Un estudio realizado por investigadores de cinco universidades colombianas propone un escenario climático para Colombia en 2080-2100 con base en los cambios que llegaron después de la firma del acuerdo de paz con la ex guerrilla de las FARC.
Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, está pasando por una transformación social y ambiental profunda: el fin de un conflicto de décadas con las FARC.
Las regiones que fueron protegidas por un efecto colateral del conflicto entraron en la mira de expansiones agrícolas, mineras, empresas madereras legales o ilegales y acaparadores de tierra. En 2016, año en que se firmó el acuerdo, la tasa de deforestación (según datos del IDEAM) creció 44%, para un total de 178.597 hectáreas taladas. Más de la mitad de esta nueva ola de deforestación está concentrada en la región de la Amazonía. La cifra para 2017 que calculó el IDEAM ascendió a 219.973 hectáreas.
Pero si 50 años de conflicto armado lograron cierta estabilidad para los bosques (aunque a un precio humano incalculable), y estas altísimas tasas de deforestación llegan a solo dos años de la firma del acuerdo, ¿qué pasará en 50 u 80 años, cuando el capítulo de la guerra interna en Colombia sea historia patria?
En noviembre de 2016, mientras en se firmaba el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto en el Teatro Colón de Bogotá, biólogos, climatólogos, ecólogos e ingenieros forestales de cinco universidades colombianas (Universidad de Antioquia, EAFIT, Universidad del Rosario, Universidad Nacional y la EIA), y la Universidad de Miami, de Bordeaux (Francia), de Exeter (Reino Unido) y el Instituto Max Plank (Alemania) discutían en Medellín sobre los efectos de ese acuerdo en los ecosistemas de Colombia.
El resultado de la Conferencia Internacional de Interacciones Atmósfera-Biósfera (INTERCAMBIO) es un estudio que se publicó la semana pasada en la revista Frontiers in Ecology and Environment, y que busca evaluar el efecto combinado del posacuerdo y las proyecciones de cambio climático sobre la biodiversidad y ecosistemas en Colombia. El estudio es más bien una lista de consideraciones para los tomadores de decisiones.
Para empezar, la degradación ecológica de Colombia después de la firma de un acuerdo de paz no es un caso atípico. En recientes décadas, el 80% de los conflictos armados han ocurrido en hotspots de biodiversidad, según un informe de la FAO de 2005.
Entonces, ¿cómo podría cambiar Colombia dentro de 80 años después de la firma del acuerdo?
Según escriben los autores, hay cinco factores que influirían fuertemente en el futuro ecológico y económico del país: el contexto ambiental, la migración de población vulnerable, la efectividad de los instrumentos de política pública, la disponibilidad de datos científicos para quienes son tomadores de decisiones, y el enfoque con el que se impulse el desarrollo rural.
Primero, se espera un nuevo panorama climático. El IDEAM y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) calcularon que Colombia será más caliente, y se prevé que las regiones con inseguridad hídrica, como La Guajira, se vuelvan más secas. Para mediados de siglo, digamos 2050, las temperaturas medias en Colombia aumentarán hasta 3 o 4 grados centígrados en un escenario sin mitigación, es decir, sin programas de política pública que logren bajar la tasa de emisiones de gases de efecto invernadero, y entre 1 y 1,5 grados C bajo un ambicioso escenario de mitigación.
Por otro lado, para después de 2050, se espera que la precipitación anual disminuya, incluso en el Amazonas. “Juntos, el calentamiento y los patrones de precipitación alterados probablemente reducirán la productividad y reducirán la capacidad del país para capturar gases de efecto invernadero (GEI)”, escriben los investigadores.
Un ejercicio de modelación que hicieron los científicos de la Universidad de Exeter sugiere que el calentamiento y los cambios en los patrones de lluvias afectarían a la mayoría de los ecosistemas del país (excepto el Pacífico) y disminuirían su capacidad para secuestrar gases de efecto invernadero.
(a): Mapas demográfico (2005), del Dane; (b) de cobertura de bosque (2010-2012), del Ideam y (c) de presencia de las FARC antes del acuerdo de paz (2014), de Fundación Paz y Reconciliación. El mapa muestra con claridad la relación entre la presencia de la ex guerrilla y la conservación del bosque. Tomada de Frontiers in Ecology and the Environment.
