En las selvas colombianas, donde el verde profundo de la Amazonía choca con la pobreza y la marginalización, un negocio oculto y peligroso florece. En los remotos rincones de Guainía, comunidades indígenas como los Puinave se ven atrapadas en la minería ilegal, una actividad que les permite sobrevivir, pero que amenaza con destruir la tierra que habitan. Con la merma del oro, los minerales estratégicos se levantan como una promesa de futuro. Sin embargo, esta nueva fiebre mineral, que promete ser menos contaminante que la minería de oro, podría conllevar riesgos ambientales y sociales de enormes dimensiones.
Amazon Underworld ha hablado con líderes de comunidades indígenas, mineros, traficantes y comerciantes, funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y geólogos para tener una mejor comprensión de esta nueva fiebre de minerales y sus implicaciones. También nuestro equipo recibió muestras de las llamadas ‘arenas negras’, recolectadas en el departamento de Guainía (Colombia) y en los estados Amazonas y Bolívar (Venezuela), un concentrado que contiene algunos de los minerales críticos más buscados del mundo, ocultos en lo profundo de la selva tropical. Cuando fueron evaluadas en un laboratorio geológico profesional, los resultados de las pruebas indicaron altos niveles de estaño, tantalio y además de monacita y xenotima que contienen tierras raras.
A seis horas del municipio amazónico de Puerto Inírida, en Guainía, se encuentra Chorrobocón, un resguardo indígena cerca de los emblemáticos cerros de Mavecure, un popular destino turístico. El pueblo principal de Chorrobocón está separado del acceso directo a Inírida por el raudal de Zamuro, unos rápidos donde los lugareños arriesgan sus vidas estrellando sus lanchas contra olas y rocas, o arrastrándolas por la orilla del río. Para las embarcaciones más pesadas de la Armada, el raudal se presenta como una barrera natural que las mantiene al este, mientras que del lado occidental está Chorrobocón. Es justamente a partir de ahí que se empieza a percibir una presencia más marcada de las disidencias de las antiguas FARC, integradas por quienes no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 con el Estado colombiano o desertaron de ese proceso.
La comunidad indígena de la etnia Puinave está conformada por algunas casas de madera habitadas por unos 750 integrantes. Frente a la comunidad hay tres balsas mineras con techos de paja y equipo de procesamiento, amarradas a lo largo de la orilla del río.
“La minería [de oro] es el único medio o alternativa para que podamos conseguir, o con lo que hemos conseguido, sustento para nuestras familias”, dice Luis Camelo, el capitán del pueblo, después de la misa evangélica vespertina en un templo.
La minería [de oro] es el único medio o alternativa para que podamos conseguir, o con lo que hemos conseguido, sustento para nuestras familias
Luis Camelo, capitán del comunidade.
Cuando llegaron los buscadores de oro brasileños, a inicios de los años 90, las comunidades locales rápidamente aprendieron a construir y operar sus propias balsas mineras. La extracción mineral, incluyendo tungsteno, oro y plata, prosperó en Zancudo, Cerro Tigre e incluso dentro de la Reserva Nacional Natural Puinawai. Desde entonces, comunidades como Chorrobocón se han sostenido a través de la minería.
Carolina Florez Hernández, una mujer tímida y de voz suave, coordina la guardia indígena de Chorrobocón. Explica cómo la minería se ha vuelto intergeneracional: “Mi mamá trabajaba en minería antes de que yo naciera; nací y me crié allá, la mayor parte de mi niñez la pasé ahí, trabajando con mi mamá… Yo estoy más que segura de que nuestros hijos van a seguir trabajando en la minería ilegal, así como lo estamos haciendo nosotros”, añade con resignación.
Buzos equipados con cinturones de plomo y oxígeno comprimido a través de una boquilla, usan mangueras para chupar los sedimentos de los lechos del río y extraer oro. Descienden, a veces a más de 25 metros de profundidad, arriesgando sus vidas, las orillas o pendientes submarinas podrían colapsar y enterrarlos en el lecho del río. Sin embargo, la minería de oro podría no ser lo que determine el futuro de la comunidad. El agotamiento de los depósitos minerales genera preocupaciones: “Es que, así como están diciendo los compañeros hoy en día, la producción del oro ya no es como antes. Había toneladas y toneladas que nosotros íbamos a trabajar, pero esa es la piedra que queda, yo creo que en cinco años no habrá más”, señala Luis Camelo refiriéndose al declive en su obtención, por ello, la comunidad está evaluando la explotación de minerales críticos como una alternativa.
