El gobierno peruano e Interpol detectaron que el 68% de los documentos utilizados para justificar la venta millonaria de madera que sale de la Amazonía contenía información falsa.
El tiempo se mide en ausencias para Ergilia Rengifo López. La viuda de Jorge Ríos Pérez, uno de los cuatro indígenas asesinados en la Amazonía peruana el 1 de setiembre, no sabe su edad, pero lleva la cuenta exacta de los días que han pasado desde que madereros ilegales acribillaron y desaparecieron el cuerpo de su marido, el padre de sus ocho hijos. “No somos animales para que lo dejen tirado en el bosque”, dice mientras acomoda al último de sus hijos en sus brazos.
-¿Cuántos meses tiene?
-Tres meses sin padre.
Ergilia ha llegado a Lima por tercera vez desde Pucallpa -donde ahora vive desterrada por el miedo- para pedir a las autoridades que reanuden la búsqueda de su esposo asesinado a disparos junto a otros tres dirigentes asháninkas de la comunidad de Saweto –Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Melendez y Francisco Pinedo Ramírez– en la frontera con Brasil. Los criminales asesinaron a disparos a los indígenas y luego los arrojaron a los pantanos para desaparecerlos. Solo dos semanas después lograron hallar los restos óseos de tres de ellos. “Soy asháninka, pero soy como ustedes. Nosotros no somos sin orejas, tenemos dos orejas como ustedes. ¿Por qué entonces el Estado nos trata así?”.
Saweto es el nombre de un ave tropical que abunda en la Amazonía de Ucayali. Y es el nombre que los asháninkas colocaron a su comunidad en la que viven 45 familias. Para llegar hasta aquí hay que navegar seis días en bote desde Pucallpa. No hay señal de celular, ni ningún otro servicio del Estado. El sistema de comunicación es la radio, pero está intervenida por los madereros. La comunidad más cercana, Apiwxta, se encuentra en el lado brasileño, en Acre. No hay ríos ni quebradas que separen esta frontera, solo algunos olvidados hitos. El Estado es una entelequia.
El equipo de policías que el gobierno envió para intervenir los 67 puntos de tráfico de madera denunciados por los líderes asháninkas en abril de este año nunca pudo siquiera ingresar a la zona y ya retornó a Lima. La noticia ha dejado de estar en la portada de los medios. Solo uno de los indígenas asesinados ha sido sepultado y no en Saweto, como les prometieron, sino en la capital de Ucayali, Pucallpa, a seis días por río desde la comunidad. Aquí la impunidad es una de las peores formas de violencia.
En una reciente intervención realizada por la Sunat e Interpol se constató que el 68% de los documentos utilizados para justificar la millonaria venta de la madera que sale de toda la Amazonía contenía información falsa.
A la violencia que trae consigo el tráfico de estas especies, se suma el impacto económico. Desde que en el 2009 se implementó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hasta el 2013, el Organismo de Supervisión de los Recursos Naturales (Osinfor) ha constatado que con documentos falsos se ha movilizado ilegalmente cantidades de madera estimadas en por lo menos 134 millones de dólares (374 millones de soles). Los expertos, sin embargo, aseguran que los montos reales podrían ser mucho mayores. Los principales destinos de exportación por volumen son Estados Unidos (38%) y China (31%).
Solo uno de los cuatro indígenas asesinados por madereros ilegales ha sido sepultado y no en Saweto, como les prometieron, sino en Pucallpa. Aquí la impunidad es una de las peores formas de violencia
CONCESIONES DEL CRIMEN
Todos en Ucayali sabían que a Edwin Chota lo iban a matar. Él mismo, en abril del 2014, cinco meses antes de que lo asesinaran, pidió por escrito garantías para su vida a la fiscalía ambiental. En ese momento denunció a uno de los concesionarios forestales cuyo título se encontraba sobre el territorio de la comunidad de Saweto: José Carlos Estrada Huayta, titular de Eco Forestal Ucayali SAC, una empresa que administraba 48 mil 923 hectáreas. El dirigente asháninka denunció que Estrada permitía y facilitaba el ingreso de madereros ilegales como Eurico Mapes Gomez. Solo después de la muerte de Chota la fiscalía inició una investigación contra ambos madereros.
“Hace tiempo que corremos riesgo, ellos son madereros, tienen armamento, dinero. Sabemos cómo son y cómo actúan, por eso le pedimos a las autoridades que velan por esta zona de frontera que hagan valer nuestros derechos”, dijo en la última entrevista que dio el 2013.
Según la Sunat, Eco Forestal Ucayali fue dada de baja en mayo del 2006. Sin embargo, en las imágenes georeferenciadas que Chota adjuntó en su denuncia este año muestran cómo dentro de la concesión hay movimiento no autorizado de cumala, lupuna y copaiba, las especies maderables que más se exportan. El 2011, un grupo de inspectores intentó supervisar la zona, pero los representantes de la empresa no lo permitieron. Desde entonces no se volvió más.
