Las dos mayores petroleras del país -incluyendo la empresa más grande del país- contemplan construir un oleoducto a través un parque nacional, a pesar de que la Constitución se lo prohíbe.
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Por Santiago Wills
La principal alternativa que ha contemplado Oleoducto al Pacífico para su oleoducto del Caguán atraviesa por la mitad del parque nacional Picachos. Foto: Parques Nacionales
Las dos mayores petroleras del país -incluyendo la empresa más grande del país- contemplan construir un oleoducto a través un parque nacional, a pesar de que la Constitución se lo prohíbe.
En abril de este año Oleoducto al Pacífico SAS, la compañía de la que son socias Pacific Rubiales y una filial de Ecopetrol que está encargada de desarrollar un megaproyecto para trasportar crudo desde los Llanos hasta el puerto de Buenaventura y sacarlo hacia los países de Asia, le solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que evaluara dos alternativas para el trazado del Oleoducto Tapir, un tramo que permitiría sacar el petróleo que se explota en Caquetá y Putumayo hasta el oleoducto principal.
La opción preferida por la empresa pasaría por la mitad del Parque Nacional Cordillera de los Picachos, en el sur del Meta, un camino que mediría exactamente la mitad que la otra alternativa y que sería hasta 500 millones de dólares menos costosa. De ahí que sea la prioridad de la empresa, a pesar de que Parques Nacionales se opone rotundamente.
Aunque el proyecto está oficialmente frenado desde hace un mes debido al concepto de Parques, Oleoducto al Pacífico (OAP) sigue contemplándola y se reunirá la próxima semana para discutir el tema con el Ministro de Ambiente Gabriel Vallejo.
«Todavía no lo descartamos, aunque tenemos ese obstáculo jurídico y lo estamos estudiando. Nos interesa buscar una solución que nos sirva y que genere beneficio para el parque. Sabemos que no es viable en este momento y tenemos que buscar una alternativa conjuntamente con el Gobierno. Si nos dicen que no, es no», le dijo a La Silla David Arce, el gerente de asuntos corporativos del proyecto.
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Sacar el petróleo colombiano a Asia por el Océano Pacífico es uno de los grandes sueños del gobierno Santos II.
Colombia le vende miles de barriles de crudo a China, Corea del Sur y Japón pero tiene que transportarlos hasta el puerto sucreño de Coveñas y luego atravesar el Canal de Panamá. Solo a China, que ya es el segundo socio comercial del país, las exportaciones de crudo subieron un 389 por ciento en un año. De ahí que el oleoducto sea, como dijo el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, de interés estratégico para el Gobierno.
La encargada de sacar adelante este proyecto de 5.000 millones de dólares es la empresa Oleoducto al Pacífico SAS, cuyos socios son Cenit (la filial de Ecopetrol que tiene bajo su ala todos sus oleoductos y la segunda empresa estatal más grande del país), Pacific Rubiales (la segunda productora), la comercializadora de petróleo Vitol y la operadora de oleoductos Enbridge.
Después de estudiar dos posibles trazados, la Anla aprobó en julio de este año uno de 780 kilómetros que atraviesa cuatro departamentos. Ese trazado ahora deberá ser esbozado técnicamente -un proceso que sus impulsores han descrito como una “nueva expedición botánica”- para pedir la licencia ambiental y arrancar a construirse en 2016.
Al mismo tiempo, OAP esbozó el oleoducto Tapir y comenzó a socializarlo con la gente en las zonas por donde pasaría.
Una de esas reuniones tuvo lugar en octubre pasado en la Casa de la Cultura de La Macarena, con los concejales y los líderes de las juntas comunales del municipio. Ya desde esa fecha una persona les preguntó -según consta en el acta– cómo manejarían el paso por en medio de un parque nacional, a lo que los dos funcionarios de la empresa respondieron que se haría por debajo de la tierra y usando “tecnologías de punta que prevengan o minimicen los impactos negativos”.
Luego en diciembre, Oleoducto al Pacífico le preguntó a la Anla si tendría que presentar varios posibles trazados para su ramal desde el Caguán. Un mes después la Anla le respondió que era necesario realizar un ‘diagnóstico ambiental de alternativas’, una etapa adicional que puede pedir la autoridad ambiental para sopesar los posibles impactos en proyectos de alto riesgo.
El 15 de abril la empresa presentó oficialmente el Oleoducto Tapir y pagó un anticipo de 53 millones para el trámite, con lo que unas semanas después -con el acta de inicio de trámite que expidió la Anla- arrancó el proceso de evaluación para ese oleoducto.
El siguiente paso era que la Anla estudiara los dos trayectos propuestos y eligiera uno, tras lo cual la empresa puede presentar ya su estudio de impacto ambiental y -una vez se le conceda la licencia- arrancar a construir. A la autoridad ambiental, sin embargo, no le convence la ruta predilecta de los petroleros.
