Comenzó la audiencia pública en la que funcionarios de distintas instituciones deberán explicar qué han hecho por proteger uno de los mayores tesoros ecológicos del país.
El 5 de abril de 2018 quedará para la historia como un punto de referencia en la protección de la Amazonia colombiana. Ese mes la Corte Suprema de Justicia declaró este inmenso territorio —cerca del 40 % de todo el país— como sujeto de derechos (sentencia 4360). Un giro en el lenguaje, las leyes y hasta en la forma como concebimos la selva. Ayer, un año y medio después, el Tribunal Superior de Bogotá, encargado de hacer seguimiento a esa decisión, comenzó a llamar al banquillo a representantes de las 94 entidades que tienen la obligación de formular planes y acciones para detener la galopante deforestación que sigue amenazando con devastar este lugar. (Lea: Francia Márquez es una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes de 2019, según la BBC)
Serán en total nueve audiencias. Las dos primeras se desarrollaron este martes y miércoles. Las siguientes están programadas para el 23 y el 29 de octubre, y el 5, 6, 12, 13 y 19 de noviembre. En términos generales, el objetivo de las audiencias es que los funcionarios respondan qué han hecho por consolidar el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano (Pivac) para reducir a cero la deforestación y los gases efecto invernadero. Tres magistrados, el representante de los accionantes (se trató de una tutela presentada por 25 menores de edad representados por Dejusticia), la Defensoría, la Procuraduría, la Contraloría y el público en general tienen derecho a hacer preguntas.
Los dos primeros días de audiencias ya dejan un mal sabor sobre la capacidad del Estado para enfrentar este enorme problema. Para empezar, no se presentaron los representantes de la Procuraduría ni de la Contraloría; tampoco lo hizo el Minminas el segundo día.
Minambiente, uno de los principales protagonistas de esta historia, presentó un plan de acción para la reducción de la deforestación, pero tanto los magistrados como los que siguen el proceso quedaron confundidos al constatar que en el expediente de la tutela se adjuntó un borrador del plan, pero el funcionario encargado nunca logró explicar si aquello era o no era el plan oficial.
El representante de la Presidencia de la República presentó un informe sobre acciones ambientales del Gobierno y afirmó que en los próximos días publicarán un Conpes sobre la deforestación. Un problema es que Presidencia no tiene a alguien encargado de la implementación de la sentencia. “Este último fue el punto más criticado”, comentó Valentina Rozo, funcionaria de Dejusticia y una de las accionantes de la tutela.
Otro punto débil que salió a flote es que el Ideam, comprometido a presentar cada año tres alertas tempranas de deforestación, este año apenas ha entregado una, la de enero a marzo. Por su parte, Mininterior presentó como un logro el decreto 632 de 2018 que reconoce la autoridad indígena en los territorios indígenas.
Dos entidades que mostraron no estar muy sintonizadas con el problema de la Amazonia fueron Minagricultura y Minhacienda. La primera se concentró en señalar los límites de la frontera agraria colombiana trazada en 2018, pero el funcionario delegado se enredó bastante al intentar responder preguntas.
El representante de Minhacienda resultó ser el peor preparado para la audiencia. Cuando le preguntaron si existían estudios sobre el impacto que tenía la deforestación del Amazonas en términos económicos, agrícolas, ecológicos y sobre las poblaciones étnicas, respondió: “Ustedes insisten mucho en los estudios de impacto, pero es que en este país estamos sobrediagnosticados. El único encargado de esto es Minambiente, lo que podemos decir es que es más caro reforestar que deforestar y por eso detener este último proceso es lo más importante”.
Quedó claro que no están haciendo seguimiento de los recursos que llegan a través de cooperación internacional y tampoco tienen nada claro cómo se administrarán los recursos que están entrando a través del impuesto al carbono.
Por parte de la sociedad civil, se pronunció la Comisión Colombiana de Juristas, que llamó la atención sobre las complicaciones derivadas de acciones militares asociadas a deforestación como la que adelantaron la Fiscalía, el Ejército y la Policía en la zona de influencia del PNN del Chiribiquete a principios del año, pues según ellos la acción recayó en campesinos que tienen poca influencia en el problema y no en los grandes deforestadores.
Fabio Valencia, representante legal del Consejo Indígena del Río Pirá Paraná, perteneciente al pueblo macuna, también tomó la palabra el primer día. “Somos gobierno, nuestras autoridades indígenas son nuestros magistrados, y al serlo el Tribunal Superior de Justicia debe reconocer un espacio especial de participación para la construcción del Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano, el cual no solo debe ser intergeneracional, sino también intercultural”, planteó Valencia.
Insistió en que para estas comunidades no se trata solamente de proteger los lugares que afecta la deforestación sino también sus culturas. “A través de nuestros conocimientos, nosotros protegemos y conservamos la Amazonia, la deforestación no solo es en lo físico, sino también en lo espiritual. Nosotros somos cuidadores de la Amazonia porque esta no es la selva, no es solamente el bosque, sino que es una cultura, allí vivimos pueblos, hay una sabiduría especial de la que vivimos. Sin indígenas no hay Amazonia”, señaló.
Foto: En 2018 se talaron 138.176 hectáreas de bosque amazónico. / Cortesía: Rodrigo Botero