Otras dos concesiones se encuentran próximas a Saweto: la de Eco Forestal Tamaya SAC (de Raúl Maldonado Orneta y Jorge Guerra Valera, con 46 mil 225 hectáreas de extensión) y la de Edwin Ramiro Barrios Galán (con 22 mil 560 hectáreas). Tampoco de estas zonas figuran inspecciones previas al 2014 en los registros de Osinfor. La primera inspección se realizó luego de la denuncia de Edwin Chota en Lima, y se programó para la última semana de agosto.
“Los últimos días de agosto los inspectores viajaron para inspeccionar las tres concesiones y los acompañaron los dirigentes asháninkas [Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos Pérez]. Estuvieron unos días, pero luego salieron porque había mucho hostigamiento de extraños. Les decían no podían ir más allá porque los iban a matar. Todo ese camino es un corredor para el tráfico de drogas”, cuenta Rolando Navarro, presidente ejecutivo de Osinfor.
Durante todo aquel recorrido los inspectores advirtieron mucha actividad de tala ilegal. Chota quería que visitaran los otros puntos que él había geolocalizado y denunciado, pero le explicaron que no estaban autorizados para hacerlo fuera de las concesiones. El 30 de agosto los inspectores iniciaron el retorno, pero los líderes indígenas optaron por seguir su camino hacia la comunidad de Apiwxta, en Brasil. Nunca llegaron. Fueron acribillados al día siguiente.
Los inspectores se enteraron del asesinato de los indígenas unos días después, mientras elaboraban su reporte con las evidencias de lo que habían encontrado. ¿Qué dice este reporte? A través de un pedido de acceso a la información OjoPúblico solicitó estos informes a Osinfor, pero el responsable de transparencia de la entidad, Pedro Torres Márquez, los negó argumentando que el caso se encuentra en investigación.
Sin embargo, Fabiola Muñoz, directora de Serfor declaró al diario El Comercio que “hay evidencia de que Eco Forestal Ucayali y la concesión de Edwin Ramiro Barrios Galván están aprovechando especies no autorizadas, sin plan de trabajo” y que mantienen deudas por su actividad.
A la comunidad de Saweto se le ha negado durante años la titulación de su territorio. Las autoridades argumentaban que los concesionarios forestales tenían derechos adquiridos previamente, cuando en realidad la comunidad ocupaba ese espacio desde muchos años antes.
“Al gobierno nunca le interesó resolver el pedido de la comunidad. Por eso yo creo que todo lo que han hecho hasta ahora es un show para los medios, llegaron en helicópteros a Saweto y dejaron a la policía sin presupuesto”, dice Robert Guimaraez, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali. Lo que el dirigente sostiene es que “deberían anular esas concesiones, en lugar de entregarles a cambio otros espacios del bosque”, como ha planteado el gobierno regional. El mismo gobierno regional cuyo vicepresidente, el maderero Carlos Henderson, está en la mira de Osinfor.
MILLONARIOS INGRESOS
El sistema de concesiones forestales se implementó en el Perú el año 2002. La propuesta buscó que se aprovechara de manera sostenible las especies forestales, pero eso no ocurrió. “El escaso control del Estado sobre el territorio amazónico facilitó el camino de la corrupción. Durante todos estos años se usó los documentos que generan muchas de estas concesiones para lavar la madera extraída ilegalmente de áreas prohibidas”, dice el ex fiscal ambiental de Ucayali Francisco Berrospi.
Los documentos a los que se refiere Berrospi son los planes operativos anuales y las guías de transporte forestal, que consignan la procedencia de la madera que se va a comercializar. Los concesionarios deben detallar las coordenadas de donde proviene cada árbol. Sin embargo, las constataciones de las autoridades revelan que con frecuencia la información que declaran es falsa. Si se analizan las cifras de los últimos años, el panorama se entiende en mayor dimensión.
De las 3.453 supervisiones realizadas entre el 2005 y julio del 2014, Osinfor encontró faltas en el 70% de los casos e inició procesos administrativos sancionadores a los representantes legales. El uso de documentación falsa es constante. Si en Ucayali se encontró documentos falsos en el 42% de los casos, en Loreto el porcentaje asciende a 78%. Los mayores volúmenes de madera aprovechados con documentos falsos se comercializaron y exportaron entre el 2009 y 2013. Esta práctica se concentró Loreto, Madre de Dios y Ucayali.
Solo en Ucayali, la fiscalía ambiental lleva alrededor de 260 procesos por tala ilegal. Dos de ellos corresponden a las denuncias realizadas por Edwin Chota. En esta región, según el ex fiscal Berrospi, no existe ninguna persona presa por tráfico de madera.
LA IMPUNIDAD DE LOS CONSULTORES
La compleja cadena del tráfico de madera tiene entre sus principales eslabones a los consultores (biólogos o ingenieros forestales) que firman y verifican la autenticidad de los planes operativos en los que se detalla la ubicación de las especies maderables que se cortarán dentro de la concesión. “En los últimos años hemos encontrado que estas aprobaciones falsas son firmadas por consultores a los que nadie sanciona administrativa ni penalmente. No hay uno solo sancionado. Y eso es responsabilidad de la autoridad nacional forestal y de la regional”, cuestiona con énfasis Navarro.
