El contrato fue ejecutado por $1.211 millones de pesos 

Por Infoamazonía Colombia

En la foto: ex alcalde de Solano, Eliseo Murillo Criollo. Tomada de tucaqueta.com

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Solano, Caquetá, Eliseo Murillo Criollo (2012 – 2015), y el exsecretario de Gobierno del mismo municipio, Yecson Peña Ceballos, por las presuntas irregularidades presentadas en la suscripción de un contrato para la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud, PIC, por $1.211 millones.

Los PIC son un plan complementario al Plan Obligatorio de Salud (POS) que hace intervenciones gratuitas a la población, sin importar si están suscritos a algún plan de salud, si trabajan o no, o en qué periodo de la vida se encuentren.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, adelantada por la Regional de Caquetá, los entonces funcionarios suscribieron el 29 de septiembre de 2014 el contrato con la IPS privada Grupo Empresarial Viamad Ltda, sin tener la autorización de la Secretaría de Salud del departamento.

El ex alcalde y el gobernador no justificaron las razones para contratar una IPS privada, cuando la normatividad vigente indica que ese servicio lo deben prestar las IPS públicas. En caso contrario, las administraciones municipales requieren la autorización de las respectivas secretarías de Salud departamentales, (en este caso, la secretaría de salud del Caquetá) situación que en este caso no ocurrió.

Al exalcalde Murillo Criollo se le investiga por suscribir y autorizar, aparentemente, la ejecución del contrato, y a Peña Ceballos porque en su condición de alcalde encargado para la fecha de los hechos habría dado apertura a la convocatoria para la selección del contratista.

Con esas acciones los entonces funcionarios desconocieron, presuntamente, los principios de economía, responsabilidad y transparencia en la contratación pública. Lo que en Colombia se llama la “escogencia a dedo”.

Por esos hechos, la Procuraduría Regional de Caquetá calificó la posible falta gravísima a título de culpa gravísima. Es decir, que de ser encontrados culpables, los funcionarios se enfrentan a la inhabilidad para ocupar cargos públicos y a multas de entre 10 y 180 salarios mínimos.

 

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