Una compleja red de actores se ha tejido en torno a los minerales críticos de la Amazonía. Algunos operan en corredores fluviales disputados, negocian con organizaciones guerrilleras y fuerzas del orden corruptas. Otros, bajo una fachada de legalidad, mueven grandes cantidades de material a través de ciudades portuarias masivas conectadas a las rutas del comercio internacional. Una serie de operaciones que pone en riesgo al medio ambiente y la soberanía de los países.
La arena gris-negruzca y las pequeñas piedras tamizadas de los sedimentos fluviales y extraídas de los hoyos perforados en la Amazonía son de valor desconocido para las comunidades locales, pero se envían rápidamente al extranjero, donde las refinerías chinas procesan una amplia variedad de minerales y tierras raras.
En Venezuela, una gran parte de la producción mineral se recoge primero en centros operados por la Corporación Venezolana de Minería (CVM). Los centros de recolección de casiterita y coltán en Los Pijiguaos y Morichalito, dos poblaciones aledañas ubicadas en el estado Bolívar, se establecieron solo en 2023, después de que el gobierno venezolano designara la casiterita, el níquel, el rodio, el titanio y otros minerales relacionados con las tierras raras como recursos estratégicos para la exploración, la extracción y la comercialización
En Morichalito actualmente siguen activos diez centros de recolección identificados con el logotipo de la CVM, dos de ellos tienen registros de exportación a China y Estados Unidos.
Según la información proporcionada por la plataforma de comercio Sicex y la empresa de transparencia Sayari, también se ha exportado grandes cantidades de concentrado de estaño a través de los puertos de La Guaira, cerca de Caracas, y un envío significativo de 120 toneladas de concentrado de niobio, tantalio y vanadio, utilizados a través de Maracaibo, en el estado de Zulia, a India en el 2023.
De los centros de recolección registrados en la CVM se identificaron algunas exportaciones a China. El Grupo Orinoco Global, registrado en Puerto Ordaz, envió minerales a Ganzhou Ainuodeng Electronic, en China e Inv. Mineral & Lab C.A. exportó casiterita a China (C&D Logistics, en Qingdao) CO. LTC y Traxys Europe S.A.
Grupos guerrilleros también compran y transportan estos minerales, a menudo trabajando de la mano con quienes son descritos por mineros venezolanos como compradores “chinos”.
Un minero joven lo asegura, “Cuando estuve allá trabajé con estaño. Ahí también están los compradores: los mismos grupos irregulares, la guerrilla y los chinos”.
Ese mismo testimonio fue repetido por otros. “Los chinos están comprando piedras también, están juntos entre ellos, chinos y elenos (del ELN), para nadie es un secreto porque nosotros somos mineros. Están ahí metidos con ellos. Supongo que son la misma gente porque comen juntos, compran material juntos, bajan del helicóptero juntos”, explica un hombre que ha sido minero toda su vida y trabaja en el municipio de Cedeño, en Venezuela.
La República Popular China posee actualmente 91 % de la capacidad de procesamiento de elementos de tierras raras. Las tierras raras se encuentran en muchos países, pero procesarlas es técnicamente difícil, costoso y contaminante. China invirtió décadas en desarrollar esta capacidad de refinación que le otorga al país un poder geopolítico enorme: incluso si otros países extraen las tierras raras, necesitan enviarlas a China para procesarlas.
“Yo sé que por Carlos Lata lo están llevando por tonelada”, continúa. También admitió trabajar para el ELN transportando minerales a través de la frontera. “A Colombia, yo lo he visto, lo he visto todo, lo he trabajado, he ayudado a cargar en el hombro o con guaya (un alambre grueso de acero), a montar las canoas. Toneladas. He llenado las canoas con toneladas, 15 toneladas, 20 toneladas en una canoa. He ganado dinero, por los momentos y cuando hay…hay que hacerlo”.
En territorio venezolano, las fuerzas estatales venezolanas supuestamente cooperan con la guerrilla colombiana y cobran su parte del negocio ilegal. “Ahí levantan la mano todos porque hay militares de la guardia involucrados”, asegura uno de los mineros.
