Organizaciones campesinas del sur del Meta tienen documentadas presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército desde el 26 de mayo . El comandante de la Fuerza de Tarea Omega dice no tener conocimiento de esos hechos. Asimismo, se conocen presiones de la disidencia de Gentil Duarte sobre campesinos para que salgan a las manifestaciones. Radiografía de lo que pasa en esta región.
Por: Sebastián Forero Rueda
Las imágenes que el país ha conocido en las últimas semanas sobre lo que ocurre en la región del río Guayabero, entre Meta y Guaviare, se las debe en buena parte al medio local Voces del Guayabero. Sin embargo, hoy uno de sus camarógrafos, Fernando Osorio Montes, quien registró con su cámara duros choques entre los militares y la población campesina de la zona en medio de operativos de erradicación forzada de cultivos de coca, se recupera de una herida de bala que le destrozó dos dedos de la mano derecha el 4 de junio. Disparo que frustró su esfuerzo por documentar y dar a conocer lo que viene sucediendo en la cuenca del Guayabero desde el 26 de mayo de 2020, zona histórica de fuerte presencia guerrillera durante el conflicto armado, donde hoy decenas de excombatientes de las Farc adelantan su tránsito a la legalidad, tras la firma del Acuerdo de Paz.
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Este reportero comunitario se ha convertido en uno de los rostros visibles de las víctimas que ha dejado hasta hoy la crisis humanitaria desatada en esa región del sur del Meta tras el despliegue decidido de las tropas pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega para erradicar las plantaciones de coca. El último intento por establecer un diálogo entre los voceros de las comunidades y las autoridades nacionales ocurrió el miércoles 1° de julio y de nuevo se frustró luego de que los líderes denunciaran boicoteo y falta de garantías. De la zona se trasladaron delegados hasta San Vicente del Caguán para garantizar la conectividad en la reunión virtual acordada con delegados del Gobierno Nacional y voceros de la Agenda Ambiental, Campesina, Étnica y Popular donde se incluiría la situación en el Guayabero, pero en medio de la cita se cortó el servicio de energía en la calle donde está ubicada la Alcaldía y la casa que les habían facilitado para conectarse. Asimismo, denunciaron el seguimiento y la toma de fotografías a los voceros por parte de individuos en una motocicleta de placas BDH 36F.
Antes de ese encuentro, hubo otro acordado para el viernes 26 de junio, en el que, tras los llamados de la comunidad, el defensor nacional del Pueblo, Carlos Negret, llegaría hasta la vereda Tercer Milenio, de Vista Hermosa (Meta), donde principalmente han ocurrido las confrontaciones. “Hicimos una convocatoria por escrito a 52 veredas de Guaviare y Meta para quienes pudieran asistir y tuvieran algo que denunciar. Llegaron 500 personas a esperarlo para las denuncias. El defensor no llegó”, señaló Alexánder Ruiz, vocero de la comunidad de la vereda Tercer Milenio, integrante de la Asociación de Campesinos Trabajadores del Guayabero (Ascatragua) y excombatiente de las Farc.
El defensor le aseguró a este diario que todo estaba dado para asistir e incluso había invitado al procurador general, Fernando Carrillo, y al consejero para la Estabilización, Emilio Archila. El primero había delegado a una procuradora y el consejero Archila no había confirmado su asistencia. “Lamentablemente nuestra institución no cuenta con la logística para movilizarse en tiempos de clausura de vuelos comerciales. En esta oportunidad solicité el apoyo logístico y por limitaciones en las horas de vuelo no me fue concedido”, explicó el defensor Negret.
Ese día, las comunidades pensaban exponerle al funcionario algunos de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos que, sostienen, han cometido los integrantes de la Fuerza Omega. Pero, además, descargaron por internet un formato de denuncia de la Fiscalía para que los pobladores los diligenciaran y al término de la reunión se los entregaran al defensor Negret con el ánimo de que las trasladara a autoridades como la Procuraría.
Las denuncias que las comunidades del Guayabero han intentado poner en conocimiento de las autoridades nacionales son una serie de hechos ocurridos desde el 26 de mayo, cuando alrededor de una decena de helicópteros descargaron centenares de uniformados en la vereda Tercer Milenio, así como efectivos del Esmad. Allí se produjeron los primeros choques que, según las organizaciones de la zona, dejaron tres campesinos heridos de bala en las piernas.
