: Deforestación y malaria: el precio del oro en Venezuela

Deforestación y malaria: el precio del oro en Venezuela

28 de February de 2019

Guerrillas, grupos criminales y fuerzas de seguridad compiten por el control de las minas de oro de ese país. La Amazonía y la salud de la población están en serio peligro.

 

*Informe de la ONG International Crisis Group

En febrero de 2016, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió un nuevo marco legal para la minería en Venezuela y creó el Arco Minero del Orinoco. Es un área reservada para explotar oro, coltán y diamante que ocupa 112.000 kilómetros cuadrados —casi el 12 % de la superficie total de Venezuela—, que además hace parte de la Amazonia.

Debido a que la producción de petróleo en Venezuela se redujo a la mitad en 2014, para evitar una crisis mayor, la atención de oficiales y grupos al margen de la ley se concentró en dos estados venezolanos ricos en minerales como el oro e incluso el preciado coltán (que se usa como conductor eléctrico en cada smartphone que se ha producido en el mundo): Bolívar y Amazonas, sobre el río Orinoco, en la frontera con Colombia. Es un área reservada para explotar oro, coltán y diamante  que ocupa 112.000 kilómetros cuadrados —casi el 12 % de la superficie total de Venezuela—, que además  hace parte de la Amazonia.

Allí viven 16 comunidades indígenas y, de acuerdo con los inventarios biológicos locales, es hábitat de  850 especies de aves, 257 de mamíferos, 205 de anfibios y 204 de reptiles.

De acuerdo con el informe “El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela”, publicado ayer por el International Crisis Group, redes delictivas y grupos armados ilegales como la guerrilla colombiana del ELN han apostado a cruzar el río Orinoco en busca de preciados metales para llenar sus arcas y controlar la mayoría de pueblos mineros.

De acuerdo con el informe de ICG, las comunidades locales, en su mayoría indígenas, están en el frente de la expansión de la minería ilegal y el poderío de grupos criminales o rebeldes. Además, se enfrentan a graves efectos sobre su salud y la del medio ambiente que habitan.

Medio ambiente, la víctima silenciosa

La minería en el estado venezolano de Amazonas, que hace parte del Arco Minero, es ilegal desde 1989, cuando se creó la Reserva de la Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare y otros parques nacionales, pero aún domina la economía de la región. Los tres principales pueblos venezolanos que limitan con Colombia a lo largo del río Orinoco: Puerto Páez (estado de Apure), Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo (ambos en el estado de Amazonas) cuentan con una fuerte presencia del ELN, mientras que los disidentes de las Farc del Frente Acacio Medina controlan el área de Puerto Colombia-San Felipe, en el lado colombiano del río Negro.

Según un excombatiente del frente 16 de las Farc, que solía operar principalmente en los departamentos de Vichada, Guainía y Vaupés, el grupo se familiarizó con las minas de Yapacana mientras cobraban un “impuesto” por las operaciones ilegales de minería de coltán y oro en Puerto Inírida (Guainía).

Aunque Vaupés y Guainía tienen tasas de deforestación bajas, los estados venezolanos vecinos no están en la misma situación. En julio del año pasado, la ONG venezolana Provita, que ha estudiado la biodiversidad de Venezuela durante más de tres décadas, anunció que 5.266 kilómetros cuadrados de vegetación fueron devastados en la Amazonia venezolana entre los años 2000 y 2015, en gran parte para dar paso a operaciones mineras ilegales.

“La deforestación no es la única consecuencia de la industria minera. La actividad genera el arrastre de sedimentos a los ríos y eso produce un cambio en el ecosistema que puede afectar a las 1.200 especies de peces que sabemos que viven en esta zona del Orinoco”, explica Vilisa Morón-Zambrano, presidenta de la Sociedad Ecológica de Venezuela, al portal Earth Journalism.

Sin embargo, de acuerdo con el medio venezolano Efecto Cocuyo, los directamente afectados son los ecosistemas de interés mundial, pues el Arco Minero del Orinoco es parte de la Amazonia.

Lo  que más preocupa a los ambientalistas es que el Arco Minero no solo está siendo explotado ilegalmente, sino que quienes están dentro de la legalidad no han elaborado los correspondientes estudios de impacto ambiental y sociocultural.

Por ejemplo, Corporación Faoz C.A., la primera empresa en firmar acuerdos con el gobierno venezolano para incursionar en el Arco Minero del Orinoco, se constituyó solo siete días después del anuncio del Arco Minero, en 2016. Es la única que ha instalado un campamento, en el sector Parguaza, del municipio Cedeño del estado de Bolívar, y es la que tomó la delantera en la búsqueda del codiciado coltán. Sin embargo, es una empresa sin experiencia y no presentó los estudios ambientales que requiere la ley venezolana para extraer coltán, casiterita, ilmenita, estaño, circones, diamantes y oro, informa Efecto Cocuyo.