“Ahí está la guardia o el ejército, la armada venezolana y la guerrilla está ahí… como si trabajaran para los mismos, ¿me entiendes? Entonces nadie persigue al otro. Es como que si la guerrilla le pagara un porcentaje a ellos. Eso es lo que pasa”, dice un habitante del sector.
Otro minero describe el transporte: “El mismo gobierno lleva eso en carro. El Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) usa un carro blanco sin placa que dice ‘solo dice uso oficial’. Hay transporte para todo: coltán, estaño, oro”.
No todos los minerales extraídos en Venezuela pasan por los puertos de salida oficiales de venezolanos, donde el negocio es manejado por empresas estatales venezolanas e inversionistas extranjeros. Aquellos que buscan una tajada mayor del comercio mineral —incluyendo comandantes guerrilleros colombianos, funcionarios estatales ambiciosos y comerciantes de minerales— contrabandean los minerales a través de Colombia o a través de rutas alternativas que dependen de las redes de transporte aéreo que abarcan aeropuertos, miembros de comunidades locales y operaciones de fundición.
En Colombia, los métodos de transporte de los minerales varían significativamente según las condiciones estacionales y la geografía. Durante los períodos de lluvias, se mueven principalmente por río a través de vías fluviales interiores que conectan con carreteras sin pavimentar hacia pueblos más grandes como Puerto Gaitán, ubicado en el departamento de Meta, antes de continuar a Bogotá.
Desde Venezuela, la ruta cruza por el río Orinoco, entra en los ríos hacia el interior de Colombia y desde ahí toma la ruta terrestre, pasando por Santa Rita, en el municipio de Cumaribo —un área más grande que los Países Bajos—, y finalmente conectándose por una carretera llamada “la 48” hacia Puerto Gaitán.
Los traficantes y comerciantes emplean métodos de ocultamiento a lo largo de estas rutas terrestres. Las arenas pesadas que contienen minerales se esconden bajo gruesas capas de arena regular en camiones, dificultando la detección durante las inspecciones de rutina.
En una operación conjunta, las fuerzas policiales colombianas lograron la incautación de más de 400 kg de metales fundidos en Santa Rita. En ella se encontraron 29 lingotes de estaño, 36 bolsas con material con alto contenido de estaño e instrumentos de fundición. Según las pruebas realizadas, el material incautado tendría entre el 80% y 90% de pureza de estaño. Los capturados presuntamente serían integrantes de la red de apoyo del Frente José Daniel Pérez Carrero del grupo armado organizado GAO-ELN y fueron puestos a disposición por las autoridades competentes.
Antes de la exportación, los minerales venezolanos se procesan en varios lugares colombianos. Bogotá alberga varias operaciones que funden tantalio y estaño en barras fundidas, transformando piedras crudas en metales refinados que son más fáciles de exportar y más difíciles de rastrear hasta sus orígenes ilegales. En un caso investigado en el departamento de Vichada, las autoridades incautaron una barra que contenía 80 % de estaño y 20 % de elementos de tierras raras.
Puerto Carreño ha surgido como otro centro significativo de procesamiento. Como señaló un inversionista minero: «Por eso vas a encontrar un fenómeno ahorita en Puerto Carreño, que van a aparecer fundidoras, fundiendo estaño, y sacan metal y la Policía no hace nada».
La etapa final involucra a exportadores en los puertos marítimos internacionales de Colombia, principalmente los de Santa Marta y Buenaventura. En lugar de declarar los materiales bajo las clasificaciones arancelarias apropiadas, los exportadores procesan minerales y los exportan como ferro-tantalio, por ejemplo, cambiando efectivamente la clasificación de mineral crudo a material procesado. Esta transformación aumenta el valor y reduce el escrutinio. Un funcionario colombiano de aplicación de la ley se quejó de más de 40 códigos aduaneros que potencialmente podrían ser utilizados.
“Esto nos va a reventar en la cara, porque es grande”, advirtió el funcionario. “La fiscalización de esto en la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) es ridícula”, dijo, refiriéndose a la falta de conocimiento y capacidad para reconocer minerales críticos en los puertos de salida de Colombia.
