También sancionó con 10 años de inhabilidad a 18 diputados por apropiación de recursos del Estado.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por un término de doce años, a los actuales presidente de la Asamblea Departamental del Amazonas, Camilo Suárez Torres, y a la vicepresidenta, Mónica Karina Bocanegra Pantoja; a la ex vicepresidenta Pastora Orobio Carvalho, y al ex segundo vicepresidente, Regis Pinto Leonardo, por apropiación de recursos del Estado.
El fallo también impuso una inhabilidad de 10 años a otros 18 diputados de los periodos 2008-2011 y 2012-2015.
La ironía es pan de cada día en Colombia. La Asamblea departamental tiene como misión “liderar el impulso y la aprobación de proyectos que aporten al desarrollo económico, político, social y ambiental; que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos del departamento del amazonas, formulando y apoyando las estrategias necesarias para lograr los objetivos acordes con la administración central y propios, expidiendo las ordenanzas, los actos necesarios, también ejerciendo el control político sobre la administración departamental, dentro de los principios y valores consagrados en la constitución, las leyes y demás normatividad que consagra el marco jurídico colombiano”.
La Procuraduría Regional de Amazonas comprobó que Bocanegra Pantoja, Suárez Torres, Orobio Carvalho y Pinto Leonardo reconocieron y ordenaron el pago de la prima de vacaciones e indemnización, a los diputados de la mencionada corporación, además de percibir el pago correspondiente de estas prestaciones, sin que existiera una norma que autorizara esta retribución.
Los diputados cobijados con esta decisión son Carlos Iván Peña Cañas, Samuel Muñoz Piris, Antonio Muentes Suarez, Pedro Ignacio Acosta García, Rosendo Ahue Cuello, Alejandro Mejía Fonseca León, Elver Isidio Viena, José Reinaldo Muca Miraña, Luis Muñoz Vásquez, Luis Ángel Pantevis, Edgar Mauricio Barbosa, Medardo Bohórquez Quitian, Rosa Isabel Portilla Díaz, Oscar Enrique Sánchez Guerrero, Edilberto Suarez Pinto, y Essi Zoraida Veloza Monteiro.
El Ministerio Público en fallo de primera instancia calificó la falta de los disciplinados como gravísima a título de dolo, por beneficiarse de un error en el que incurrieron funcionarios de esta corporación y por apropiarse de dineros pertenecientes al Estado, porque con su conducta “causaron grave daño a la sociedad, con un rubro que pudo haberse invertido en otros sectores a favor de la comunidad”.
Por otro lado, la Procuraduría colombiana abrió una investigación al exgobernador del Amazonas, Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, por presuntas irregularidades en los contratos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con la Fundación Isla Korea, en Amazonas. “Probablemente no actuó con la diligencia debida y el cuidado necesario al justificar la selección directa de la Fundación Isla Korea del Amazonas”, dijo la entidad. La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta del exmandatario departamental como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental de deberes.
