En un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de los 25 jóvenes que demandaron al Estado para exigir un ambiente sano para las nuevas generaciones y la protección inmediata de la región. Cumplir con las órdenes del fallo será un reto colosal.
Por Helena Calle y Maria Paula Rubiano
Lo que parecía un acto simbólico en contra del cambio climático y la deforestación en la región más biodiversa del mundo, se convirtió en una realidad, para sorpresa de muchos. En la mañana de ayer, la Corte Suprema de Justicia resolvió fallar a favor de los 25 niños y jóvenes que demandaron a Presidencia, ministerios de Ambiente y Agricultura, Parques Nacionales, corporaciones autónomas regionales, alcaldías y gobernaciones de la Amazonia para que emprendan acciones inmediatas para reducir la deforestación a cero para 2020, y que así garanticen el derecho a un ambiente sano para las futuras generaciones.
Esta es la primera tutela contra el cambio climático en Latinoamérica –impulsada por Dejusticia– y, sin duda, la decisión de la Corte es histórica. (En contexto: La primera tutela contra el cambio climático en Latinoamérica)
La Corte Suprema reconoció que el problema de la deforestación en el territorio amazónico, especialmente en los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, San José del Guaviare, Calamar, La Macarena y un largo ectétera, y la falta de medidas de la administración pública para contrarrestar la situación, vulneran los derechos ambientales y a la salud de las generaciones futuras de colombianos. Si la deforestación avanza, “se desboca incontroladamente la emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera, transformando y fragmentando ecosistemas y alterando el recurso hídrico”, reza el fallo. Sobre todo, la Corte es enfática en decir que las entidades de control actúan poco y de manera insuficiente para contrarrestar la tala ilegal de madera, y que si no queremos que la temperatura en el país aumente 2,14 °C para 2071, hay que hacer algo, pero ya.
Por el momento, hay programas como Visión Amazonia (que nació en 2016 justo para reducir a cero la deforestación, financiado por Alemania, Noruega y Reino Unido) en marcha para reducir el fenómeno. Por ejemplo, la Estrategia Integral de Control de la Deforestación que propuso el Ministerio de Medio Ambiente el año pasado es una de las pocas alianzas que incluyen a la Fiscalía ambiental y a funcionarios judiciales, y el Consejo Intersectorial para el Control de la Deforestación se reúne periódicamente. A eso hay que agregar que Colombia firmó el Tratado de Cooperación Amazónica (que reúne a los países amazónicos) y el Acuerdo de París, de 2015.
Por otro lado, gracias a los avances tecnológicos para el procesamiento de datos que ha logrado adelantar el Ideam, podemos saber exactamente dónde y cuánto se tala en Colombia: en 2016, el fenómeno se disparó en un 44 %, y en la Amazonia se pasó de talar 56.952 hectáreas a 70.074 entre 2015 y 2016. José Yunis, director de Visión Amazonia, concuerda con la Corte: “siempre se puede hacer más. El problema es que no se puede dejar al sector ambiental solo. Hay que atacar desde distintos frentes”.
Foto: FCDS
Según la Corte, no es que el Estado colombiano no haya hecho nada, sino que no ha sido suficiente. Por eso le ordena que, dentro de los próximos dos días, empiece a trabajar en cuatro puntos, y como todo buen colombiano deja todo para el final, el Estado tiene hasta septiembre para resolver décadas de atraso en la región. ¿Podremos cumplir con este reto colosal?
Por un lado, les ordena “a todos los municipios de la Amazonia colombiana actualizar e implementar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y contener un plan de acción de reducción cero de la deforestación en su territorio”. Esto en apenas cinco meses, lo que implica nada más y nada menos que actualizar y echar a andar los planes de ordenamiento de 78 municipios con territorio amazónico, muchos de los cuales ni siquiera están listos. Por ejemplo, de los 31 municipios que hay en Amazonas, Caquetá y Putumayo, apenas cuatro planes están implementándose. El resto están reformulándose desde hace siete años. Solo uno –el de Puerto Leguízamo, Putumayo– ha avanzado en el último año, pero aún no está aprobado.
El atraso de los POT amazónicos es aún más grave y enredado. De acuerdo con Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de la Amazonia, aún hay departamentos que contemplan la expansión de áreas de desarrollo agrícola y los nuevos asentamientos humanos, siendo el más sensible Guaviare. “La expansión ganadera es un desastre en Caquetá, y entre Guaviare y Meta, en el resguardo indígena Yaguará, hay un conflicto entre los campesinos de tres nuevas veredas que ya son parte de las unidades de planificación de inversión pública de los departamentos, y los indígenas pijao y tucano”.
