, se dejó de cumplir con la normatividad de la ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.
“Dadas las presuntas omisiones de los procesados, la avalancha provocó la afectación de cientos de pobladores y la destrucción de viviendas, puentes, vehículos e infraestructura vial en los sectores San Miguel Nuevo Horizonte y Junín, así como en los barrios San Fernando, Los Laureles, Jordán, Jordancito, La Esmeralda, Altos del Bosque, El Libertador, Progreso, La Independencia, Modelo, San Antonio, San Agustín, El Carmen y Los Pinos”, señaló el ente investigador.
Los tres funcionarios fueron imputados por el delito de prevaricato por omisión, pero ninguno de ellos fue cobijado con medida de aseguramiento y aún continúan vinculados a la investigación.
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La corriente de grandes magnitudes que pasó por Mocoa el viernes 31 de marzo acabó con la vida de más de 320 personas, fue producto del desbordamiento de los ríos Mulato, Taruca y Sangoyaco. Arrasó con todo el norte de Mocoa y dejó la capital de Putumayo inmersa en una inmensa catástrofe. Muchos de los sobrevivientes informaron en su momento, a los medios de comunicación que los riesgos de la avalancha habían sido puestos en conocimiento con 9 meses de antelación y que la deforestación sin medida jugaron en contra de los estragos de esa madrugada fueron algunas de las reacciones.