Por su parte, el general Raúl Hernández Flórez le dijo a este diario que ese día una compañía de 200 hombres fue cercada por unos 400 manifestantes que les restringieron la movilidad. Y que así permanecieron por los siguientes diez días, hasta el 4 de junio. Ese día, ya con unos 1.500 campesinos concentrados, se escaló de nuevo la confrontación y la comunidad denuncia que ahí empezó la mayor represión contra la movilización. Según sus testimonios, los militares arrasaron no solo con la coca, sino con los cultivos de yuca, plátano y maíz, y a medida que las viviendas fueron quedando desocupadas las habrían usurpado, llevándose paneles solares y las herramientas de trabajo de sus habitantes. Asimismo, habrían tomado las remesas que juntaron los manifestantes.
Reportaron también que los uniformados quemaron y destruyeron con machetes las mangueras con las que los labriegos llevan el agua desde las fuentes hídricas hacia las viviendas. Igualmente, habrían quemado y destruido viviendas luego de que la comunidad se fuera replegando. Fue ese día cuando el camarógrafo de Voces del Guayabero, Fernando Osorio, resultó herido en la mano de derecha, además de recibir otro disparo de arma de fuego en el maletín donde llevaba los equipos de trabajo. Según la comunidad, quienes tenían cámaras o radios de comunicación que portan los líderes campesinos fueron objetivo de los militares. “Presentaron un terror que es como cuando entra el paramilitarismo a una zona”, señaló uno de los voceros de la comunidad de esa vereda.
En ese momento aún no había presencia de las autoridades regionales de la Defensoría del Pueblo de Meta y Guaviare, pero una comisión integrada por organizaciones de derechos humanos como Corpohumadea, Anzorc y la Fundación para la Defensa de los DD. HH. del Oriente Colombiano hicieron una misión de verificación en la zona. Édgar Cruz, quien estuvo allí por parte de Corpohumadea, ratificó las denuncias de la comunidad. Según dijo, en las dos semanas durante las cuales hicieron acompañamiento, lograron recopilar ochenta denuncias concretas sobre el accionar de las Fuerzas Militares en la zona. “Pudimos establecer que la manera como ha procedido la fuerza militar es completamente desproporcionada”, dijo el defensor de derechos humanos. Entre las denuncias recopiladas fue reiterativa la referencia a integrantes de la fuerza pública que han amenazado a manifestantes con los riesgos que pueden correr en caso de encontrarlos solos y a mujeres que han hecho parte de la movilización con amenazas de violencia sexual.
El 9 y el 11 de junio hubo reuniones en La Macarena, a una de las cuales asistió el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, acompañado del comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, y el comandante Flórez, de la Omega. Aunque algunos voceros expresaron las denuncias por las violaciones de derechos humanos, no obtuvieron una respuesta sobre ellas además de la reafirmación, por parte del gobernador y los generales, de que el Ejército continuaría consolidando su presencia en la zona. Sin embargo, los pobladores reportaron que militares estuvieron tomándoles registros fotográficos a los participantes y voceros de las comunidades.
Solo hasta el 22 y el 23 de junio, mientras continuaba la tensión, la Defensoría del Pueblo se hizo presente a través de sus regionales del Meta y el Guaviare. Las comunidades cuestionaron que esa entidad solo llegara a la zona un mes después de haberse iniciado los choques entre los manifestantes y la fuerza pública. Sin embargo, pusieron en conocimiento de esos funcionarios las denuncias. También le aseguraron a este diario que delante de la defensora regional del Meta, Ana María Jiménez, los campesinos señalaron directamente soldados que los habían amenazado en caso de encontrarlos solos, pero que dicha funcionaria no registró los datos de los uniformados.
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Ya el sábado 27 de junio, un día después de que las comunidades se quedaran esperando al defensor del Pueblo, Yoanny Yefer Vanegas, líder de las comunidades movilizadas y excombatiente de las Farc, apareció abaleado y sin vida en inmediaciones de la vereda Picalojo. Ese mismo día su hermano fue detenido por militares, trasladado al casco urbano de La Macarena y posteriormente liberado.
Consultado por este diario sobre las denuncias de la comunidad de la zona, el comandante de la Fuerza de Tarea Omega defendió el accionar de su tropa en la zona y señaló que desde que llegaron sus hombres fueron recibidos con una actitud hostil y agresiva, por lo cual han respondido, sostiene, con armas no letales. Sobre los heridos de bala de fusil, que según la comunidad son al menos cinco, dijo que estarán “prestos a adelantar todas las investigaciones con el rigor que impone la ley y a establecer las responsabilidades individuales por cualquier extralimitación de funciones que no corresponde a ningún tipo de política institucional ni de orden emitida por este comando”.