Estas operaciones de contrabando están respaldadas por sofisticadas redes financieras diseñadas para evitar la detección. Los pequeños movimientos financieros entre ciudades como Medellín, Bogotá y Villavicencio se mantienen deliberadamente por debajo de 10 millones de pesos colombianos (US$ 2500) para permanecer bajo los umbrales de detección de las autoridades. Un funcionario de inteligencia colombiano estima márgenes de ganancia entre 5 mil y 10 mil por ciento, comparando la economía con “comprar un iPhone en 100 mil pesos (US$ 25)”.
GRACOR
Funcionarios de aplicación de la ley, representantes comunitarios, mineros y comerciantes de minerales identifican consistentemente a Gracor como uno de los facilitadores corporativos involucrados en orquestar este comercio ilegal. Según las fuentes que, por razones de seguridad solicitaron el anonimato, la compañía mantiene relaciones directas a lo largo de toda la red criminal, desde el ELN y la Segunda Marquetalia (un facción disidente de las antiguas FARC) hasta mineros individuales y funcionarios estatales venezolanos.
Según un traficante de minerales venezolano entrevistado por Amazon Underworld: “Los ilegales compran y venden a esta gente… Gracor no financia el recurso, son los grupos irregulares quienes manejan el dinero y negocian con ellos. Lo que hacemos nosotros es llevar la mercancía a estos grupos y ellos se encargan de negociar con la empresa colombiana”.
Para legitimar minerales provenientes de Venezuela, los comerciantes emplean refinados esquemas de fraude documental. Utilizan documentación de mineros de subsistencia —a menudo de comunidades indígenas— haciendo parecer que los materiales fueron extraídos dentro de Colombia en lugar de contrabandeados desde Venezuela. Esta práctica explota el suelo y recursos venezolanos, los derechos mineros tradicionales de los pueblos indígenas y los esfuerzos del gobierno colombiano por formalizar la minería a pequeña escala.
A pesar de las frecuentes incautaciones, numerosos cargamentos de minerales confiscados han permanecido en un limbo procesal durante meses. Varios han sido finalmente devueltos a los comerciantes debido a supuestas irregularidades procedimentales y errores administrativos. Funcionarios de cuatro agencias estatales citaron tanto la sospecha de corrupción como la capacitación insuficiente del personal de campo como factores que contribuyen a estos fracasos. Lina Beatriz Franco, presidenta de la Agencia Nacional Minera (ANM), responsable de administrar los recursos minerales en Colombia, en términos generales, admitió la falta de capacidad de diferenciar lo que se extrae de forma legal de lo ilegal, refiriéndose a las arenas negras.
Gracor registró una utilidad neta de más de 311 millones de pesos (US$ 81 mil) en 2024, según documentos reportados en la Cámara de Comercio de Bogotá, y aumentó 257 millones de pesos (US$ 67 mil) en los últimos tres años (2022-2024). Esto equivale a un crecimiento del 479,62 % en las ganancias, confirmando que la empresa no solo aumentó sus ventas, sino que mejoró significativamente su rentabilidad neta. Además, en ese mismo período presentó una expansión de ventas de más de 14700 millones de pesos (US$ 3,8 millones).
En 2023, International Company Gracor SAS realizó dos operaciones de exportación de concentrado de estaño, totalizando 45.890 kilogramos, según la plataforma de comercio SICEX. En 2024, la empresa ejecutó nueve transacciones de exportación por un monto de 248.342,7 kilogramos. Durante los primeros dos meses de 2025, se completaron tres operaciones de exportación adicionales, totalizando 81.479 kilogramos. Durante este período de tres años, todas las exportaciones se dirigieron a BLUEQUEST RESOURCES AG en China. Cabe señalar que aunque la empresa receptora opera en China, BLUEQUEST RESOURCES AG tiene su sede en Baar, Suiza, con oficinas en Shanghái, China. Según el sitio web corporativo de la compañía, BLUEQUEST RESOURCES AG es un grupo líder en comercio de materias primas especializado en el comercio físico global de metales refinados, minerales y concentrados de metales no ferrosos y preciosos.
Gracor niega todas las alegaciones. Según Alfonso Graffe, su representante legal, quien recibió a Amazon Underworld en un salón comunal en un edificio del norte de Bogotá, los minerales que compra la empresa (óxido de estaño) provienen de resguardos indígenas y son producto de minería de subsistencia. Sin embargo, Idárraga asegura que “eso no es de subsistencia”, refiriéndose al estaño.