Los mineros pagan 2 millones de pesos colombianos (US$ 500), por medio kilo de mercurio y usan 300 gramos para obtener 100 gramos de oro. Consciente del daño ambiental que produce su uso, tienen la esperanza puesta en que la comunidad pueda legalizar las operaciones de minerales críticos. “Si logramos trabajar esas arenas negras… que nos lo legalicen, para que no trabajemos con miedo. Porque las arenas negras no utilizan mercurio. Si nosotros tuviéramos otra fuente económica, dejaríamos de trabajar la minería ilegal. Seguimos trabajando porque no tenemos otra fuente económica”, dice uno de ellos.
Si bien la minería de minerales críticos se considera menos dañina que la del oro, el golpe ambiental es innegable. En la República Democrática del Congo, en África Central, la extracción de coltán ha provocado una deforestación extensa y la contaminación del agua, mientras destruye hábitats de gorilas en puntos críticos de biodiversidad. De manera similar, la minería de tierras raras en Myanmar, en el Sureste Asiático, ha causado contaminación severa del suelo y el agua a través de químicos tóxicos como el sulfato de amonio, contribuyendo a la deforestación y el desplazamiento de comunidades de tierras agrícolas contaminadas.
El profesor Thomas Cramer es un geólogo alemán que enseña en la Universidad Nacional de Bogotá. Portando una bata azul de laboratorio, muestra su oficina que parece un pequeño museo geológico. Al abrir una vitrina de piedras, se acerca a un equipo que emite señales inquietantes. «Es que los efectos en la salud no aparecen inmediatamente si la dosis no es muy alta», advierte, mientras el número en la pantalla sigue aumentando—radioactividad—el causante silencioso de enfermedades presente en algunos de los minerales que contienen coltán. Riesgos de salud nada extraños para los mineros informales que trabajan sin ningún acompañamiento, equipos de protección o capacitación.
Además de los efectos desconocidos de los bajos niveles de radiactividad en algunas de las «arenas negras», existe una falta de información sobre qué minerales están encontrando los mineros de Chorrobocón. «¡Conocimiento es poder!», exclama Cramer, argumentando que las comunidades forman parte de un desequilibrio de poder, donde los compradores globales saben más sobre los minerales que quienes los extraen, lo cual aplica incluso para el gobierno colombiano. La Agencia Nacional de Minería le dijo a Amazon Underworld que existe una falta de conocimiento sobre las «arenas negras» y que no pueden diferenciar los minerales ilegales de los legales cuando se les presentan.
En Chorrobocón, al abrir un tarro de plástico con arena fina de color gris oscuro, Luis dice: “Ahora mismo tengo aquí, frente a mí. Es un material desconocido en este momento, pero lo vamos a mandar a examinar para saber si es un material de valor, vamos a trabajar”.
“En caso de que consigamos un comprador para arena negra, las mismas balsas (mineras) que están dedicadas a ejercer la minería de oro, esas máquinas las vamos a convertir para trabajar la arena negra”, explica.
Las guardias indígenas, como la que coordina Carolina, son grupos civiles de defensa territorial basados en principios de no violencia. Con presencia guerrillera en su territorio, logran negociar acuerdos de respeto mutuo. “Ellos tienen sus reglas y nosotros también tenemos las nuestras. Ellos nos respetan y nosotros también los respetamos a ellos”, explica Carolina.
A diferencia de otros grupos de guardia indígena que típicamente patrullan tierras ancestrales para prevenir que invasores armados o mineros ilegales entren, la guardia indígena de 20 miembros de Chorrobocón protege su propio equipo de minería ilegal. “El día que el Ejército llegue a parar las balsas (mineras), la guardia indígena se defenderá”, asegura un miembro de la guardia.
En 1992, las comunidades del pueblo Puinave, en Guainía, establecieron una Zona Minera Indígena que cubría casi 48 mil hectáreas a lo largo del río Inírida para formalizar sus actividades de minería de oro. La zona operó hasta que las licencias expiraron en 2005, después de enfrentar desafíos legales de organizaciones indígenas nacionales de Colombia como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), quienes interpusieron tutelas para impedir el avance de la minería en el río Inírida. Fue entonces que comenzaron a predominar las iniciativas mineras de carácter informal.