La Corte también ordenó a Corpoamazonia, a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) formular un plan de acción que contrarreste la tala ilegal mediante medidas policivas, judiciales o administrativas. Si tenemos en cuenta que solo en el Guaviare hay 11 personas para monitorear 73.000 kilómetros de bosque, según Semana Sostenible, cumplir esta orden se complica.
Un funcionario público de la región que prefirió resguardar su identidad le dijo a este medio que los grandes ausentes de la sentencia son la Fiscalía y el Ejército. Son ellos, finalmente, quienes pueden imponer, decomisar y emprender investigaciones penales contra los deforestadores. Citó el caso de Brasil, un país en el que el enfoque judicial detuvo por varios años la deforestación en su territorio amazónico.
Probablemente, lo más revolucionario del fallo es la orden dirigida a Presidencia, los ministerios, las CAR, científicos y demás para que trabajen de la mano con los 25 jóvenes demandantes y las comunidades afectadas (que bien podrían ser los 50 millones de colombianos) para formular un “pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano (Pivac)”, para adoptar medidas pedagógicas para reducir la deforestación y las emisiones de GEI.
Por último, lo más emocionante del fallo es el reconocimiento de la Amazonia como sujeto de derechos, de la misma manera en que la Corte Constitucional declaró al río Atrato (Chocó) en 2017. Los ríos Ganges, Yamuna (India) y el río Whanganui (Nueva Zelanda) también gozan del mismo estatus legal. Pero qué significa exactamente que un río o una región sea titular de derechos? ¿Es lo mismo que si fuera una persona? De acuerdo con Gabriela Eslava, una de las accionantes, «hay que atenerse a lo que dice la Corte: ‘se reconoce a la Amazonia como sujeto de derechos, titular de la protección, de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales que la integran’. Están reconociendo que la Amazonía, un ecosistema estratégico, amerita protección especial». ¿Cual es el derecho que se le otorga? A ser protegida, como dice la Constitución. Ni la Corte Constitucional ni la Corte Suprema de Justicia se han pronunciado largamente sobre el tema (la sentencia del río Atrato apenas cumple un año este mes), y la tendencia mundial de otorgar derechos a entidades vivas como ríos o parques nacionales es muy nueva, por lo que los abogados siguen discutiendo el concepto de «sujeto de derechos», que aún está biche.
En el caso colombiano, la revolucionaria sentencia ordenó al Estado la protección y restauración del río Atrato, de 650 kilómetros de longitud. Se designaron dos delegados para hacerle seguimiento al caso como “guardianes del Atrato” y se ordenó a las autoridades “implementar un plan de acción para neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal que se realicen no solo en el río Atrato y sus afluentes, sino también en el departamento de Chocó”.
Este es un ejemplo de las dificultades para cumplir con la ordenanza, y más aún teniendo en cuenta la intricada y extensa geografía amazónica. A vuelo de pájaro, la Corte Suprema de Justicia acaba de otorgar derechos a 48 millones de hectáreas que comprenden bosque nativo, pastizales, formaciones rocosas únicas, pinturas rupestres de más de 7.000 años de antigüedad, 78 municipios en seis departamentos, 33 áreas protegidas entre resguardos indígenas y parques nacionales, pueblos indígenas en aislamiento voluntario, hatos ganaderos y unos 264.000 habitantes. Incluso, hasta donde sabemos, este es el territorio más extenso del mundo en ser declarado sujeto de derechos.
De acuerdo con Mauricio Albarracín, investigador de Dejusticia, lo sorprendente no es que hayan ganado la tutela, sino que en un tema tan fundamental para el futuro, se haya aprobado el fallo con 4 votos a favor y 3 en contra. Para Valentina Rozo, una de las demandantes, “presentamos evidencia científica de sobra como para que se considere que la tutela fue simbólica. No es una protesta menor, aquí se juega el futuro del clima global. No hay que ver la Amazonia con límites político-administrativos, sino bajo un principio de solidaridad. Pasar de la ética privada a la ética pública, para eso está el tratado de Cooperación Amazónica, por ejemplo”.
“La conservación de la Amazonía es una obligación nacional y global”, concluye la Corte. El reto está a la altura del problema, ¿lo estamos nosotros?
*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador
