Evento en Lima, Perú, fue propicio para destacar temas urgentes como la valorización de la vigilancia indígena forestal y de hidrocarburos.
Representantes de organizaciones indígenas de Cusco, Ucayali y Loreto que participaron en distintos eventos de la semana EITI, coincidieron en la necesidad de destacar la vigilancia indígena como una herramienta que permite mejorar y dar cuenta de forma inmediata de la problemática de estos pueblos, sobre todo en los sectores salud, educación y contaminación ambiental. Estas acciones de vigilancia permiten ejercer y defender el derecho al territorio que tienen reconocidos los Pueblos Indígenas en nuestro país.
¨El desarrollo de actividades extractivas en nuestros territorios no ha traído el beneficio que nos dijeron, contrariamente, las cifras indican que luego de 10 años de explotación de gas en el bajo Urubamba – Cusco la desnutrición y la anemia han aumentado (un 74% en niños menores de 5 años), en tanto que la educación es de pésima calidad, siendo los pobladores indígenas los más afectados. A esto se suman las actividades de industrias extractivas responsables de múltiples derrames de petróleo sin remediación que agravan más la situación de sus ecosistemas, y afectan su acceso a la alimentación, salud y calidad de vida¨, manifestó Agilio Semperi, presidente del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) durante el Congreso sobre Salud y Vigilancia Indígena realizado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Las actividades hidrocarburíferas, mineras, de infraestructura, entre otras; ejecutadas sin planificación en la Amazonía generan problemas socioambientales que afectan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, quienes tienen un vínculo muy estrecho con su territorio. Es precisamente este vínculo el que brinda la posibilidad de recoger y advertir de forma temprana las posibles afecciones sobre dichos territorios. Por ello, es necesario que las autoridades reconozcan al vigilante indígena como un aliado indiscutible para la alerta en estos temas.
Por su parte, Lizardo Cauper, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), quien participó junto con múltiples representantes de la sociedad civil internacional del evento Publish what you pay (Publica lo que pagas), compartió sus experiencias acerca del desarrollo de la vigilancia indígena, una herramienta para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, que fortalece la transparencia y oportunidades de participación.
“La vigilancia indígena es débil porque no tiene un reconocimiento del Estado peruano, nosotros vigilamos territorio, vigilamos derrames de petróleo, talas ilegales; sin embargo esos reportes casi no son válidos porque no está reconocida (la vigilancia indígena), no podemos parar una actividad ilegal, no podemos reportar información a los Ministerios porque legalmente no está articulada con el Estado peruano”, dijo Cauper y agregó que “lo mismo ocurre con el EITI, desde nuestra perspectiva se debe dar un paso legal, que no sea solo político, porque al interior los pueblos indígenas y el Estado peruano no se llevan bien. Por un lado, el Estado es reconocido en transparencia pero por otro lado los pueblos son olvidados. Nadie se hace responsable de los derrames, la prensa minimiza los impactos, no se están visibilizando los gastos sociales y ambientales de las empresas privadas, no se hace visible cuánto pierde el Estado con la exoneración tributaria. Hay mucho que trabajar, en ese contexto”.
De igual manera, David Ruiz, miembro de la Veeduría Forestal Comunitaria de ORAU, quien participó del Foro Público Extractivismo en Crisis, planteó la urgencia de valorizar el tema forestal en el EITI. “No se está tocando mucho la transparencia de los ingresos que recauda el Estado peruano con las actividades forestales, ¿cuánto aporta el sector forestal de la Amazonía al Estado peruano?, ¿estamos ganando, o estamos perdiendo?, y ¿qué se está haciendo frente a eso? Sugerimos que (la vigilancia) sea agenda principal porque todo el tema del cambio climático tiene que ver con actividad forestal”.
Cabe señalar que actualmente ORAU viene impulsando una ordenanza para el reconocimiento de la vigilancia indígena en la región Ucayali; iniciativa similar se viene impulsando por la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) en la región Loreto. En tanto que en el Congreso se espera la pronta aprobación del Proyecto de Ley N° 3937, que busca la institucionalización y reconocimiento de la vigilancia indígena y el monitoreo ambiental y social en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
Es importante señalar que la participación de los dirigentes indígenas en la semana de actividades EITI, se enmarca en la implementación del proyecto Fortaleciendo la Vigilancia Indígena ejecutado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), junto con ACODECOSPAT, la Central Asáninka del Río Ene (CARE), COMARU y ORAU, gracias al apoyo de la Unión Europea.
– Esta nota fue originalmente publicada en Derecho, Ambiente y Recursos Naturales y es republicada a través de un acuerdo para compartir contenido.