Camave
En marzo de 2021, el Ejército colombiano incautó 6.176 kilogramos de minerales estratégicos en el río Guaviare, departamento de Guainía, transportados a bordo de la embarcación “José Abel”. El material incluía 196 sacos con coltán (columbita y tantalita) y 51 sacos con concentrado de estaño. Los análisis realizados por el Servicio Geológico Colombiano también detectaron uranio en las muestras, un elemento utilizado en componentes electrónicos y armamento nuclear.
El mineral pertenecía a Camave SAS, una empresa registrada en Bogotá en 2018, dedicada a la importación y comercio de minerales. La compañía movía minerales sin licencias legales de extracción, utilizando fraudulentamente una solicitud de formalización de minería tradicional que había sido rechazada en 2019 y cuyo titular había fallecido. Las autoridades, inclusive con sobrevuelos y análisis satelitales en el área, no pudieron confirmar actividad minera visible en las zonas de extracción declaradas.
El operador logístico de Camave SAS recolectaba minerales de comunidades indígenas a lo largo de los ríos Inírida y Guainía (Huecitos, Guamirza, San José, Vaquiro, Berrocal y Maimachí), donde el material probablemente era comprado mediante pagos irrisorios y sin garantías laborales—documentan las autoridades, quienes determinaron que el mineral, con una alta probabilidad, provenía del ELN y del grupo disidente de las FARC Acacio Medina, ambos operando en la zona de triple frontera entre Vaupés, Guainía, Vichada (Colombia) y Amazonas (Venezuela).
La operación fue financiada por Mine Tres Inc., una empresa con sede en Miami propiedad del ciudadano estadounidense Dan Boiangin, quien proporcionó una inversión inicial de US$ 300 mil. El acuerdo establecía una distribución de ganancias del 80 % para Mine Tres Inc. y el 20 % para Camave SAS. A pesar de la incautación de 2021, Camave SAS continuó exportando minerales hasta 2023, con China como destino principal.
En mayo de 2025 se declaró la extinción de dominio sobre las seis toneladas de minerales y la embarcación. Ricardo Barrantes Balcázar, representante legal suplente, fue condenado en marzo de 2025 a 14 años de prisión por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, falsedad en documento, explotación ilícita de yacimiento minero, lavado de activos y cohecho. El proceso contra Carolina Vargas Godoy, representante legal principal, se encuentra en etapa de indagación.
La experiencia brasileña
A diferencia de los laberintos legales de Colombia y del panorama conflictivo de minerales críticos de Venezuela, Brasil, no exento de comunidades indígenas desplazadas o afectadas por la minería y los grupos armados, es un país con amplia información geológica. En 1970 surgió el Proyecto RADAM bajo el lema “Integrar Para Não Entregar”. En ese contexto se utilizó tecnología de radar militar para mapear sistemáticamente los depósitos minerales y recursos naturales de la Amazonía. Este mapeo abrió la región para prospectores e inversionistas, dotando a Brasil de los mapas metalúrgicos detallados que lo distinguen, medianamente, de otros países amazónicos hoy en día.
A 100 km de Belém, la capital del estado de Pará sede de la COP30 en 2025, está Barcarena. La ciudad se ha caracterizado en las últimas cuatro décadas por la expansión del polo industrial del aluminio y por el complejo portuario de Vila do Conde. Esta transformación ha remodelado el paisaje urbano y ha hecho que la ciudad gire en torno al puerto y la minería. En tres décadas, la población se ha multiplicado por más de siete: de 17 mil habitantes en 1970 a unos 127 mil en 2020. El cambio es visible para quienes llegan: el tráfico de camiones es intenso y atraviesa barrios donde las señales de “ruta de evacuación” alertan del riesgo de presas, reflejo de la presencia de las empresas mineras.
Entre enero y junio de este año, el Complejo Portuario de Vila do Conde movió 11,5 millones de toneladas de carga, principalmente productos químicos inorgánicos (27 %), lo que incluye minerales como bauxita y soja. Fuera de las puertas del puerto, la realidad es más dura. La sensación es que el polvo rojizo de la bauxita, de donde se extrae el aluminio, cubre las calles y las casas; y en los días de lluvia, el agua llega a quemar la piel.