Como un resguardo indígena reconocido con autogobierno autónomo constitucionalmente protegido, el resguardo de Remanso-Chorrobocón obtuvo del Estado 13 títulos mineros colectivos en el año 2021, pero carecían de licencias ambientales para explotar legalmente los recursos naturales. Posteriormente, en octubre de 2024, el gobierno colombiano emitió un decreto otorgando a las autoridades indígenas poderes ambientales dentro de sus tierras colectivas.
En enero 2025, el Resguardo Remanso-Chorrobocón se movió para sustraer más de mil hectáreas de una reserva forestal protegida para actividades mineras. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente negó la solicitud el mismo mes, argumentando que las sustracciones en zonas de reserva solo pueden ser concedidas por razones de utilidad pública o interés social, siempre y cuando no se perjudique la función protectora de la reserva.
Los miembros de la comunidad perciben estas restricciones impuestas como un trato paternalista. “Es que nosotros tenemos las necesidades que tienen ustedes los blancos, las mismas que los funcionarios del Gobierno nacional”, explica Luis Camelo. “Mensualmente reciben su sueldo, mientras que nosotros, las comunidades indígenas no tenemos sueldos. ¿Cómo es posible que pasemos necesidades estando aquí, encima de las riquezas? Tenemos que trabajar”, añade.
Campo Elías Flores Hernández, un puinave de 50 años que administra balsas mineras y ha minado oro toda su vida, explica las presiones económicas. “Ahora queremos comida de blanco también”, reclama. Mientras que las comunidades ribereñas tradicionalmente dependen de la pesca para los alimentos básicos, adquirir carne es costoso en estas áreas remotas de la Amazonía. “Anteriormente dormíamos en hamaca, ahora en colchón”. Los productos básicos deben comprarse en Puerto Inírida, un viaje de ida y vuelta que cuesta 2 millones de pesos colombianos, equivalentes a US$ 500, y además del pan de yuca, la comunidad no tiene mucho que vender. Con el dinero de la minería han enviado a sus hijos a estudiar fuera del territorio. “Por eso estamos ahí jodiendo, arriesgando la vida en la minería”, cuenta Campo Elías.
Por eso estamos ahí jodiendo, arriesgando la vida en la minería.
Campos Elías Flores Hernández, el administrador de una balsa minera.
Con el fin de preservar su modelo de subsistencia, comunidades como las del río Inírida han desarrollado estrategias de protección, incluyendo sistemas de alerta temprana para notificar la presencia de fuerzas policiales gubernamentales en el territorio. “Ellos ya tienen en el cerro Mavecure a alguien con una radio que avisa cuando van entrando”, explica un minero proveniente de Venezuela, quien anteriormente trabajó en el río Atabapo y ahora lo hace río abajo de Chorrobocón, y es que además de los miembros de la comunidad que operan balsas mineras, mineros no indígenas, referidos por la comunidad como ‘colonos’, entraron a la región para minar, a menudo pagando a las autoridades indígenas una parte de su producción.
Luis, plenamente consciente de que la minería es la realidad económica de Chorrobocón para bien o para mal, entiende que si no pueden legalizar sus operaciones o identificar adecuadamente qué minerales poseen, se verán obligados a vender en el mercado negro —probablemente a precios dictados por comerciantes arriesgados que buscan ganancias del comercio ilegal. «La empresa con la que hablamos es Gracor», dice Luis. «Tengo entendido que sí, está haciendo una oferta para que podamos trabajar ilegalmente.»
Imagem de abertura: Uma lancha passa em direção às corredeiras de Zamuro, que separam Chorrobocón da rota para Puerto Inírida, no rio Inírida. Foto: Bram Ebus/Amazon Underworld
Investigador principal
Bram Ebus
Investigadores
Daniela Castro, María de los Ángeles Ramírez, Emily Costa, Fábio Bispo, Hyury Potter, Karen Pedraza, Isabela Granados, Natalie Barusso.
Portada e infografías
Laura Alcina
Mapas
Natalie Barusso
