El Gobierno entregó la metodología con la que se calculará el área que tiene el país para desarrollar actividades agropecuarias: la frontera agrícola.
Por Maria Alejandra Medina (@alejandra_mdn).
Es probable que alguna vez haya escuchado que, según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Colombia es uno de los territorios llamados a ser despensa de alimentos para el mundo. La afirmación se había reproducido una y otra vez sin que se supiera a ciencia cierta cuál es el área que tiene el país para desarrollar actividades agropecuarias, es decir, la frontera agrícola. Este jueves, a pocas semanas de que termine la administración de Juan Manuel Santos, el Gobierno entregó una metodología y los resultados que permiten decir que en Colombia hay 40 millones de hectáreas para ese fin.
Este había sido un compromiso adoptado en los Acuerdos de Paz y que se incluyó también en la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo rural, Económico y Social (zidres). Para Felipe Fonseca, director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), entidad que lideró el cálculo de la frontera agrícola, esta delimitación, en tiempos de Mundial de Fútbol, se puede pensar como “la cancha” que tiene Colombia para hacer actividades agrícolas y pecuarias. El resto (más de 60 millones de hectáreas) está compuesto por áreas protegidas, bosques naturales y, por supuesto, zonas urbanas.
La presentación de la frontera agrícola, que es equivalente al 35 % del área continental del país, fue hecha durante la Feria Internacional del Medio Ambiente, FIMA 2018, debido a que uno de los objetivos de la definición es ayudar a combatir la deforestación. Precisamente la semana pasada, un reporte del Ideam dio cuenta de que la pérdida de bosques en Colombia aumentó 23 % durante 2017, la mayoría (más de 65 %) en la Amazonia.
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Además de la definición en número de hectáreas, el Gobierno deja lista una resolución, con firma del ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, que define conceptualmente y establece una metodología para que Colombia calcule y actualice su frontera agrícola, en vista de que esta es “dinámica como consecuencia de las categorías de ordenamiento territorial existentes, así como de las innovaciones tecnológicas, la investigación y el desarrollo de nuevas prácticas”, según dice la nueva norma.
Hoy, Colombia, a partir de fuentes como el Igac, el Ideam y otras autoridades e instituciones oficiales, puede decir que, de 40 millones de hectáreas que tiene para el desarrollo agropecuario, apenas 7,6 millones (cerca del 20 % de la frontera agrícola) están cultivadas. El resto, es decir, casi el 80 %, está, por ejemplo, en pasturas y sabanas, que, según Fonseca, no necesariamente están ocupadas en su totalidad por ganadería. “Estamos trabajando de la mano de Fedegán, Unaga, de la Mesa de Ganadería Sostenible, Analac y otros gremios y actores claves en el sector pecuario, en la definición de las zonas aptas para la producción de leche y carne”, agregó el director de la UPRA. En el 80 % mencionado, también hay áreas que no han sido aprovechadas en absoluto.
Saber el tamaño de la “cancha” en la que las actividades pecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras se pueden desarrollar, explica la UPRA, será útil para focalizar la política y los instrumentos de desarrollo rural y para garantizar, por ejemplo, que cuando las zidres se pongan en marcha estén dentro de los límites. Hace unos meses, precisamente, un Conpes dio a conocer que en el país hay más de 7 millones de hectáreas potenciales para establecer zidres, una figura para el desarrollo rural en la que ha insistido el actual Gobierno (que en el Congreso de la República contó con el apoyo del partido del presidente electo, Iván Duque) y que no ha estado exenta de críticas y demandas por inconstitucionalidad.
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El Ministerio de Agricultura explicó que, con la delimitación de la frontera agrícola, “uno de los principales desafíos es reducir el conflicto en el uso del suelo, más de dos millones de hectáreas de actividades agropecuarias se desarrollan en territorios de protección ambiental: 68 % en zonas de reserva forestal, 17 % en páramos y 15 % en parques nacionales”.
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), resaltó el trabajo de la UPRA y los ministerios de Ambiente y Agricultura en la definición de la frontera agrícola. Afirmó que “dará herramientas al Gobierno y a la justicia para perseguir a los verdaderos culpables de la deforestación, que son los actores ilegales involucrados con los cultivos ilícitos, la minería ilegal, la tala indiscriminada y el fenómeno de la usurpación de tierras”.
Por su parte, Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander von Humboldt, afirmó que la definición es un «paso importante para la Amazonia sobre todo, pero no hay que olvidar que tenemos problemas también en la Orinoquia, con la expansión del arroz; la expansión de cultivos en zonas de montaña o el Magdalena Medio. La idea de estabilizar el área agrícola de Colombia es importante así como el área urbana, pero es un tema de ordenamiento territorial que el país no ha querido afrontar con suficiente rigor».
La cifra y la metodología para obtener el tamaño de la “cancha” agropecuaria le quedan al próximo Gobierno para formular sus políticas de desarrollo rural y agropecuario, en un país que importa cerca de 30 % de sus alimentos, al tiempo que permanecen en el tintero la realización de las zidres, una reforma a la Ley de Tierras, el catastro multipropósito y el futuro de la implementación de los acuerdos de paz, en los que la ruralidad fue, no de forma gratuita, el punto primero.
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