El informe de ICG agrega que la minería (legal e ilegal)  ha tenido un impacto especialmente devastador en la salud de las 16 comunidades indígenas aledañas, porque el mercurio usado para extraer oro del mineral contamina la tierra y los acuíferos.

En 2017, la Secretaría de Salud del Guainía adelantó una serie de estudios para medir la cantidad de mercurio que una población que vive a lo largo de los ríos Guainía, Inírida y Atabapo tenía en su organismo. Se encontró que tiene aproximadamente sesenta veces el nivel máximo recomendado de mercurio en su sangre.

En Venezuela, el 92 % de las mujeres indígenas encuestadas en la cuenca del río Caura (Venezuela) tenían niveles de mercurio por encima del límite de 2 miligramos por kilo establecido por la OMS,  y el 37 % de las mujeres entre los pueblos de Yékuana y Sanema enfrentaron complicaciones en el parto relacionadas con la exposición al mercurio.

Se alborotaron los mosquitos de malaria

Es casi una ironía. En 1961 Venezuela se convirtió en el primer país del mundo en erradicar casi por completo la malaria, pero los reportes de esta enfermedad en el país suramericano crecen exponencialmente desde 2013. En 2017 hubo 411.000 registros, un 84 % más que en 2016. La mayoría de los casos se presentan en Bolívar y Amazonas, dos de los estados que hacen parte del Arco Minero.

El gobierno venezolano lanzó la última cifra en noviembre de 2016: 245.000 casos y una muerte. En 2017, la OMS pintó un panorama mucho más preocupante: calculó 655.000 casos y 790 muertes solo en 2017.

¿Cómo es que ese país pasó de casi erradicar la enfermedad a ser una de las naciones más afectadas? Los médicos venezolanos tienen varias teorías, pero todo apunta a la falta de esfuerzos de prevención, falta de medicinas y el disparo de la minería ilegal.

Por un lado, las retroexcavadoras que perforan la tierra dejan huecos que se llenan de agua lluvia, que a su vez atraen a los mosquitos Anopheles, cuyas hembras transmiten la enfermedad. Como los migrantes son de estados que no necesariamente han sido golpeados por la malaria, llegan a las minas con sistemas inmunitarios que no están familiarizados, y duermen en campamentos improvisados y hamacas alrededor de estas aguas infestadas.

Una investigación realizada por la ONG local Kapé Kapé, en 2018, calculó que la malaria causa el 21 % las muertes en el estado de Amazonas y el 25 % en el estado de Bolívar.

El transporte y las condiciones de vida tampoco facilitan la situación. En octubre, el río Orinoco se crece y el año pasado casi arrasa a las comunidades indígenas en las orillas de los ríos y los centros urbanos, dejando al descubierto la vulnerabilidad de muchas personas locales a los desastres naturales y las dificultades para organizar cualquier respuesta de emergencia.

De acuerdo con el informe, la infraestructura de salud en la zona es una rareza. No hay acceso por carretera a Puerto Inírida (Guainía) y el camino a Puerto Carreño (Vichada) solo es transitable en la estación seca. Por eso, los ríos más importantes y cientos de afluentes sirven como rutas principales para el transporte y la comunicación, con un control estatal limitado sobre los movimientos de mercancías y personas.

Actualmente hay más de un millón de refugiados venezolanos en Colombia y se calcula que el 55 % de los que están infectados con malaria entraron al país por Vichada y Guainía.

Pero las comunidades remotas que solían ser accesibles por el agua ya no pueden ser alcanzadas, debido a las dificultades de abastecimiento de combustible para pequeñas embarcaciones. De acuerdo con Bram Ebus, periodista de Infoamazonia y autor del informe, hay indígenas varados en Puerto Ayacucho que no han podido regresar a sus comunidades en meses y suelen depender de asientos disponibles esporádicamente en vuelos militares

El combustible se compra con frecuencia en Colombia, donde es mucho más caro que en Venezuela, y se transporta a las minas, donde su valor aumenta significativamente. Incluso el combustible caro comprado en Colombia se revende al doble del precio en las minas en Venezuela, además de que cada barril de 55 galones incluye una “vacuna” de US$6 que se le pagan al ELN.

Otra de las razones del disparo de la malaria es que los medicamentos destinados a las comunidades ribereñas se están desviando hacia las minas. Un exoficial de la inteligencia venezolana con excelente conocimiento de la región explicó a Ebus en el informe que “toda la comida se transportaba a las minas [y] se hizo escasa en [el resto de Amazonas]. Todos los medicamentos que normalmente encontraría en una farmacia están disponibles allí”.

Sin embargo, los medicamentos no han detenido la epidemia de malaria, debido a dosis incorrectas y falta de atención médica especializada: 26.160 médicos han emigrado por la crisis económica, así que no hay quién atienda la emergencia. En las minas los tratamientos son vendidos a cuatro gramos de oro, y muchas veces son falsos o están vencidos.

Foto: Bram Ebus

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