Títulos mineros de empresa canadiense Cosigo Resources en el Vaupés han generado una serie de conflictos locales, por estar en zonas donde trabajaban pequeños mineros, y otro dentro del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis.
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| Los tres títulos que tiene la empresa canadiense Cosigo Resources en el Vaupés han generado una serie de conflictos locales. Dos de ellos están en zonas donde trabajaban pequeños mineros y uno más dentro del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis (foto), el segundo más grande de la Amazonía. |
Esta semana el presidente Juan Manuel Santos hizo oficial la ampliación del Parque Nacional Chiribiquete, convirtiéndolo en el segundo más grande del continente y en un símbolo del compromiso del Gobierno con la Amazonía. Sin embargo, al mismo tiempo en el corazón del Vaupés hay un proyecto minero que está poniendo a prueba ese compromiso y en el que se podría estar jugando el futuro de la minería en la región amazónica.
El Cinturón de Oro de Taraira, que la empresa canadiense Cosigo Resources describe como “potencialmente uno de los mayores distritos auríferos no explorados del mundo” y compara con el Witwatersrand que permitió el desarrollo de Sudáfrica a finales del siglo XIX, está generando gran preocupación en el Ministerio de Ambiente, entre los conocedores de la Amazonía y entre los indígenas y pequeños mineros de la zona.
Todos tienen varias quejas contra Cosigo Resources, una empresa sin mayor experiencia minera y con tres títulos en el suroriente del Vaupés, pegado a la frontera con Brasil: dos muy cerca del casco urbano de Taraira y otro adentro del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis. Los tres arrastran una historia de conflictos locales, que amenazan con convertir el primer proyecto minero en la Amazonía en una bomba de tiempo social y ambiental.
“Puede ser la punta de lanza de algo mucho más complejo. Cosigo es la primera compañía de cierta importancia legal que entra al Amazonas y puede estar abriendo trocha para otros”, le dijo a La Silla Martín von Hildebrand, el director de la Fundación Gaia Amazonas y una de las personas que mejor conoce el Vaupés -y toda la región amazónica- en el país. «En el Amazonas hay muchos intereses y creo que es hora de que nos sentemos todos los sectores y comencemos a discutirlos seriamente».
«El Escudo Guyanés es al mismo tiempo la parte mejor conservada de la Amazonía -una zona muy rica en biodiversidad y relativamente aislada- y una geológicamente muy rica en minerales. Para el Gobierno esto es un gran dilema, pero no es coherente permitir minería de gran escala en una zona tan importante para la regulación del cambio climático», dice Sebastián Rubiano, un profesor de derecho ambiental de la Universidad de los Andes que está haciendo una investigación sobre el caso Cosigo. «La otra gran pregunta es, ¿si va a haber minería en la Amazonia, qué se va a hacer con la gente? ¿La bajamos del bus o la subimos? El Gobierno no parece tenerlo claro».
Taraira, la pequeña ‘pata’ que le sale el Vaupés en la parte de abajo, es un triángulo selvático formado por los ríos Taraira y Apaporis. Aunque está a 200 kilómetros de Mitú, sólo se puede llegar en avioneta desde la capital departamental o en DC-3 desde San José del Guaviare.
Cosigo tiene allí dos títulos mineros muy cerca del casco urbano, que suman 11 mil hectáreas y que los tiene enfrentados con los pequeños mineros que descubrieron el oro en la región y lo han trabajado por un cuarto de siglo.
Y que se sienten excluidos del boom minero por el Gobierno, que le tituló a la empresa canadiense -que cotiza en la Bolsa de Toronto como la mayoría de las mineras de oro- la mayor parte del área explotable en una licitación en 2007 en la que fue la única proponente. Entre tanto, ellos quedaron con apenas 361 hectáreas.
A este remoto rincón del Vaupés comenzaron a llegar los colonos a mediados de los años ochenta, atraídos por las historias de un ‘garimpeiro’ brasilero que aparecía de tanto en tanto en el pueblo de La Pedrera (Amazonas) y pagaba sus compras con pepitas de oro. A comienzos de los noventa ya había más de 7 mil personas dedicadas a la pequeña minería.
“Cuando mi hermano y yo llegamos allá tocaba viajar 15 días por río y era pura selva. Al principio encontrábamos el oro en los caños o con solo levantar el capote de hierba del suelo. Nos fuimos instalando en cambuches, cada uno trabajaba su pedazo de monte y entre todos hicimos la pista aérea a punta de pica y pala, sin ayuda de nadie”, le contó a La Silla Jairo Sangama, un minero de 55 años que llegó de Leticia en esa primera oleada a finales de los ochenta.
Taraira se desarrolló al ritmo de la pequeña minería, convirtiéndose primero en un pueblo de casas de madera y luego, en 1995, en un municipio. Tanto que su himno le canta a “tu oro brillante como el sol” y en su escudo aparecen una pala y una batea con oro.
La llegada de Cosigo en 2007, tras ganarse el título en una licitación, rápidamente desató un conflicto con los pequeños mineros, como ya había sucedido una vez en los noventa con la empresa colombiana JVC, que no duró mucho en Taraira.
Los pequeños mineros resienten sobre todo que la minera canadiense tenga hoy derechos sobre un área que ellos han pedido al Gobierno como parte de un proceso de formalización en el que, según ellos, los han dejado colgados de la brocha.
“Ni supimos que había una licitación. No llegó la información a la alcaldía de Taraira y nosotros, con luz cuatro horas al día y sin internet, ¿cómo íbamos a saberlo?”, dice Armando Sangama, hermano menor de Jairo y también pequeño minero. De todos modos, difícilmente hubieran podido cumplir con los requisitos económicos para competir en esa subasta.
Cerro Rojo, el área donde ellos trabajan y donde dicen tener propiedad, está dentro del título de Cosigo. Y también dentro del área que ellos vienen solicitándole al Gobierno desde 1988, cuando crearon -por consejo de Minercol- la Asociación de Mineros del Vaupés (Asomiva) y pidieron comenzar un proceso de formalización. Después de varios intentos fallidos, 13 años después les adjudicaron 361 hectáreas en la zona de Garimpo, pero nada en las de Cerro Rojo, Peladero o el Amarillal donde también trabajaban. La última demanda de uno de los mineros locales fue denegada por estar ya titulada esa área a un tercero: Cosigo.
Los mineros de Taraira no están en contra de la presencia de Cosigo, pero sienten que el Gobierno tiene un discurso doble con las empresas grandes y los pequeños mineros, como lo muestran las demoras en su proceso de formalización y la declaración hace dos meses del proyecto de la minera canadiense como uno de “interés nacional”.
“Somos los primeros que queremos llegar a un acuerdo. Pero no nos parece justo que ese ‘primero en el tiempo, primero en el derecho’ del código minero sea bueno para ellos, pero no para nosotros. ¿Qué va a pasar con nosotros?”, dice el mayor de los Sangama.
Ellos ven la respuesta a esa pregunta en el declive gradual de Asomiva: si en su época dorada reunió a casi 5 mil mineros en Taraira, hoy solo tiene afiliadas a unas 70 familias. La mayoría se fue yendo a medida que disminuían sus posibilidades de trabajar y el pueblo hoy no pasa de 1300 habitantes. “Nosotros nunca pedimos 10 mil hectáreas, sino que con 100 en donde veníamos trabajando nos alcanza. Y ellos siguen teniendo de ahí para allá”, dice Armando Sangama.
Pero no es solamente con los pequeños mineros que ha tenido problemas Cosigo. En 2008 la minera comenzó a hacer trabajos de exploración, que normalmente no necesitan licencia ambiental pero que en este caso no eran legales por tratarse de una zona de reserva forestal. Así que la CDA, la corporación autónoma a cargo del norte y el oriente de la Amazonía, le ordenó la suspensión de esas actividades. Tras varios años con las obras paralizadas, en abril de este año el Ministerio de Ambiente finalmente le concedió la sustracción de reserva forestal, con lo que Cosigo ya podrá comenzar a explorar legalmente.
Cosigo también es el protagonista de otra dura pelea: su tercer título minero -de 2 mil hectáreas y a nombre de Andrés Rendle, su presidente para América Latina- se encuentra justo en medio del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, que protege 10.557 mil kilómetros cuadrados de selva amazónica y es el segundo más grande de Colombia, solo detrás de Chiribiquete.
En la parte baja del parque está la Serranía de la Libertad, un pequeño macizo montañoso que termina en la cascada del mismo nombre, símbolo del parque y lugar sagrado para varios de los siete grupos indígenas que viven en la zona. Y que precisamente, por ser lugar sagrado, obligaba al Gobierno a hacer una consulta previa antes de conceder el título.
Y precisamente un lugar con altísimo potencial aurífero al que Cosigo rehusa renunciar, después de que Ingeominas se lo titulara tan sólo dos días después de que el parque fuera creado en 2009 y que fuese inscrito en el Registro Minero Nacional un mes después.
Aunque la Constitución le prohíbe a Cosigo explotar este título, que es uno de los 38 concedidos dentro de parques nacionales durante el gobierno de Álvaro Uribe, revocarlo ha probado ser igual de difícil.
La Agencia Nacional de Minería, que dirige María Constanza García y que tomó las responsabilidades de titulación de Ingeominas, no ha podido encontrarle una salida jurídica al chicharrón de tener un título y un parque nacional vigentes al mismo tiempo y en el mismo lugar. A diferencia de otras compañías que recibieron títulos dentro de parques, Cosigo ha rehusado renunciar voluntariamente a él y se aferra al argumento de que es un derecho adquirido.
“Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y no entendemos por qué no se ha dado [su revocatoria]. No sé si las autoridades mineras no ven la importancia de quitárselo, porque que siga vigente resulta muy contradictorio y puede generarles expectativas”, le dijo a La Silla Julia Miranda, la directora de Parques Nacionales que en julio le mandó una dura carta a la ANM reclamándole por no haber llevado el caso ante la justicia como se había acordado.
Esta ha sido por lo menos la quinta carta que Parques envía a las autoridades mineras solicitándoles esa revocatoria, que también viene pidiendo la Procuraduría desde 2011.
La Agencia se limitó a responderle a Miranda que “no se ha enmarcado en ninguna de estas formas de terminación dispuestas por el Código de Minas”. Sin embargo, La Silla logró confirmar que la ANM sí honrará el compromiso al que llegó con MinAmbiente y demandará el título.
Pero hay más problemas, incluyendo otra disputa legal que busca cuestionar la existencia del parque. Un grupo de comunidades indígenas de la región entuteló en 2011 la creación del Yaigojé-Apaporis, argumentando que a ellos no los consultaron. Esa demanda fue negada en primera y segunda instancia por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, pero la Corte Constitucional la seleccionó para revisión y se encuentra en el despacho del magistrado Gabriel Mendoza desde hace tres años.
Detrás de esa demanda hay una disputa entre las comunidades indígenas de la zona, en la que -según le contaron tres personas a La Silla- ha participado Cosigo. A finales de los años noventa el Gobierno le propuso a los indígenas del río Apaporis crear un parque nacional, pero ellos no quisieron. Luego, hace seis años y justo en la época en que Cosigo llegaba a la región, fueron las propias comunidades las que propusieron retomar el tema.
“A nosotros el Gobierno nos dio el resguardo, pero con eso no teníamos la garantía del subsuelo. Era la única salida que teníamos cuando vimos el interés de la compañía, así que lo consultamos con los médicos tradicionales y llegamos a la conclusión de que era lo mejor para conservarlo como está”, cuenta Gonzalo Macuna, un indígena makuna que representa a las comunidades del sur del Apaporis en temas ambientales.
Así que se llevó a cabo la consulta previa con los indígenas makuna, tanimuka, tuyuca, cabiyari y yujup-maku, con financiación de la Fundación Moore estadounidense y la Fundación Gaia Amazonas que fundó y dirige el etnólogo Martín von Hildebrand. Pero entonces se dio una división entre las comunidades a ambos lados del Apaporis que conformaban la Asociación de Capitanes Indígenas Yaigojé-Apaporis (Aciya) y algunas del lado del Vaupés simplemente no volvieron a las reuniones (aunque hay evidencia en video de que alcanzaron a participar e incluso vocearon su oposición al proyecto).
Aunque ya existían dificultades entre ellas por la gestión de las transferencias para el resguardo desde Bogotá, estas tensiones se acrecentaron con el tema minero. La disidencia de Aciya formó la Asociación de Capitanes Indígenas de Taraira-Vaupés (Acitava) y bajo el liderazgo de Benigno Perilla -un ex inspector de Policía que se instaló en la zona- presentó la tutela que ahora está en manos de la Corte Constitucional. Aunque por el momento el fallo está en firme, todos están esperando que la Corte se pronuncie.
Tres personas le contaron a La Silla que Cosigo ha estado muy activo en ese proceso, aunque no pudimos confirmarlo. Todos coinciden en señalar que en esa época un funcionario de Cosigo recorría las comunidades indígenas sobre el Apaporis en la misma época de la consulta previa, una injerencia que no está permitida legalmente. La Silla intentó reunirse con Cosigo, pero no recibió respuesta alguna de la compañía a las preguntas que les hicimos.
Y es que, aunque el proyecto de Cosigo Resources no ha arrancado formalmente, ha generado ya una serie de conflictos locales de difícil resolución y dudas sobre la política minera en el Amazonas.
Parte de la prevención contra Cosigo es que no tiene ninguna explotación por mostrar: aparte de Taraira, está explorando en tres lugares -Castano, Bittencourt y Cerrinha- del Brasil, ubicados justo del otro lado de la frontera. Según un informe de la propia empresa, tienen desde finales del año pasado un permiso exclusivo de las comunidades locales en Jose Mormes para explorar un área de 166 mil hectáreas, pero no hay ningún proyecto que permita ver cómo sería realmente su trabajo en un lugar tan ambientalmente sensible como el Vaupés.
– Esta nota fue originalmente publicada en La Silla Vacía y es republicada a través de un acuerdo para compartir contenido.
