El delegado para asuntos ambientales de esta entidad respaldó la demanda interpuesta por 25 jóvenes la semana pasada para frenar el cambio climático, y solicitó darle derechos a la Amazonía colombiana
El lunes de esta semana llegó a manos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá un documento inusual. Se trata de la primera acción de tutela sobre cambio climático interpuesta en Latinoamérica y presentada, además, por un grupo de 25 niños, niñas y jóvenes, entre los 7 y los 26 años. Por medio de esta iniciativa los accionantes, que vienen de distintas partes de Colombia, le pidieron a la Presidencia, los ministerios de Ambiente y Agricultura, Parques Nacionales y las corporaciones autónomas regionales, alcaldías y gobernaciones de la Amazonia emprendan acciones para frenar la tala del bosque amazónico. (Lea acá: Primera tutela contra el cambio climático en Latinoamérica)
En concreto, solicitaron que se le ordene al Gobierno que en un plazo de seis meses presente un plan de acción para reducir a cero la tasa de deforestación en la Amazonia colombiana para el año 2020, que fue el compromiso que el presidente Juan Manuel Santos hizo en la Cumbre del Clima de París del 2015. Además, solicitan que los jóvenes sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones para este fin.
La tutela, como era de esperarse, captó la atención de varios medios de comunicación, así como de la Procuraduría, la cual intervino para darle su apoyo. Según explica Dejusticia, organización que apoyó la acción de tutela, el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Augusto Blanco Zúñiga, “expresó su apoyo a los niños y jóvenes, y solicitó que se le ordene al Estado colombiano tomar medidas contundentes para frenar la deforestación en la región más biodiversa del país”.
En un documento dirigido a los magistrados y en posición de coadyuvante, la Procuraduría se pregunta si la deforestación en la Amazonía Colombiana vulnera los derechos fundamentales de los demandantes, es decir, de los niños. Advierte que las entidades demandadas han faltado a sus “funciones constitucionales y legales” de frenar la tala de bosque amazónico colombiano.
Además de pedir mayor control sobre la deforestación y mencionar varios de los riesgos que conlleva no tomar acciones inmediatas contra el cambio climático, el procurador delegado pide que se reconozca la Amazonía colombiana como una “entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado, las comunidades étnicas y de los residentes en su zona de influencia”. En otras palabras, solicita que se le den derechos, como sucedió con el río Atrato con el fin de protegerlo ante la minería. (Lea también: Un salvavidas para el Atrato)
En el documento, la Procuraduría advierte que Colombia es un país altamente vulnerable al cambio climático (pues su economía depende en gran medida del clima, y sus estrategias de mitigación ya han dejado billonarias inversiones), y que la deforestación en la Amazonía libera carbono a la atmósfera que constribuye al fenómeno. «La conservación de los bosques se presenta como una medida altamente incidente en el proceso de cambio climático en nuestro país, pues estos dos elementos se encuentran estrechamente relacionados, y sirven para comprender cómo la deforestación en la Amazonía, incide directamente en el calentamiento global».
