El 47% de las alertas tempranas del último trimestre se concentraron en 15 municipios del Pacífico, y aparentemente, se frenó un porcentaje de la deforestación en la Amazonía. ¿Es esa interpretación la correcta?
El último informe de alertas tempranas, publicado por el Ideam hace poco más de una semana, dejó mal parado al Pacífico. Según esa entidad, el 47% de las alertas tempranas por deforestación registradas durante el segundo trimestre de este año corresponden al Pacífico, casi el doble que en la Amazonia (27%), la región con el primer lugar en tala de bosques de los últimos dos años.
El departamento en donde más bosques se taló fue Chocó, y lo más preocupante: de 25 municipios con alertas tempranas, 15 están en el Pacífico. En el Urabá antioqueño está Chigorodó, Mutatá y Vigía del Fuerte. En Chocó, Riosucio, Bojayá, Alto Baudó, Bajo Baudó, Medio Baudó, Carmen del Darién, Lloró, Quibdó, Río Quito y Juradó.
No es difícil intuir la respuesta a la pregunta de por qué se disparó tan drásticamente la deforestación en esos municipios en el curso de apenas tres meses.
Sobre el río Baudó, el Ideam apunta que este núcleo se caracteriza por “la presencia de actividades ilícitas como el establecimiento de cultivos de uso ilícito y minería a cielo abierto. Si bien estas actividades, de manera aislada tienen impactos puntuales sobre los paisajes, al realizarse en grandes magnitudes, se manifiestan como transformaciones drásticas del paisaje como este caso. A eso se suma la extracción de madera para el uso local y para la comercialización”. Para el caso de Riosucio, Bojayá, Río Quito y Atrato es similar. Al caso de Riosucio se le suman las actividades ganaderas que han acaparado grandes extensiones de tierra.
De acuerdo con David Pérez, docente de ingeniería agroforestal Universidad Tecnológica del Chocó, la minería ilegal, la debilidad institucional y la presencia de actores armados han sido el coctel para impulsar la deforestación en la región y particularmente, la contaminación de las fuentes hídricas en ese proceso.
Uno de los estudios que respaldan su afirmación (además del informe del IDEAM) es el de Lady Vargas, ingeniera ambiental y sanitaria que desde 2008 trabaja en el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico.
Su proyecto de investigación, publicado en 2017, evaluó la calidad ecológica de cuatro fuentes hídricas que han sido afectadas por la minería a cielo abierto en Jigualito (Chocó): se estudiaron escenarios donde la minería está activa y otros en los que se realizó hace cinco, diez y hasta treinta años atrás.
“Una vez se acaba la minería y pasa el tiempo el agua se aclara o se reduce la turbiedad, pero eso no quiere decir que el ecosistema se recuperó, que es lo que la gente y los mineros piensan. Ya tengo elementos para decirle a la gente que el daño va más allá de que el agua esté turbia o limpia, lo que analizamos es si ese cuerpo de agua vuelve a prestar los bienes y servicios que prestaba antes de la intervención”, explicó al periódico de la Universidad de Antioquia.
Una de las conclusiones de ese estudio es que en los escenarios intervenidos es que los efectos de la minería están presentes en el agua 30 años después de haber suspendido la explotación.
¿Hay opciones?
El asunto se agrava si se tiene en cuenta lo complejo de restaurar una hectárea de bosque que fue arrasada para minería. Según Pérez, es incluso más difícil que si se quisiera recuperar una hectárea ganadera. Por un lado, para recuperar una hectárea de suelo degradado por la minería se necesitan cinco millones de pesos, según los cálculos del profesor Pérez, sin tener en cuenta los fletes, que sumarían unos 25 millones por hectárea. “Es una plata que difícilmente se consigue una entidad como Codechocó”, apunta. “Como quedan esos huecos hay que hacer una especie de terraplenes, casi que llevar la materia orgánica nueva hasta donde se hizo la deforestación, algo así como pavimentar el bosque con biomasa. Pero eso necesita tiempo, le hablo de lustros”, dice el profesor.
De acuerdo con Yoileth Ibargüen, subdirector de desarrollo sostenible de Codechocó, no es que esté pasando nada distinto a la minería que siempre se ha movido por los ríos chocoanos, “sino que ya no es con bateas y almocates que no alteraban los ecosistemas como sí lo hace la minería mecanizada”.
“Hay esfuerzos como campañas de sensibilización para actividades que no son amigables con el medio ambiente como la caza de tortugas y reptiles en el Bajo Atrato, guardianes del río en cumplimiento a la sentencia de la Corte de declarar al río sujeto de derechos, y apoyo de la Fuerza Pública y Migración Colombia para coger a los mineros, que en su mayoría vienen de Brasil. El tema de los grupos armados nos hace movernos en un margen muy pequeño”, dice. El funcionario no conocía el reciente informe del Ideam al momento de la entrevista.
Uno de los proyectos de Codechocó es la reforestación de 200 hectáreas en la cuenca del río Quito. Pero el estudio de Vargas menciona algo que hemos pasado por alto: el modelo andino de reforestación no es el ideal para otras regiones del país. Si el daño ya está hecho, la investigación sugiere revisar estudios previos y conocer en qué condiciones estaba ese hábitat antes de la intervención, hacer un dragado que permita eliminar los sedimentos y favorecer el desarrollo de la cobertura vegetal: “más que reforestación es evitar el estancamiento y la modificación del cauce, porque al final lo vegetal crece solo. En cambio el dragado y la reconformación de estos cauces no se da naturalmente”, concluye Vargas. Es decir, concentrarse primero en el agua y después en la restauración del bosque.
La deforestación en Amazonía no disminuyó: apenas comienza
Según el informe del IDEAM, hay dos buenas noticias y ambas tienen que ver con la Amazonía. Por un lado, a comienzos de 2018, el 63% de las alertas tempranas que emitió esa entidad se concentró en esa región. Para abril, mayo y junio, cayó al 27%. Por otro lado, Cartagena del Chairá, uno de los municipios recurrentes en la lista de los más afectados por la deforestación, salió de la lista de los persistentes.
José Yunis, Director de Visión Amazonía, dijo en diálogo con Semana Sostenible que la disminución de la deforestación en la región es normal en ese periodo. “Es época de lluvias por lo cual no se registran incendios forestales. Esto disminuye las cifras de deforestación”.
Pero Rodrigo Botero, director de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía, el escenario no es prometedor. Todo lo contrario, “la deforestación en la Amazonía está empezando en este preciso instante, solo que los informes del IDEAM llegan con información procesada de los tres meses anteriores. No se puede caer en el error de pensar que hay un cambio de tendencia. La tala parece imparable”, dice.
Según Botero, históricamente entre octubre, noviembre y diciembre se quemaban los pastos en Amazonía, y en el verano, que termina en marzo, se termina de tumbar. “Esta dinámica cambió, ya nadie espera al verano, se tumba todo el año y ya están tumbando el bosque que van a quemar”.
Según el informe del IDEAM, y con respecto al reporte del I trimestre de 2017, hay una alta persistencia de las alertas en Amazonía, sobre todo el departamento de San Vicente del Caguán del municipio de Caquetá (otra vez en las veredas Paraíso del Yarí, Candilejas y El Camuya).
Por otro lado, como hecho positivo en este departamento, se resalta que – por primera vez en muchos periodos de reporte – no se identificó una alta persistencia en el municipio de Cartagena del Chairá.
Foto: Fondo Acción.
