El funcionario suspendido era investigado por corrupción cuando fue representante a la Cámara entre 2006 y 2014. Tendrá que pagar una pena de 14 años y 7 meses de prisión.
Por: Judicial / El Espectador
Para la Corte Suprema de Justicia, el suspendido gobernador de Amazonas, Manuel Carebilla Cuéllar, fue un mercader en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) cuando fue representante a la Cámara. Convirtió su equipo de trabajo en una empresa en la que aprovechó para manejar dinero que solo utilizó para su provecho. Así lo determinó el alto tribunal al hallarlo culpable de los delitos de peculado, cohecho impropio, falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y concusión.
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Fuentes del alto tribunal confirmaron que el exfuncionario deberá pagar una pena de 14 años 7 meses de cárcel, así como una multa de 648 salarios mínimos de multa y $611.437.246 por indemnización de perjuicios, por los delitos de peculado, cohecho impropio, falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y concusión.
De acuerdo con la decisión de la Corte, el trabajo de Carebilla Cuéllar en el Congreso fue completamente contrario a sus deberes legislativos.“Tareas que debió enaltecer, máxime cuando era uno de los dos únicos Representantes de la comunidad amazonense en el poder legislativo”, explicó la Corte.
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Según la investigación que realizó el alto tribunal, el exrepresentante “ofreció en venta cargos públicos al mejor postor, designó formalmente a personas que nunca cumplieron labores y, no obstante ello, recibían emolumentos de los que se beneficiaron a aquellos; certificó falsamente cumplimiento de labores que nunca desempeñaron; solicitó indebidamente a sus subalternos de hecho el pago de obligaciones contraídas por él ‘por interpuesta persona’”.
La Corte, además, comprobó que Carebilla les pidió a sus funcionarios dinero para arreglar el carro oficial que le asignó en Congreso y que también les exigió una cuota para financiar los gastos de su campaña política en las elecciones locales de 2007 en Amazonas. El alto tribunal no titubeó a la hora de calificar el accionar del exgobernador: fueron “conductas que deshonraron el buen nombre y ejercicio de la labor legislativa, razón por la que los ilícitos por los que se condena a Carebilla Cuéllar fueron realizados con intención y propósito de vender la función pública, alterar la verdad, de apropiarse de dineros del Estado así como la de solicitar utilidades indebidas, abusando de su cargo y de sus funciones”.
La UTL de Carebilla, explicó la Corte, fue la plataforma perfecta en la que el exfuncionario hoy condeno pagó favores políticos y promesas de campaña, “permitiendo hasta que miembros de una sola familia heredaran los cargos una vez se retiraban de la misma. En época preelectoral suscribió pacto para comprometer salarios asignados a servidores que la integraran, incluso con personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos. Comportamiento que prueba el fin lucrativo proyectado y deja entrever la falta de decoro con la cosa pública”.
La Corte Suprema, además de condenarlo, le envió el expediente a la Fiscalía para que investigue a los allegados del político y a quienes participaron y se beneficiaron de la empresa que Carebilla montó en el Congreso. También le envió una copia de la sentencia a la Unidad Nacional de Gestión y Parafiscales (UPPG) para que revise la asignación de dos pensiones que, al parecer, fueron reconocidas ilegalmente.
Por: El Espectador