Igualmente, sobre las otras denuncias concretas que han elevado las comunidades, relacionadas con quema de casas, daño a los cultivos de pancoger y robo de herramientas, entre otras, aseguró que es “totalmente falso, según la tropa y los comandantes en tierra me han manifestado. El que tenga pruebas que vayan contrarias a esta versión que las instaure ante los estrados judiciales y nos vamos con todo el rigor a investigar”.
El defensor Negret aseguró que ya tienen conocimiento de cuatro quejas individuales y seis colectivas. “Todo lo anterior está siendo transmitido a la fuerza pública para obtener su versión de los hechos, y a la Fiscalía y a la Procuraduría para que emprendan las investigaciones judiciales y disciplinarias, y esclarezcan las eventuales responsabilidades”, señaló.
Presiones armadas sobre los campesinos
Como si fuera poco, este diario conoció una serie de denuncias instauradas ante una autoridad local de la zona que ya fueron trasladadas al procurador regional del Meta, al procurador provincial de Villavicencio y a la defensora del Pueblo del Meta, en las que se detalla que en veredas de la zona rural de Vista Hermosa integrantes del grupo disidente que opera en la zona, el de Gentil Duarte, han presionado directamente a presidentes de juntas de acción comunal para que envíen pobladores a apoyar las manifestaciones en el Guayabero.
Según esas denuncias, presidentes de junta de varias veredas fueron convocados a la vereda Yarumales, el martes 9 de junio, donde les dieron la directriz según la cual cada vereda debía enviar mínimo diez personas a apoyar la manifestación. Producto de esas presiones habrían salido hacia la zona pobladores de las veredas Palmeras, Agua Linda, Dorado y La Palomera, entre otras. El reporte incluye el traslado a la zona de dos menores de edad.
Sin embargo, varios voceros de la comunidad movilizada ha rechazado declaraciones públicas del gobernador en las que ha hablado de manera generalizada sobre las protestas como resultado exclusivo de la presión de las disidencias. En particular su intervención en el canal NTN24, que la comunidad ha considerado como un hecho evidente de estigmatización. “Estuve en La Macarena con el general Zapateiro, donde les dijimos a estos grupos ilegales, representados en unos campesinos que ellos presionan para que salgan a pedir que se retire el Ejército, que no se va a retirar el Ejército, que no aceptamos el discurso de que los campesinos necesitan sembrar coca para vivir”, fueron las palabras que causaron mayor rechazo en la zona.
Consultado por esas y otras declaraciones sobre las movilizaciones, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga se reafirmó en sus declaraciones. “Cuando el marrano chilla es porque le aprieta el lazo”, aseguró. Dijo que está del lado de los campesinos y que se opone es “a los narcotraficantes que nos quieren inundar de coca el sur del departamento y los campesinos están cansados de vivir en esa esclavitud”. Dijo que hay una orden explícita de Gentil Duarte a los campesinos asentados en la zona de parques naturales para que tumben mínimo dos hectáreas de bosque para sembrar coca.
Explicó que lo que se está viviendo en el sur del Meta es una confrontación entre el grupo de Gentil Duarte y los que se denominan la Nueva Marquetalia. Estos últimos le estarían “reclamando a sangre y fuego ese territorio a Gentil Duarte y en la pelea de esos grupos están cayendo nuestros campesinos”, dijo. En lo que va del año, según datos del gobernador, producto de esa disputa, han sido asesinados 25 civiles y 17 militares.
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Sostuvo que por eso ha sido enfático en solicitar en la zona la presencia del Ejército y que retirarlo no puede ser un punto del diálogo con los campesinos. “Yo voy a donde me digan los campesinos que vaya, pero si a mí en el primer punto del orden del día me dicen ‘para dialogar se debe ir el Ejército’, pues que ni me inviten porque no voy”, aseguró.
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También dejó ver lo lejos que está la posibilidad de entablar un diálogo real con las comunidades, pues al preguntarle por las dificultades que han tenido las organizaciones de la zona para tener espacios con autoridades nacionales, respondió que “ya no nos echan el cuento de que son solamente campesinos que están saliendo a decir. Muchas organizaciones del Estado ya no les van a hacer el juego a esos grupos delincuenciales”. Sin embargo, en la zona continúan reclamando escenarios de diálogo con el Gobierno nacional, en los que antes de resolver cualquier otro asunto, como los campesinos que habitan zonas de parques hace décadas, se deben abordar y esclarecer las denuncias contra el Ejército por no respetar los derechos humanos mientras se despliega y avanza en la zona del Guayabero, y las salidas de sustitución para quienes ven en la coca el único sustento.
Foto principal: La comunidad pide esclarecer las denuncias de violaciones a los derechos humanos que habría cometido el Ejército en la región del Guayabero. / Cortesía Voces del Guayabero