El informe de gestión de Osinfor del 2009 al 2014 detalla los casi 100 oficios que han enviado a las diferentes autoridades (gobiernos regionales, colegio de ingenieros, Serfor, fiscalía) para reportar los nombres de los consultores con malas prácticas. “Nuestros profesionales arriesgan sus vidas, y los otros siguen firmando. También hemos enviado la información a los colegios departamentales, pero muchos de estos consultores son miembros de estos colegios o incluso los presiden”, sostiene Navarro.
De acuerdo a la información de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) la producción de madera en bruto en Perú alcanzó 1,8 millones de m3 el 2012, 1,5 millones el 2011 y 1,4 millones de m3 el 2010. En el país se comercializan alrededor de 100 especies de madera, pero la mayor presión recae sobre un grupo de 25, que satisface el 80% de la demanda. Si antes las especies más explotadas eran la caoba y el cedro, estas ya no se encuentran ahora entre las diez especies más extraídas. Desde el 2009 hay un gran movimiento de cumala y shihuahuaco, que no se encuentras dentro de las especies protegidas y por lo tanto tienen menos protección.
De las 600 concesiones forestales, solo el 30% están activas. Rolando Navarro admite que hay que reevaluar el sistema: “tal vez el mejor modelo no sean las cuadrículas sino el sistema de cuenca”, señala. El Ministerio de Agricultura trabaja en un nuevo cronograma para entregar futuras concesiones forestales, pero serán los gobiernos regionales los encargados de llevar a cabo ese proceso. Algunos expertos, como el ex fiscal Berrospi, creen que esta decisión solo dará paso a mayores irregularidades.
A la corrupción se suma la lentitud administrativa del Estado. El Tribunal Forestal -que ratifica las sanciones- aún no se ha instalado. “Hemos tenido problemas en su implementación porque solo se ha designado un miembro (una ingeniera forestal) y aún faltan dos miembros abogados más, pero no hemos podido cumplir con su designación porque no hay cumplimiento de perfil. Lo que estamos haciendo es tramitar un decreto supremo para modificar esos requisitos y que nos permita nombrarlos”, explica Navarro.
LA VIOLENCIA DEL OLVIDO
“El lado de Apiwxta es bien vigilado por los militares de Brasil, pero en nuestro lado estamos abandonados”, dice Julia Pérez, la viuda de Edwin Chota. Hace más de 10 años en esta zona había una base del Ejército. Hoy no queda nada.
En Lima, ajenas a las engorrosas negociaciones de la cumbre del clima, las viudas de Saweto visitan las entidades del gobierno para reclamar justicia. Ergilia Rengifo, Avelina Vargas, Julia Perez y Lita Rojas Pinedo llevan tres meses esperando los cuerpos de sus maridos y el título de la comunidad que les prometieron. Hay dos presuntos asesinos detenidos y solo una viuda ha logrado enterrar a su marido, una tumba a la que no le podrá rezar porque las autoridades lo sepultaron en la capital de la región, a seis horas por bote de su comunidad.
Lo único que piden las viudas de Saweto es el título que les gane algo de tranquilidad. “No digan que soy pobre, yo no soy pobre, soy rica, ellos, los que destruyen los bosques son pobres”, dijo Ergilia en una de sus primeras veces en Lima. Junto a ella, Lita Rojas, mira con asombro el cerro San Cristobal, seco, agreste, filudo. “¿Así vive la gente en Lima?”, pregunta. Habla en asháninka con las demás mujeres. Ergilia traduce: “¿Viven así, sin árboles?”
Las cuatro viudas también exigen la expulsión de los madereros. “Nos dicen que el fin del mundo va a acabar con nosotros, pero yo no lo creo, yo creo que entre nosotros nos vamos a terminar matando”, dice Julia Perez, la viuda de Edwin Chota, mientras lleva en brazos al bebé de tres semanas que el dirigente no llegó a conocer y que lleva su nombre. Todas quieren volver a su comunidad, pero tienen miedo: los madereros continúan ahí, la policía ya se regresó. Un reciente reporte de Global Witness señaló al Perú como el segundo país con más muertes en conflictos socioambientales de Latinoamérica. La madera ilegal continúa saliendo con la mayor impunidad.
Fotos/créditos
Giancarlo Shibayama – Supay Fotos (recorrido en campamento de madereros ilegales en Ucayali) / Ministerio Público (hallazgos de restos de víctimas de Saweto) / Nelly Luna (viudas de Saweto. De Izquierda a derecha: Ergilia Rengifo, Julia Perez, Avelina Vargas y Lita Rojas)
-Esta nota fue originalmente publicada en Ojo Público y es republicada a través de un acuerdo para compartir contenido.