“Con esos cambios bruscos en los patrones de lluvia se disminuye la productividad de los ecosistemas, que son cada vez menos capaces de capturar el carbono de la atmósfera, y eso va para todos los ecosistemas en todo el país” explica Juan Camilo Villegas, uno de los autores e investigador de la Universidad de Antioquia.
Según explica Alejandro Salazar, otro de los investigadores, a medida que el calentamiento global se intensifica, muchas especies están migrando a elevaciones más altas. En zonas altamente fragmentadas, como los bosques Andinos, donde hay especies endémicas o restringidas a pequeños rangos geográficos, la deforestación dificulta esta migración y por ende la capacidad de especies vulnerables de adaptarse al cambio climático.
Transformación del uso del suelo
El desarme de las FARC y la deforestación tienen una relación directa y hoy, dos años después de la firma del acuerdo, es casi que indiscutible. Las regiones tropicales representan el 58% de la pérdida neta global reciente de bosques, y la mayor parte de esta deforestación ocurre en bosques tropicales húmedos.
El bosque tropical de Colombia cubre alrededor de 460.000 kilómetros cuadrados. Entre 1500 y 2000, las tasas nacionales de deforestación aumentaron de aproximadamente 100 kilómetros cuadrados por año a más de 2.300 por año. En el continente, estas cifras son solo superadas por Brasil.
Lo que está sucediendo en la Amazonía ya es historia vieja en los Andes colombianos. Para el año 2000, la deforestación ya había eliminado el 80% de la vegetación natural gracias al pastoreo, el uso más extendido de la tierra en los Andes. La erosión del bosque y actividades asociadas, como la minería y el pastoreo, ya ha degradado alrededor del 40% del territorio colombiano, según un informe de 2014 del IDEAM, y las tasas de deforestación y erosión del suelo podrían aumentar aún más ahora en el posconflicto.
“Para complicar aún más las cosas, la pérdida de bosques en gran escala puede reducir las precipitaciones y los caudales de los ríos sobre las regiones continentales, como la región tropical de Sudamérica”, escriben los científicos.
¿Esto qué significa? Que se puede alterar la disponibilidad de agua en el país de manera muy dramática. Si se intensifican fenómenos como El Niño o La Niña hay más vulnerabilidad ante caudales altos de los ríos, o sequías extremas.
“Hay otra cosa: la deforestación puede acelerar la degradación de los suelos. Un suelo erosionado es grave, más aún si casi el 80% de la población colombiana está en las montañas, en pendientes. Cuando se degradan los suelos, significa que los ecosistemas dejan de funcionar como lo hacen naturalmente. Un bosque que se empieza a parecer más a un peladero no solo se desliza, sino que puede soportar muy poca biodiversidad”, explica Villegas.
De acuerdo con el IDEAM, el 40% de los suelos colombianos están erosionados gracias a la deforestación.
Migrantes climáticos
“Cuando la vulnerabilidad ecológica asociada a la degradación de un ecosistema, se combina con vulnerabilidad social en áreas naturales/rurales del país, se pone en riesgo la capacidad de estos ecosistemas de prestar servicios a una sociedad”, escribe Salazar.
El desplazamiento forzado en Colombia, que llegó a más de 7 millones de personas desplazadas, según el Registro Único de Víctimas, podría disminuir y en cierta medida reducir la presión sobre la biodiversidad en áreas rurales, mientras que al mismo tiempo aumenta la presión en las áreas urbanas. “¿Pero de dónde saldría por ejemplo el agua para tantas personas en las ciudades? La demanda de alimentos aumentaría la presión sobre otros suelos rurales”, explica Villegas.
Los objetivos climáticos más importantes del país son incluir la deforestación neta cero en la Amazonía en 2020, y reducir el 20% en las emisiones de GEI para el año 2030. “La eficacia de estas políticas probablemente dependerá de la formas en que las áreas rurales que fueron afectadas anteriormente por conflicto se desarrollan, administran y / o conservan en el futuro”, escriben los autores.
El llamado de atención del estudio es claro: se necesita rigor científico en la aplicación de esos instrumentos y medidas más urgente para frenar la deforestación y reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
“Ya hay una capacidad científica instalada en el país y la presión sobre los ecosistemas parece continuar. Pero las decisiones no solo deben ser mejor informadas, deben ser eficaces o nos vamos a enfrentar a un escenario climático mucho más grave para el país”, concluye Villegas.
*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador
