Su nombre era Olivia Arévalo, tenía 81 años y era considerada una de las guardianas de la medicina tradicional de la etnia shipibo-konibo. Fue asesinada el pasado jueves en el asentamiento de Villa Gracia en Ucayali, Perú, aparentemente, por un canadiense.
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Olivia Arévalo era una sabia de la etnia shipibo. No era una defensora de derechos ambientales, más bien, de los derechos culturales. Se le conocía por su canto y por ocasionalmente hacer sesiones de ayahuasca.
El pasado 19 de abril, un sicario en moto le dio tres disparos en la comunidad Victoria Gracia, en la región Ucayali, de la selva amazónica del Perú.
Según Mongabay Latinoamérica, una sabia o meraya es aquella que lleva un conocimiento ancestral de las prácticas de medicina tradicional. “Ella seguirá siendo un símbolo vivo de sabiduría y fortaleza femenina que contribuye a reafirmar nuestra identidad cultural, que nos ayuda a establecer una comunicación horizontal de los shipibos konibos con la ciencia médica y la sociedad occidental”, dijo el presidente del Coshikox.
Según la misma fuente, varias organizaciones indígenas han señalado la importancia cultural de la figura de Olivia Arévalo, y esta última organización ha asegurado que la sabia no era una activista en temas ambientales ni ocupaba un cargo dirigencial dentro de la organización, que es la asociación local indígena. Era una sabia, un importante papel, pero un papel más médico que político. Entonces, ¿por qué mataron a Olivia?
Un canadiense podría ser la clave
Tras el hallazgo del cadáver del ciudadano canadiense Sebastian Paul Woodroffe, quien fue acusado por pobladores de ser el asesino de la lideresa shipibo-konibo, la Fiscalía Provincial Penal de Yarinacocha, en Ucayali, empezó la investigación de ambos crímenes bajo la premisa de que están relacionados.
Antes de esa declaración ya circulaban imágenes de la manera en que los pobladores ajustician a un hombre blanco que, según parece, sería Woodroffe. “Hola, mi nombre es Sebastian. Soy un canadiense de 36 años, padre, compañero y amigo […] Tengo la oportunidad de estudiar durante tres meses con un curandero medicinal de la etnia shipibo-konibo, en una comunidad de Iquitos, Perú […] Planeo ir allá y aprender cómo las plantas pueden ser utilizadas exitosamente para el tratamiento de las adicciones”, decía Woodroofe en una campaña de Indiegogo para recaudar los 10.000 dólares que necesitaba para viajar a la Amazonía peruana y encontrar una cura alternativa a las adicciones, según relata el diario peruano El Comercio.
Según conoció otro medio peruano, La República, las autoridades encontraron dos versiones sobre el autor de la muerte de Olivia Arévalo, las mismas que tienen incoherencias y contradicciones, lo que ha generado que los agentes no estén muy seguros de que Sebastian Paul Woodroffe sea la persona que disparó a la reconocida cultora de medicina ancestral. Algunos testimonios apuntan a que ella se negó a realizar una sesión con ayahuasca, pero ella se negó. No lo hacía desde hace tres años dado su delicado estado de salud, y eso le molestó al extranjero.
Una versión señala que el mediodía del jueves 19, Woodroffe habría llegado en una moto lineal asentamiento humano intercultural Victoria Gracia y disparó a Olivia Arévalo en la puerta de su casa cuando salía a hacer unas compras. Al escapar en una moto, se cayó y los pobladores lo aprehendieron y ahorcaron.
Otro testigo afirma que el hombre que llegó en moto no era canadiense. Era moreno, alto y llevaba el cabello corto. Parecía un local. También se dice que el canadiense estaba alojado en la casa de Arévalo para tener sesiones de ayahuasca.
Otras versiones apuntan hacia la tensa situación entre población indígena y empresas madereras que operan en la selva peruana. Desde hace por lo menos tres años, 30 de 52 comunidades indígenas han visto interrumpidos sus procesos de titulación de tierras en esa zona del Amazonas peruano por los Bosques de Producción Permanente (BPP) que funcionan allí, y que colindan con los territorios que están exigiendo, según Servindi (Perú).
“Muchas de las poblaciones que están dentro de esa gran frontera declarada como BPP son comunidades indígenas (…) Esto se ha convertido en el principal obstáculo para que el Estado alegue que no puede reconocerlas mientras no terminen las concesiones”.
El escritor peruano Ricardo Virhuez, escribió sobre el asesinato de “Mamá Arévalo”: “No es un crimen cualquiera. Es también un etnocidio el silenciamiento de la memoria y la voz de una cultura viva. Es el Perú de hoy, tan parecido al de ayer y al de siempre”.
Por ahora no hay nada conclusivo, ni pruebas suficientes que esclarezcan el crimen. En 2016, el Ministerio de Justicia anunció la creación de un protocolo para la defensa de los defensores de derechos humanos y ambientales, que cobijaría –por ejemplo– a otros dos líderes shipibas que fueron amenazados con dos balas y una carta que anónimos les enviaron la semana pasada. No hay protocolo para la protección de “sabios indígenas” o algo similar en Perú, y como la líder Arévalo no era líder ambiental, no la cobijó el protocolo.
