: Colombia: el país más letal para líderes ambientales

Colombia: el país más letal para líderes ambientales

29 de julio de 2020

En promedio, cuatro personas defensoras han sido asesinadas cada semana desde diciembre de 2015, según el informe anual de Global Witness. Más de la mitad de los asesinatos ocurrieron en Colombia y Filipinas.

De acuerdo con el informe anual de la ONG Global Witness, que recopila el asesinato de líderes ambientales, 212 líderes fueron asesinados en 2019, el año más letal para defensores ambientales. Tal vez lo más preocupante es que la mitad de estos hechos sucedieron en dos países: Colombia y Filipinas.

En promedio, cuatro personas defensoras han sido asesinadas cada semana desde diciembre de 2015, mes en el cual se firmó el Acuerdo Climático de París, momento en que el mundo aparentemente se unió bajo la esperanza de alcanzar una nueva era de progreso en la lucha contra el cambio climático.

Y en particular en Colombia, el informe demuestra que el asesinato de líderes comunitarios y sociales ha aumentado dramáticamente, con 64 activistas por la tierra y el medio ambiente asesinados. Esto significa más del doble del número de asesinatos ocurrido en 2018, y la cifra más alta registrada por Global Witness en el país. Sobre el total de estas muertes, 14 están relacionadas con la sustitución ilegal de cultivos.

“Un aspecto clave del acuerdo de paz fue otorgar un incentivo para alejar a los agricultores del cultivo de coca, reduciendo así la producción de cocaína e interrumpiendo el comercio de drogas que había alimentado el conflicto. A los productores de coca se les ofrecieron subvenciones para comenzar cultivos alternativos, como el cacao y el café. Pero este programa de sustitución de cultivos fue mal implementado, ya que muchos agricultores no recibieron sus pagos, poniéndose en riesgo el sustento de hasta 100.000 familias. Quienes apoyaron o participaron del programa han sido amenazados por organizaciones criminales y paramilitares que aún invierten mucho en el tráfico de drogas”, escribe la organización.

Las estadísticas revelan que una cantidad varios aspectos clave. El primero es que la mayoría de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente asesinadas pertenecen a comunidades indígenas, cuyas habilidades de gestión de la tierra y el agua son cruciales para combatir la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

“La inseguridad legal en su derecho a la tenencia de la tierra, las prácticas comerciales irresponsables y las políticas gubernamentales que priorizan las economías extractivas por sobre los derechos humanos están poniendo en riesgo a estas personas y sus tierras. Se estima que las comunidades indígenas y locales tienen derecho sobre más de la mitad de la superficie terrestre del mundo, pero solo poseen el título legal del 10%. Sin embargo, de los casi 200 compromisos establecidos por los países en virtud del Acuerdo Climático de París, solo 21 incluyen alguna promesa de promover el manejo comunitario de los recursos naturales o la tenencia de la tierra”, dice el informe.

La segunda es que la minería es el sector al que más se relacionan muertes de defensores, Con 50 personas defensoras asesinadas en 2019. Más de la mitad de estas víctimas provenían de comunidades afectadas por la minería en América Latina, mientras que Filipinas fue el país con más asesinatos relacionados a este sector, con 16 muertes. En el mundo el panorama para América Latina es gris: más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron aquí. En 2019, solo en la región amazónica sucedieron 33 asesinatos a defensores, el 90% en Brasil.

El derecho a la protesta también se ha visto disminuido en la crisis del COVID-19 y en general en el último año. En cuanto a líderes ambientales, se han llevado a cabo campañas de desprestigio o acusaciones falsas para silenciarlos, o se ha ilegalizado la protesta (como las que se hacen frente a los oleoductos en Dakota del Norte, en Estados Unidos).

Según CIVICUS, solo el 3% del mundo vive en países con un espacio cívico abierto, entendido como la capacidad de organizarse y participar en el activismo político y social. Existe amplia evidencia de que los gobiernos están utilizando la pandemia del COVID-19 como una excusa para reprimir aún más la protesta.

“Muchos de los peores abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos del mundo son impulsados por la explotación de los recursos naturales y la corrupción en el sistema político y económico mundial. Normalmente, la oposición más directa proviene de las comunidades cuyas tierras y derechos están siendo amenazados, y su capacidad para protestar pacíficamente está siendo restringida sistemáticamente”, concluye el informe.

El asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente ocurre en un clima de persecución y amenazas no letales que buscan infundir temor en quienes son lo suficientemente valientes como para alzar la voz. Angélica Ortiz, una mujer indígena wayuu de La Guajira en el norte de Colombia, lo sabe muy bien. Es la secretaria general de Fuerza de Mujeres Wayuu, que ha liderado protestas contra el gran proyecto minero de carbón El Cerrejón. Según investigaciones recientes, el 44% de los ataques ocurridos entre 2015 y 2019 fueron contra personas defensoras que expresaron su preocupación por las operaciones de cinco empresas y el Cerrejón es una de ellas.

La organización de Angélica se ha enfrentado a reiteradas amenazas (seis únicamente en 2019), que supuestamente provenían de grupos paramilitares, así como a campañas de desprestigio público. La organización dice que el gobierno no ha brindado una respuesta adecuada a ninguna de sus reiteradas solicitudes de protección, que se remontan a 2018.

Mujeres defensoras como Angélica y Francia Márquez, quien sufrió un atentado contra su vida en 2019, se enfrentan a crecientes amenazas en Colombia, mientras la ONU documenta un aumento de casi el 50% en el asesinato de mujeres entre 2018 y 2019. Según los informes, también son más propensas a enfrentar el abuso verbal y la vigilancia que los hombres.

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