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| Este mapa, que aparece en una presentación de Oleoducto al Pacífico, muestra las cuatro alternativas que la empresa evaluó para Tapir. En rojo la que cruza Picachos y en café la de Tinigua. |
Oleoductos del Pacífico trazó dos recorridos para Tapir, un proyecto de 2,2 billones de pesos que permitirá llevar hasta el oleoducto central el crudo pesado que explotan petroleras como Emerald Energy en la región cercana a San Vicente del Caguán. A Ecopetrol, Pacific Rubiales y Talisman también se le han adjudicado bloques petroleros en esa zona, conocida como la Cuenca Caguán-Putumayo.
El primer recorrido sube en línea recta -a lo largo de 140 kilómetros- por todo el margen occidental de La Macarena. Primero cruza la zona de reserva campesina de Losada-Guayabero y luego atraviesa la esquina oriental de Los Picachos, un parque nacional que protege 447 mil hectáreas de una serranía que alimenta las cuencas del Orinoco y el Amazonas. Y donde precisamente habita el tapir andino, un mamífero que está en la lista roja mundial de especies amenazadas.
El segundo tramo -de unos 285 kilómetros- hace un recorrido en forma de ‘L’, escalando la cordillera y luego siguiendo el recorrido de la carretera que va desde el embalse de Betania (Huila) hasta el de Prado (Tolima). A diferencia del primero, este recorrido evita los ‘obstáculos naturales’ en su camino, incluyendo los parques regionales del desierto de La Tatacoa y de La Siberia.
Su único potencial conflicto es que atraviesa El Pato – Balsillas, una de las primeras zonas de reserva campesina que tuvo el país y donde -como ha contado La Silla- los habitantes rechazan de plano a la locomotora minero-energética.
A eso se suma una dificultad adicional: casi toda esta región es el patio delantero de las Farc. Esto significa que en esa región es prácticamente imposible llevar a cabo un proyecto de infraestructura sin el conocimiento y aprobación de la guerrilla. Sobre todo si se trata de la construcción de un oleoducto que las Farc podrían volar con facilidad.
De hecho, correos electrónicos de esta guerrilla –encontrados en un computador por el Ejército después del bombardeo cerca a Vista Hermosa en febrero- muestran que en general le piden a las empresas petroleras alrededor de un millón de dólares por cada pozo en operación y cinco dólares por cada barril extraído.
Oleoductos al Pacífico alcanzó a trazar otros dos recorridos adicionales, que alcanzó a dibujar en algunos mapas pero que nunca presentó oficialmente.
Uno de ellos es muy parecido al primer tramo, pero atraviesa por toda la mitad de otro parque nacional: Tinigua, el parque vecino a Picachos donde están los célebres ríos de los siete colores en Caño Cristales y también los petroglifos del Guayabero. En este caso el cruce es de 42 kilómetros, o casi la cuarta parte de su recorrido total.
El último trazado hace un recorrido similar a la segunda alternativa, pero dando la curva de subida antes y pasando por la mitad del parque regional opita de La Siberia.
Tres personas que se han reunido con OAP -en ocasiones separadas- le dijeron a La Silla que es evidente que el recorrido de Picachos es su preferido. No solo porque tendría la mitad de la longitud del otro, sino porque no implicaría atravesar la cordillera, con los costos que eso implica.
Eso hasta que se les atravesó Parques Nacionales, con cuya directora Julia Miranda han tenido al menos dos encuentros (además de otro par de reuniones con la ex ministra Luz Helena Sarmiento).
A comienzos de este año OAP fue a la oficina de Miranda para presentarle el proyecto, pese a que ella ya le había dicho que no era viable al gerente David Arce -un viejo colega suyo de la universidad- en una conversación informal anterior.
Su argumento es que el oleoducto subterráneo sería construido con tecnología de punta y que, al estar en el subsuelo, no afectaría de ninguna manera el parque. Sin embargo, le explicó por segunda vez Miranda, los parques nacionales están blindados constitucionalmente de cualquier actividad que afecte el suelo o el subsuelo.
“Era increíble la convicción con que nos decían que, frente a los problemas del parque, ésta era la solución. Nosotros nunca les dimos la más mínima expectativa de que eso pudiera hacerse en el parque porque la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional son claras en prohibirlo”, le dijo a La Silla Miranda.
Con los problemas del parque, la empresa se refería a las precarias condiciones en las que se encuentra una parte de Picachos. En particular a la parte baja por donde OAP quiere atravesar 18 kilómetros del oleoducto, que está densamente poblada y donde son frecuentes actividades como la tala y la ganadería.
“Por más que [ese sector de Picachos] esté devastado, lo que tenemos que hacer es restaurarlo. No hacer actividades prohibidas”, dice Miranda que les tuvo que decir para ponerle punto final a la conversación.
Aún así, un par de meses después OAP presentó sus dos alternativas a la Anla. El 5 de agosto la autoridad ambiental organizó una reunión con la empresa, la jefa de Parques y la directora del parque Picachos, en la que -según un acta que aparece en el expediente- “se manifestó enfáticamente la imposibilidad de pasar un oleoducto por el parque”.