Entrada del Puerto de Vila do Conde, que este año ha movido más de 11 millones de toneladas de carga. Fuera de él, el polvo rojizo de la bauxita, de donde se extrae el aluminio, cubre las calles y las casas. Foto: Luis Ushirobira.
Según Moisés Sousa Lopes, presidente del Sindicato de Estibadores y Trabajadores de Estiba de Minerales de Pará (Setemep), el complejo portuario emplea a unas 10 mil personas, entre las que se encuentran 350 estibadores. “Nuestro trabajo consiste en cargar y descargar en las bodegas de los barcos. Arreglamos la carga que entra y atracamos la que llega. Todo lo que entra y sale por el agua pasa por nuestras manos”, afirmó.
Pero Lopes parece alejado del escenario de la “transición energética”. “Lo que entendemos de lo que hacemos aquí es que la minería no solo sirve para el factor energético, sino que también sirve para volver, en forma de ingresos para Brasil. Porque el mineral se transporta aquí por los ríos internos y vuelve como aluminio para la exportación. Es bidireccional. Funciona para el sector energético y también para los ingresos, para el gobierno y para Albras (el mayor productor de aluminio primario de Brasil) también, a través de la carga, que es el aluminio que se exporta a China”.
Sin embargo, la extracción ilegal de casiterita dentro del territorio indígena Yanomami, en el estado de Roraima, se lleva a cabo a través de redes gestionadas por inversores externos, por ejemplo, del estado de Rondônia, que proporcionan documentación falsificada para legitimar el comercio. La escala de las operaciones es considerable, con un volumen estimado de alrededor de seis toneladas métricas por transporte fluvial y envíos en helicóptero de hasta 10 mil kilogramos de mineral. El mineral alcanza precios de entre 60 y 70 reales (US$ 13) por kilogramo en la ciudad de Manaos.
El comercio se ha normalizado tanto que incluso los conductores de Uber en Roraima son contratados para transportar sacos de concentrado de casiterita, lo que ilustra lo profundamente arraigadas que están estas actividades ilegales en las economías locales. Según un funcionario de inteligencia brasileño, algunas de las minas se encuentran en zonas controladas por la multinacional del crimen Primeiro Comando da Capital (PCC) de São Paulo. “Hay extracción de casiterita en varios puntos del Territorio Indígena, incluidas las zonas controladas por el PCC en Waikás, Alto Uraricoera”.
La participación de grupos del crimen organizado ha transformado el comercio de casiterita en una operación de seguridad más compleja. Las autoridades brasileñas informan que las facciones criminales no solo controlan las áreas de extracción, sino que también brindan servicios de protección a los mineros, al tiempo que mantienen la propiedad de áreas, estructuras y armas específicas. Como señaló un funcionario encargado de hacer cumplir la ley: “Hay áreas y estructuras que pertenecen a los miembros delictivos. Venden seguridad”. También parece haber áreas, estructuras, armas que pertenecerían al grupo delictivo en su conjunto. Las autoridades federales han respondido con la Operación Ouro Negro, dirigida contra el fraude en la concesión de licencias medioambientales que permite este comercio ilegal. La operación descubrió un plan en el que participaba la Fundación Ambiental del Estado (Femarh) para facilitar la concesión de licencias medioambientales irregulares destinadas a blanquear minerales extraídos ilegalmente. En septiembre de 2025, la Policía Federal brasileña ejecutó 13 órdenes de registro y confiscación en Roraima, Amazonas, São Paulo y Río de Janeiro, lo que dio lugar a la congelación de más de 265 millones de reales en activos y la suspensión de las actividades económicas de las empresas.
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se espera que la demanda de minerales críticos se cuadruplique para 2040, lo que intensificará la competencia geopolítica. China está aprovechando su dominio en el procesamiento de minerales mediante controles de exportación; Estados Unidos se apresura a reconstruir las cadenas de suministro nacionales tras décadas de abandono; y la Unión Europea ha puesto en marcha su Ley de Materias Primas Críticas para garantizar la independencia estratégica. Estos materiales se han convertido en el centro de una nueva competencia mundial, en la que se cruzan el poder tecnológico, la seguridad económica y la influencia geopolítica.
