Las autoridades descubrieron una supuesta red ilegal que se hizo pasar como una comunidad indígena para vender títulos de propiedad en Orito (Putumayo) cuando, en realidad, usurpaban la propiedad privada, ocupaban lotes baldíos y arrasaban con miles de hectáreas de bosque. Nueve personas fueron encarceladas.
Las preocupaciones por la acelerada deforestación en la Amazonía colombiana alertaron a las autoridades por los efectos que puede tener para la fauna y las fuentes hídricas. Las investigaciones, además de evidenciar la tala indiscriminada de bosques, la destrucción del hábitat para múltiples especies y la caza ilegal, dejó al descubierto una supuesta organización que habría utilizado la fachada de un resguardo indígena para vender títulos falsos en terrenos baldíos, privados o de reserva forestales en el departamento de Putumayo. (Le sugerimos: La Amazonía colombiana tiene los mismos derechos que una persona)
La Fiscalía y la Dijín de la Policía aseguraron que esta red ilegal no contaba con identidad ni arraigo que constatara la condición de comunidad indígena, sin embargo, vendía títulos de propiedad en la vereda El Líbano, en el municipio de Orito, de 30 y 50 hectáreas. Las investigaciones evidenciarían que esta falsa comunidad ocupaba lotes baldíos y arrasaban miles de hectáreas de bosque, y ofrecían a los compradores ganancias y reconocimiento como integrantes de la comunidad. Los registros ilegales de esta banda, explicaron las autoridades, datan desde 2011.
Los integrantes de esta estructura habrían vendido títulos de propiedad que oscilaban entre $150.000 y $15 millones, con la promesa remuneratoria de obtener mensualmente $4 millones y anualmente hasta $170 millones. A los interesados, según la Fiscalía, les explicaban que los dividendos económicos provenían del mecanismo REDD+, en el que países industrializados aportan dinero a programas de reducción de emisiones de gas carbónico. (Lea también: ¿Por qué la Amazonia está en riesgo?)
“Tendrían víctimas en Putumayo, Huila, Cauca, Tolima, Nariño, Valle del Cauca y Caquetá, y hay 40 casos documentados. Sin embargo, el número de afectados podría ser superior porque el presunto resguardo acredita más de 3.500 familias, algo más de 12.000 miembros de la comunidad”, precisó el órgano investigativo sobre esta organización que, además, habría obtenido copia de una escritura pública de origen colonial con la que la corona española entregó un área de 293.647 hectáreas a las comunidades indígenas de San Bartolomé de Males.
“Con este documento, la organización, al parecer, se autoproclamó como resguardo indígena, tomó el nombre de Gran Jardín de la Sierra, fijó una estructura de gobierno y se presentaba como uno de los pueblos beneficiados con el título colonial”, agregó la Fiscalía. Y para dar autenticidad al resguardo indígena, los integrantes de la banda, presuntamente, plagió el logo de una comunidad legalmente constituida. Las pruebas y los testimonios, igualmente, probarían que esta organización garantizaba a los compradores el reconocimiento de indígenas. (En contexto: El calentamiento global está haciendo que en la Amazonía llueva muchísimo más)
La Fiscalía detalló que tiene en su poder 13 oficios del Ministerio de Interior, en los que fue negado el registro al resguardo Gran Jardín de la Sierra. De igual manera, la Agencia Nacional de Tierras rechazó la misma solicitud y, con un estudio, concluyó que el 83% de la población no es indígena y que las personas no tienen identidad ni pertenencia étnica ni cultural. A todo esto, se le suma las denuncias interpuestas por representantes de cabildos indígenas.
Nueve personas investigadas por estos hechos fueron enviados a la cárcel. Estos son: Julián Otero Salazar, quien fungía como vicecacique indígena del resguardo Gran Jardín de la Sierra; Jesús Hernán Román Fajardo Pejendino, supuesto cacique del resguardo; Daniel Belalcazar Medina, presunto coordinador del proyecto Redd +; Óscar Daniel Belalcazar Castillo, señalado de manejar la contabilidad de la venta de títulos y administrador de una página web; Julián Cardona Henao, quien figuraría como gobernador del resguardo; Braulio Aguilar Yustes, supuesto concilio de la comunidad indígena; Cedulfo Rodríguez Silva, investigado por vender títulos; Javier Humberto Tucurí Marín, presunto coordinador de la asociación indígena en Orito, y Dayara Jelicsa Valencia Bolaños, presunta secretaria del resguardo. (Lea: El enigma del balance de carbono en la Amazonía)
Estas personas son investigadas por los delitos de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, daños en los recursos naturales, concierto para delinquir, estafa, invasión de tierras o edificaciones y fraude procesal. Tendrá que permanecer detenidos mientras avanzan las investigaciones.