Veinte días después Parques envió un concepto técnico de once páginas y reiteró su oposición, explicando que las obras para un oleoducto interrumpirían el ‘corredor andino amazónico’, una línea continua de ecosistemas protegidos que va desde el páramo en la parte alta de Picachos hasta la selva.
Además, refutó varios de los argumentos de la solicitud de OAP como que “no se identificaron ecosistemas estratégicos en este corredor a la escala del proyecto”. Y sentenció que “un posible vertimiento de hidrocarburos (…) corresponde a un riesgo que no se puede permitir al interior de un área protegida”.
Esa tercera negativa tuvo su efecto. Tres semanas después, el 16 de septiembre, su representante legal John Michael Gerez le envió una carta a la Anla pidiendo “suspender la actividad administrativa” por el momento. “Al interior de la empresa se está valorando técnica y jurídicamente el camino a seguir”, añadió Gerez, quien también es el vicepresidente para América Latina de Enbridge.
Arce le explicó a La Silla que anticipaban la negativa de Parques, pero que tenían que hacer la debida diligencia como manera de mostrarle a sus socios extranjeros que habían explorado todas las opciones posibles ya que en países como Canadá se puede plantear proyectos de desarrollo al interior de parques nacionales.
«Reconocemos y aceptamos que en este momento es imposible pasar por ahí, pero la compañía está dispuesta a generar una compensación económica que permita sostener la conservación del parque si nos permiten pasar por esa zona que está tan intervenida», explica Arce, que ya había sido gerente del Oleoducto Central (Ocensa).
Según el gerente de OAP, la tecnología que usarían no causa ningún daño irreversible al parque y la empresa está dispuesta a financiar no solo la restauración de esa área, sino también de todo el sistema de parques nacionales. Añadió que ya han propuesto una cifra para esa compensación económica, pero que es confidencial.
«Es la mejor alternativa económica, constructiva y ambientalmente. Por ahora estamos entendiendo bien nuestras opciones, que puede ser reconfirmar la otra. Y también ver jurídicamente si tenemos alternativa para hacerlo dentro», dice Arce.
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El caso Tapir muestra que a pesar de que los parques están blindados constitucionalmente de actividades de alto impacto, muchas empresas aún creen que esta prohibición se puede flexibilizar, sobre todo si se trata de proyectos estratégicos para el país.
Los parques nacionales -a diferencia de otras áreas protegidas- son una figura de conservación estricta porque están destinados a la conservación de ecosistemas estratégicos y son lugares invaluables por su enorme capital natural. La Constitución los blinda de cualquier actividad de alto impacto, pues solo se permiten actividades que sean compatibles con la conservación. Por ejemplo, el ecoturismo sí pero no la construcción de un hotel.
En este caso -como lo enfatizó Parques Nacionales en su concepto- la instalación de tubería, la construcción de carreteras o las excavaciones en el suelo que requeriría el proyecto Tapir tendrían un impacto negativo en el ecosistema del bosque inundable y en el río Guaduas, dos de las áreas más importantes en Pichachos.
Por eso, para Parques el problema es que las empresas no tienen las reglas claras desde el inicio del proyecto. “Tienen asesores jurídicos que no les ponen claro desde el comienzo qué se puede hacer legalmente y qué no”, dice Julia Miranda.
Entre tanto, para OAP prima el valor estratégico del oleoducto. «Es un tema de competitividad: la Cuenca del Caguán-Putumayo es el futuro petrolero del país. Si permitimos que sea viable, se pueden duplicar las reservas del país», dice Arce.
Pero más allá de Tapir, no es el primer caso donde entran en conflicto un área protegida y un proyecto de desarrollo.
El conflicto más reciente -aún activo- es el que amenaza la existencia del parque amazónico de Yaigojé-Apaporis en el Vaupés, en cuyo interior la minera canadiense Cosigo Resources tiene un título minero que la Constitución le prohíbe explotar pero al que se rehusa a renunciar, como contó La Silla. O el caso del Hotel Six Senses en medio del Parque Tayrona. También hay mucha tensión en Quindío por el futuro de Barbas-Bremen, un antiguo parque regional que en 2011 fue recategorizado como un distrito de conservación de suelos, una movida que se ha creído en la región busca favorecer el proyecto de interconexión eléctrica entre Armenia y Pereira que está a punto de construir la Empresa de Energía de Bogotá.
En al menos dos de esos casos hay una similitud: tanto el oleoducto hacia el Pacífico como el tendido de Barbas-Bremen son proyectos de interés nacional. También lo es un título minero de Cosigo fuera del parque nacional pero cercano, que la empresa ha usado como argumento para no renunciar al del Yaigojé-Apaporis.
Ese seguramente será uno de los argumentos de Oleoducto al Pacífico cuando se reúna con el ministro Vallejo. ¿Será que él les tirará un salvavidas al proyecto estratégico para el país o al parque nacional que se le ‘atraviesa’?
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| Este es el recorrido del Oleoducto al Pacífico desde los Llanos hasta Buenaventura, eludiendo la mayoría de áreas protegidas en su camino a excepción del páramo Chilí – Barragán. |
Esta fue una investigación conjunta de La Silla y su blog ambiental Tío Conejo.