En medio de la intensificación de la competencia por las cadenas de suministro de minerales, la Amazonía se podría convertir pronto en la primera línea de la transición energética, donde los actores ilícitos y las empresas superan a los gobiernos y los investigadores, lo que agrava los conflictos entre la demanda de recursos, los derechos de los indígenas y la protección del medio ambiente.
El dominio actual de China sobre los elementos de tierras raras se ha convertido en un punto geopolítico álgido. En abril, Pekín impuso restricciones a la exportación en represalia por los aranceles estadounidenses, utilizando como arma los recursos críticos para la defensa, los vehículos eléctricos y las industrias renovables.
El mercado de las tierras raras y los minerales críticos ha experimentado importantes subidas de precios impulsado por las restricciones de suministro de China, la demanda de vehículos eléctricos, la escasez de existencias, las restricciones de suministro y los controles de exportación impuestos por China en abril sobre siete elementos críticos.
El mercado ha pasado de ciclos especulativos a una demanda estructural impulsada por la transición energética mundial y la electrificación del transporte. Las ventas mundiales de vehículos eléctricos pasaron de aproximadamente un millón de unidades en 2017 a 17,1 millones en 2024, lo que generó una demanda sin precedentes de elementos de tierras raras utilizados en los motores y baterías de los vehículos eléctricos.
Esta escalada desencadenó una carrera mundial por la diversificación del suministro y los países occidentales buscaron productores alternativos en África y el sudeste asiático. El acceso a estos materiales se ha convertido en una prioridad geopolítica, así como en una necesidad económica, que afecta a sectores que van desde la electrónica de consumo hasta la producción de defensa.
La paradoja es evidente: mientras las naciones compiten por alcanzar sus objetivos de desarrollo y energía limpia, la extracción de minerales esenciales está devastando comunidades y ecosistemas en la Amazonía. Esto conecta la dinámica del mercado global y los consumidores de todo el mundo con el destino de las poblaciones amazónicas y uno de los reguladores climáticos más importantes de la Tierra.
En su estado actual, la extracción de minerales críticos no solo destruye el medio ambiente natural, sino que también financia la violencia y los grupos armados que figuran en las listas internacionales de terroristas en las zonas donde el sector es más conflictivo, como Venezuela. Mientras tanto, especialmente en Brasil, las empresas están accediendo a títulos mineros legales en tierras indígenas de las zonas de selva tropical. La magnitud de la presión minera es dramática. Al menos 188 Tierras Indígenas están impactadas por 1286 procesos mineros críticos o esenciales para la transición energética. De las diez tierras indígenas más presionadas, ocho se ubican en el estado de Pará, una en Amazonas y otra en Roraima.
Zonas de sacrificio en la Amazonía para construir un futuro más sostenible: una paradoja tan irónica que resulta inevitable. Esta historia conecta comunidades remotas amazónicas con consumidores globales a través de los teléfonos inteligentes en sus bolsillos y los vehículos eléctricos en sus garajes.
Mientras la comunidad de Chorrobocón se encuentra en la encrucijada entre el oro y los minerales críticos, buscando formalizarse pero condenada a operar en la ilegalidad; en Venezuela se agravan las violaciones de derechos humanos; y en Brasil las multinacionales entran con toda su fuerza, Juan Guillermo García, el inversionista minero detrás de Minastyc, en Colombia, resalta: «Acuérdate de que estamos en la Cuarta Revolución Industrial, que es la tecnología ¿Y qué necesitas para la tecnología? Las materias primas para esto». A la pregunta de qué pasará si nadie pone orden en el sector, sonríe levemente y dice: «Bienvenido al Nuevo Congo de América Latina».
Imagen de apertura: Complejo Portuario de Vila do Conde, ubicado en el municipio de Barcarena de Pará, Brasil. Foto: Luis Ushirobira/Amazon Underworld
Investigador Principal
Bram Ebus
Investigadores
Daniela Castro, María de los Ángeles Ramírez, Emily Costa, Fábio Bispo, Hyury Potter, Karen Pedraza, Isabela Granados, Natalie Barusso
Portada e infografías
Laura Alcina
Mapas
Natalie Barusso
