Las áreas que hacen parte del “Cinturón Verde”, la estrategia del Minambiente para frenar la deforestación, perdieron 90 mil hectáreas de bosque entre 2017 y 2018. El Parque el Chiribiquete y la Sierra de La Macarena, entre los lugares en peligro.
A principios de marzo, en medio de la crisis por los incendios forestales en la Amazonía, el Ministerio de Ambiente anunció la estrategia «Cinturón Verde», que busca crear una franja natural de protección entre los Parques Nacionales Naturales Serranía de Chiribiquete, Sierra de la Macarena, La Paya y la Reserva Nacional Natural Nukak, todos amenazados por la deforestación.
Esta medida fue parte del Plan de Choque que convocó el Ministerio de Ambiente cuando los fuegos de la Amazonía arrasaron 20.000 hectáreas solo en Guaviare y unas 1.035 en la Sierra de la Macarena, y este departamento se declaró en estado de calamidad pública.
Puntualmente, el Cinturón Verde abarcaría unas 2.500.000 hectáreas, y ocuparía 7 municipios de la Amazonía: Solano, Cartagena del Chaira (Caquetá) La Macarena (Meta), San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores (Guaviare) y estaría a cargo de tres corporaciones autónomas regionales, la CDA, Cormacarena y Corpoamazonía.
Este reto para las autoridades ambientales será aún mayor si, como anunció el Presidente Juan Manuel Santos hace dos semanas, el PNN Serranía del Chiribiquete se amplía en 1’500.000 hectáreas. Si eso sucede antes del 7 de agosto (día en que abandona el Palacio de Nariño), el Parque tendría 4’200.000 hectáreas, y el Cinturón estaría dentro de la nueva área protegida.
Sin embargo, el Cinturón Verde también está en una zona crítica de deforestación, y si no se actúa pronto, podría representar la pérdida de conectividad ecológica entre la Amazonía y la Orinoquía. Por eso, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) generó los datos que los satélites de uso público aún no han podido compartir. Tal vez el más diciente sobre la situación de la región es este: entre 2017 y 2018, se deforestaron 90.000 hectáreas en el cinturón de la Amazonia. Equivale a 800 veces el área del Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. Esto equivale a la mitad del total deforestado en todo país en el 2016, de acuerdo con el IDEAM.
De acuerdo con el director de la FCDS, Rodrigo Botero, entre las causas de la deforestación en ese corredor están los actores ilegales con poder económico (como los madereros, o los grupos armados); los sujetos privados con conexiones políticas locales, las iniciativas de desarrollo e inversión pública sin planificación adecuada, la debilidad del Estado en la aplicación efectiva y equitativa de ley en zonas en donde la regulación del territorio era ejercida por las FARC.
Otra de las causas de la deforestación ha sido la expectativa que han generado las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Ley ZIDRES 1776 de 20161) que le apuntan a “promover el desarrollo económico competitivo en territorios con aptitud agrícola, pecuaria, forestal y piscícola con limitaciones considerables para consolidarse como centros de productividad y competitividad agropecuaria, en beneficio del desarrollo humano y social de la población rural”.
Buena parte del sur del departamento del Meta está contemplada dentro del área indicativa para la identificación de las ZIDRES. Según FCDS, esta expectativa ligada a la de la construcción de la Marginal de la Selva en los tramos entre La Macarena (Meta) y San José (Guaviare), puede estar estimulando el acaparamiento de tierras en el área influencia del Cinturón Verde.
De acuerdo con esa organización, la deforestación más significativa se encuentra en los primeros 2 km alrededor del proyecto vial Marginal de la Selva y el IDEAM ha corroborado que esta zona representa un importante núcleo de deforestación persistente. La pérdida bosque natural tendrá un incremento del 200% en el 2020 con respecto de las tasas de deforestación registradas con anterioridad al proyecto vial, lo que significaría la pérdida de la conectividad ecológica entre los Parques Nacionales Naturales de la Macarena y La Serranía del Chiribiquete.
¿Hay soluciones?
A pesar de la situación de la zona, de las 2.500.000 hectáreas que compondrían el Cinturón Verde, 1.776.000 son de bosque y 200.000 son sabanas naturales, es decir, un 77% de todo el proyecto aún es selva amazónica.
Para protegerla de la tala, se plantearon 12 estrategias de gestión del posible Cinturón Verde. De acuerdo con Rodrigo Botero, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la primera medida es que la Presidencia cumpla lo prometido antes de que se termine su mandato este agosto y amplíe 1 millón 500.000 hectáreas al Parque Nacional Natural Chiribiquete. “La figura legal de un Parque Nacional, inembargable, imprescriptible e inalienable) puede ser el único límite a la frontera agrícola”.
Este proceso empezó el 9 de marzo con la relocalización de las familias campesinas que estaban asentadas en las zonas de amortiguamiento del PNN Chiribiquete, hacia los municipios de Calamar, Guaviare, en predios que la Agencia Nacional de Tierras se comprometió a comprar. “Por primera vez en la historia se está buscando, antes de ampliar un Parque Nacional Natural, reubicar a las familias que quedarían dentro de esa ampliación”, dijo Miguel Samper Strouss, director general de la Agencia Nacional de Tierras.
Por otro lado, el gobierno nacional tiene prevista la inversión de recursos públicos en cientos de kilómetros de accesos terrestres entre vías terciarias y en 5 proyectos como la Marginal de La Selva, que cubriría 381 kilómetros entre San José del Guaviare (Guaviare) y San Vicente del Caguán (Caquetá) o como el “Plan 51×50 “, con el que se busca intervenir 50 km de vías terciarias en los 51 municipios más afectados por el conflicto armado, además de los planes viales departamentales y municipales o el Programa Conjunto Infraestructura para el Desarrollo Rural Cumbre Agraria en vías priorizadas del Caquetá, Guaviare y Meta. Esto significaría la pérdida de la conectividad ecológica entre los PNN La Macarena y Chiribiquete, de acuerdo con las proyecciones de la FCDS.
Otras de las estrategias contra la deforestación en el sector es la formalización de la propiedad de la tierra, el cierre de la frontera agrícola (como está contemplado en el punto 1 de los Acuerdos de Paz con las FARC) y la aplicación de ley, particularmente a los grandes deforestadores. A principios de marzo, en Cerro Azul (uno de los incendios forestales que devoraron el Guaviare en esta temporada seca) se capturaron 5 personas y la Fiscalía de Delitos Ambientales (que empezó a despachar desde San José del Guaviare con 100 funcionarios judiciales) ya tienen abiertos 90 procesos por delitos ambientales, sin embargo, aún no hay condenas.
*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador