Autoridades ambientales, academia, sociedad civil, Fuerzas militares y Fiscalía se reunieron este martes para construir la hoja de ruta que permitirá cumplir el fallo de la Corte Suprema y frenar la deforestación en la Amazonia.}
Por Helena Calle ([email protected])
Foto cortesía de FCDS
Se cumple exactamente un mes y 13 días desde que la Corte Suprema de Justicia falló a favor de 25 jóvenes de las 17 regiones más susceptibles al cambio climático, n la mañana de ayer, la Corte Suprema de Justicia resolvió fallar a favor de los 25 niños y jóvenes que demandaron a Presidencia, ministerios de Ambiente y Agricultura, Parques Nacionales, corporaciones autónomas regionales, alcaldías y gobernaciones de la Amazonia para que emprendieran acciones inmediatas para reducir la deforestación a cero para 2020, y que así garanticen el derecho a un ambiente sano para las futuras generaciones.
La Corte les dios cinco meses para actuar y dos órdenes esenciales: se debe construir un Plan de Acción de Corto, mediano y largo plazo para frenar la deforestación (y debe estar listo y en marcha de aquí a septiembre) y se debe crear un pacto entre generaciones por la Vida del Amazonas colombiano. ¿Qué han hecho en este mes y medio para cumplirle a la Corte, a las futuras generaciones, a la Amazonía, y al clima global? (En contexto: Corte Suprema, al rescate de la Amazonia)
Para responder esas preguntas –y como mandó la Corte Suprema– varias entidades del gobierno, indígenas de la Amazonía y representantes de la sociedad civil se reunieron este martes para hacer lo que todos acordaron que les falta: hablar entre ellos.
Talar monte no es hacer patria, aunque muchos piensen que sí
Según César Rey, de la dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos, la colonización dirigida que fue política de estado en los ochenta, y que le pagó a miles de campesinos andinos para que transformaran la tierra amazónica y la colonizaran aún continúa en el imaginario colectivo.
“Hay que entender que la Amazonía nunca estuvo desocupada”, dice. Hay afrocolombianos en Putumayo, Indígenas en el resto de los departamentos, un Parque Nacional –el Chribiquete– que antes de junio tendrá 4 millones 400.000 hectáreas que protegen pueblos aislados y 400.000 hectáreas de Zona de Reserva Campesina que lo demuestran.
La colonización de hace 40 años era de una a tres hectáreas por familia campesina. Ahora es de abastecimiento, en donde hay monocultivos de palma de aceite o pastizales de miles de hectáreas para ganado. “Ya no son campesinos, son sobre todo estructuras criminales que impulsan la transformación de la tierra. Si se planta coca, se pierde una hectárea, pero después cuando se sustituye la mata por las vacas, se pierden otras tres hectáreas. En esa medida, hay que cambiar la estrategia”, explicó Rey.
Según el último reporte del IDEAM, el acaparamiento de tierras es el principal motor de la deforestación, solo que, contrario a lo que se pensaba, no es solo un rezago de la vieja ideología que impulsaba la colonización. Por un lado, los proyectos de infraestructura o productivos que están licenciados y que por lo tanto, deben compensar el bosque que talan por completo (es decir, si tala 1 hectárea, planta otra). “Lo que hemos observado en el Ministerio es que la mayoría no alcanzan la meta y compensan un octavo de lo que deberían”, dice Rey.
El paradigma anterior era que se adjudicarían tierras a campesinos que transforman productivamente las tierras amazónicas. “Ahora es: si no hay manejo sostenible habrá extinción de dominio, ¿pero qué es manejo sostenible? Esto tiene que ver con los bosques en pie, que la economía forestal empiece a funcionar de manera legal y sin talar bosques naturales. Para eso hay que zonificar, hay que saber cómo se usa la tierra en Colombia, y ese es el reto histórico del Ministerio de Agricultura”, dijo su representante.
Por ahora, ingenieros forestales y otros técnicos ambientales tienen la tarea de determinar cuál es el mejor uso para determinados suelos, y el Ministerio de Agricultura deberá titular y exigir que se use así.
No se invierte lo suficiente en las áreas donde la deforestación no es escandalosa
Según Rey, los recursos del GEF y de Visión Amazonía –que ascienden a los 5.000 millones de dólares, otorgados por Noruega, Alemania y Reino Unido– se están concentrando en las zonas más deforestadas del país (como san Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, en Caquetá, Puerto Asís y Puerto Leguízamo, en Putumayo) y la serranía de San Lucas o en el medio Chocó, pero de está descuidando a las zonas en donde los focos de deforestación son más pequeños, como Santa Rosa del Sur (Bolívar) o Yondó (Antioquia). “Pareciera que tocara hacer una gran deforestación para que lleguen recursos y capacidades de fortalecimiento en estas zonas. Hay que tener mucho cuidado”.
Los problemas de seguridad en la Amazonía han permitido que avance la tala indiscriminada
El monitoreo y el control permanente es el elemento más crítico y decisivo, y según el consenso general en la reunión, la Fuerza Pública aún no tiene la capacidad militar para copar los espacios que dejaron las FARC, ni los que ahora ocupan las estructuras criminales, o los que han ocupado los campesinos e indígenas de la región amazónica. “Sin control territorial, todo lo que hagamos para cuidar los bosques de Colombia son pañitos de agua tibia. Necesitamos que la gente vea que el Estado está presente, acciones contundentes y públicas”, dijo Wendy Arenas, asesora de la Alta Consejería para el Posconflicto.
Según dijo el teniente William González, representante de las Fuerzas Militares en la reunión, la solución que tienen en mente es crear un Cuerpo Élite Anti-deforestación cuya única función será debilitar las estructuras criminales, especialmente en Guaviare, Antioquia y Caquetá.
¿Para cuándo la certeza de que la Marginal de la Selva no va?
La Silla Vacía nombró a La Marginal de la selva como “el boquete de la Amazonía”. Este es un proyecto de infraestructura que Colombia viene promoviendo hace más de medio siglo y que prometía conectar San Vicente del Caguán y san José del Guaviare con 318 kilómetros de carretera. La promesa del progreso de cayó hace tres años, cuando el IDEAM identificó a La Marginal como uno de los ocho focos de deforestación. (Puede leer: «La Marginal de la Selva no va»: Presidente Santos)
Según los cálculos del Ministerio de Ambiente, tiene el potencial de deforestar 1 millón de hectáreas, y según el Ministerio de Agricultura, la resolución presidencial para consolidar la decisión de que la Marginal de la Selva no se desarrolle “ya está lista” y verá la luz la próxima semana. Por otro lado, las comunidades (especialmente del Guaviare) esperan que de alguna manera se resuelvan los serios problemas de transporte, que exigen galones de gasolina (y dinero) para poder moverse, solo por río.
Cerrar la frontera agrícola o perecer
Todo lo que era bosque en 2010 y fue deforestado en los últimos 7 años deberá recuperase como bosque. Esa es la premisa del cierre de la frontera agrícola, sobre el sur del Meta, el norte de Caquetá y el sur del Huila. De acuerdo con Wendy Arenas, una resolución que apoye el cierre de la frontera implica que no se apoye más la ganadería, ni la palma o monocultivos. Al contrario, si no se planta bosque en donde haya coca, vacas o pastizales abandonados, se seguirá talando bosque natural.
Por otro lado, José Yunis, director de Visión Amazonía, aseguró que imponer los modelos de producción andino no funciona. “La deforestación sucede porque el ciclo de minerales de la Amazonía no está en el suelo, sino en la vegetación. Por eso para que la tierra de hay que tumbar y tumbar otro poco el siguiente año. El 52% de Colombia es bosque, y la mitad de esos bosques están adjudicados colectivamente a comunidades indígenas y afro. Si no hay una salida económica para ellos, no se va a dejar nunca de colonizar”.
La resolución para el cierre de la frontera agrícola se trabaja desde hace 16 meses, pero el problema de coordinación entre las entidades de control duró 15 años en una discusión sobre dónde era la dichosa “frontera agropecuaria”. El fenómeno de la deforestación trajo algo positivo en medio del drama, y es que por fin se determinó por dónde pasaba esa línea, y el país deberá recuperar los bosques que viene perdiendo hace 5 años para que la frontera se considere “cerrada”., unas 124.000 hectáreas.
Cinco fiscales para los delitos ambientales en el 41% del país
Hace dos años, la Fiscalía delegada para Asuntos Ambientales fue cerrada. Desde entonces, su reapertura ha estado en boca de los que piden una judicialización más pronta para los madereros y mineros ilegales encontrados infraganti. Desde el cinco de marzo de este año (justo en medio de la crisis de incendios forestales en Guaviare), la Fiscalía delegó a 100 investigadores solo para la región Amazónica, y a 5 fiscales especializados en delitos ambientales. (Puede leer: Prohibir las motosierras, ¿una solución a la deforestación?)
Una de esos fiscales es María Rincón. “Nosotros operamos desde Bogotá y vamos a donde se nos requiera. En una reciente operación en el Parque Nacional Tinigua se descubrió que en tres meses se talaron 5.000 hectáreas dentro del parque, y se capturaron a tres personas con aseguramiento privativo de la libertad. Incluso encontramos una estructura ganadera para ordeños mecanizados”.
Según su relato, una vez Parques Nacionales avisa a la Fiscalía de situaciones dentro de áreas protegidas, la Fiscalía se desplaza con expertos que determinan el daño ambiental y así, determinar el proceso judicial. Las Fuerzas Militares “despliegan acciones” después de las alertas tempranas del IDEAM.
No se puede hablar de deforestación sin pensar en posconflicto
Para Wendy Arenas, lo anterior no es suficiente. Según relató, la Alta Consejería para el Posconflicto debió desarrollar protocolos para deshabilitar vías o pistas aéreas clandestinas porque no existían dentro de la regulación de los delitos ambientales. “Si existen estas vías es porque hay cultivos de uso ilícito, y además de ser un motor de deforestación, la estrategia de sustitución contemplada en los Acuerdos de Paz va a ser un chorro de recursos financieros para esta región. Si no hay alternativas productivas vamos a tener un disparo en la deforestación, otra vez”., dijo.
“No es casualidad que sean los parques Tinigua, Macarena y Picachos unos de los más afectados por la deforestación. Hay legislaciones que dicen que en Parques Nacionales no se fumiga, entonces la gente se va a sembrar coca”, dice Arenas. ¿Impulsada por quién? ¿Bajo qué promesa? La estrategia de colonizar parques parece perversa por dos razones. Una, porque si hay gente viviendo en Parques jamás van a poder ser titulares de esas tierras. Segundo, porque no hay alternativas económicas que les permitan desocupar esos territorios.
El fenómeno de la deforestación, según su análisis, en parte responde a varios estímulos dentro del Acuerdo de Paz: los incentivos para la sustitución de cultivos ilítcitos, y las 10 millones de hectáreas para titular que el Acuerdo prevé. “Son 7 millones de formalización y tres de adjudicación, pero ¿en dónde van a estar esas tierras? Lo que nos dice la historia es que están en la Amazonía. En el Guaviare está pasando: se acumulan tierras con la expectativa de que sean tituladas, pero no se van a titular cuando se hacen “mejoras”, es decir, cuando se tala. Por otro lado, si deforestaron 5.000 hectáreas en el Parque Tinigua no fueron tres señores con una motosierra, ahí hay una estructura criminal y es tarea de la Fiscalía sofisticarse y apresar a los responsables”. Un dato más: el 90% de la deforestación nacional está en los municipios de posconflicto.
“Dejemos la reunidera y coordinémonos”
Cuando Brasil decidió atacar el fenómeno de la deforestación y logró reducir su tasa en más del 10%, fue una decisión política nacional. Aquí no es así. “La Fiscalía tiene asuntos que parecen más importantes de atender (violaciones a niños, crímenes, etc), pero si alguien no va preso esto no va a funcionar. Aquí hay gente haciendo daños de 600.000 o 1.4 millones de hectáreas. Es un escándalo. Lo primero que hay que hacer es control y vigilancia, y mientras tanto, los proyectos productivos, pero primero lo primero: sin la Fiscalía y las Fuerzas Militares no va a funcionar”, dice Jose Yunis, de Visión Amazonía.
Su recomendación fue que haya fiscales delegados para delitos ambientales en todas las ciudades cercanas a los focos de deforestación: San José del Guaviare, Florencia, etc.
La mitad del país es sujeto de derechos, pero nadie sabe qué significa
Por último, se disipó una pregunta que fue anunciada con optimismo por medios de comunicación como El Espectador pero que nadie entendía muy bien: ¿Qué significa que la Amazonía sea sujeto de derechos? Hay fallos que reconocen a ríos, Parques Nacionales y hasta regiones en el mundo como sujetos de derechos. Los ríos Ganges, Yamuna (India), Whanganui (Nueva Zelanda) y Atrato (Chocó, Colombia) gozan de este estatus desde 2017, pero por ser un concepto jurídico tan nuevo, apenas se está explorando. Según César Rodríguez, director de Dejusticia, “esto no es carreta. No significa que la Amazonía pueda salir a votar ni celebrar matrimonio, significa que tiene derecho a la vida, a la integridad y a que no se destruya. Ese derecho puede ser protegido por la ciudadanía”.
Sin embargo, no todos son optimistas, ni con el fallo ni con el futuro de la región. Según escribió el antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Felipe Martín Novoa, en ALaOrilladelRío (un thinthank de académicos amazonences) “el papel aguanta todo (…) las cortes colombianas plantean idílicas normas reconociendo a la Amazonía colombiana como sujeto de derecho colectivo, más siguen las herramientas y estructuras organizativas de la subyugación de la Amazonia como lo es la burocracia y los intereses políticos de los entes de control”.
Otro de los asistentes a la reunión dice haber iniciado optimista y terminado triste. Yaroko –su nombre cristiano es Jairo Murcia– dice que “las concepciones que se manejan en el centralismo bogotano difícilmente pueden transformar las causas de la deforestación a futuro. Quieren hacer disque un acuerdo intergeneracional, y ponen en una bolsita a las comunidades afectadas –es decir, quienes están en territorio– y el resto del país, cuando son los primeros quieres realmente pueden hacer un cambio”.
El pacto para proteger la vida de la Amazonia sigue en construcción. Pueden enviar sus ideas a [email protected]
