El Consejo de Estado colombiano suspendió de manera temporal las áreas estratégicas mineras, en las que en 2012 el Gobierno congeló la extracción de recursos naturales para, luego, subastar el derecho a hacerlo.
Este viernes el Consejo de Estado le dio un duro golpe a una de las políticas banderas del presidente Juan Manuel Santos en minería: suspendió de manera temporal las áreas estratégicas mineras, 20 millones de hectáreas -el 20,3 por ciento del país- en las que en 2012 el Gobierno congeló la extracción de recursos naturales para, más adelante, subastar el derecho a hacerlo, imitando el proceso que existe para petróleo.
En el 2014 la ONG Tierra Digna interpuso una acción de nulidad contra las dos resoluciones que convirtieron 516 zonas principalmente ubicadas en Chocó y la Amazonía en áreas estratégicas mineras y le pidió al Consejo de Estado que, mientras toma una decisión de fondo, las suspendiera. El viernes esa alta corte le dio la razón para suspenderlas temporalemente, porque el Gobierno no consultó a las comunidades indígenas y afro que viven allí.
Aunque el fallo de fondo podría terminar dándole la razón al Gobierno, no es muy usual que una corte decida al final en contra de su decisión inicial de otorgar medidas cautelares, y por eso la decisión del viernes tiene efectos importantes.
Más porque Santos habría presentado esas áreas como un salvavidas para la Amazonía, pues limitaba el acceso a minerales estratégicos como el oro, el coltán y el vanadio para poder planificarlo durante la próxima década y escoger a las empresas con las mejores condiciones para hacer minería allí. Sin esas áreas, todo indica que se podría reabrir la ventanilla minera en ellas.
La idea -que generó gran resistencia entre los ambientalistas que la veían como un incentivo para hacer minería en la Amazonía- era salvaguardar estas zonas, que abarcan formaciones geológicas del Escudo Guayanés en Vichada, Guainía y Vaupés y son esencialmente toda la parte de la Amazonía que tiene minerales- de que cualquiera pudiera recibir un título sin importar su idoneidad para hacerlo.
Esa decisión de paso supone un nuevo regaño al gobierno Santos por no hacer la consulta previa, igual que había pasado con la doble calzada de Buga a Buenaventura, el hotel de Six Senses cerca del Parque Tayrona o con el Código Minero de 2010.
– Esta nota fue originalmente publicada en La Silla Vacía y es republicada a través de un acuerdo para compartir contenido.
