La protesta de las comunidades indígenas por la contaminación por petróleo en la Amazonía peruana ha superado los dos meses. La vía fluvial más importante continúa bloqueada y los barcos no pueden trasladar pasajeros ni cargas a través de un sector del río Marañón.

por Barbara Fraser
Adaptado por Romina Castagnino

La protesta indígena por los continuos derrames de petróleo registrados en la Amazonía peruana —que ha propiciado el bloqueo del tráfico de barcos en el río Marañón, una ruta crucial de transporte— podría solucionarse en los próximos días con una reunión entre los manifestantes y ministros del gobierno peruano.

En una carta del 3 de noviembre, Fernando Zavala, presidente del consejo de ministros, señaló como una condición para el inicio de las conversaciones, el levantamiento del bloqueo del río. Las fotos publicadas por los manifestantes en las redes sociales muestran barcos fluviales y barcazas, amarradas a lo largo de la ribera, incapaces de navegar río abajo o río arriba.

Los ministros que integrarían la delegación gubernamental que viajaría a la zona son los de Justicia, Cultura y Salud, según una carta del 6 de noviembre dirigida a los dirigentes de la protesta y escrita por Rolando Luque, funcionario que encabeza la oficina gubernamental a cargo de los conflictos sociales en el país.

Los líderes de las comunidades involucradas en la protesta se reunieron el 6 y 7 de noviembre para discutir la propuesta.

Antes de la ráfaga de correspondencia entre los manifestantes y funcionarios del gobierno se realizó una sesión inicial de negociación el 11 y 12 de octubre en el pueblo de Saramurillo, a orillas del Marañón.

El estado de emergencia declarado en dos distritos de Loreto, la región más afectada por la contaminación y las protestas, no fue suficiente para cumplir las demandas de los manifestantes. El funcionario regional a cargo de las tareas de defensa civil dijo que la capacidad de respuesta del gobierno se vio obstaculizada por el bloqueo del río.

Los líderes indígenas han insistido en reunirse con el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski o con algunos de sus ministros, argumentando que los funcionarios de nivel inferior carecen de autoridad para tomar decisiones vinculantes.

“Estamos cansados de discusiones interminables”, dijo José Fachín, de 35 años, estudiante Kichwa de derecho y asesor de los líderes de las cinco organizaciones indígenas que dirigen la protesta.

Durante las conversaciones de octubre, los manifestantes exigieron que se declarara el estado de emergencia en Urarinas y Parinari, distritos afectados por una serie de derrames de petróleo que ocurrieron sucesivamente desde el 2014 a lo largo de un oleoducto de crudo operado por la petrolera estatal Petroperú.

Sin embargo, el decreto de emergencia emitido el 29 de octubre solo cubrió nueve comunidades aguas abajo impactadas por los derrames que ocurrieron en la comunidad de Nueva Alianza el 19 de agosto y el 22 de octubre. Estas comunidades recibirán agua potable y comida por 10 días, según Alfredo Carrasco, director de defensa nacional del Gobierno Regional de Loreto.

Las que han quedado excluidas son las de Nueva Alianza y Monterrico, comunidades donde ocurrieron derrames. Tampoco se incluyeron las de 6 de Julio o Naranjal, en el distrito de Lagunas, donde también se registraron fugas de crudo después de la reunión de octubre.

Funcionarios de las oficinas regionales de salud, agricultura, medio ambiente y defensa civil tenían planeado visitar Nueva Alianza el 3 de noviembre para evaluar otras necesidades, pero el viaje fue suspendido debido al bloqueo del río, dijo Carrasco.

El gobierno ya tiene en sus manos una agenda de siete puntos que las organizaciones indígenas presentaron durante las conversaciones del 21 de octubre.

Esas exigencias incluyen la reparación o reemplazo del envejecido oleoducto de Petroperú, la remediación de sitios contaminados y compensación para las comunidades afectadas, una ley de monitoreo ambiental y una “comisión de la verdad” para estudiar los impactos de décadas de operaciones petroleras mal reguladas, que han dejado más de 1000 sitios contaminados en territorios indígenas de cinco cuencas hidrográficas.

Los manifestantes también pidieron una revisión del contrato con la empresa argentina Pluspetrol, que continúa operando el campo petrolero conocido como Bloque 8.

Cuando el contrato de arrendamiento de Pluspetrol expiró en el bloque, antes conocido como 1AB y ahora Bloque 192, la compañía se retiró en 2015 sin remediar sitios contaminados en las cuencas de Pastaza, Corrientes y Tigre. Las comunidades ubicadas en el Bloque 8, que se superpone con los ríos Corrientes y Chambira, temen que pueda ocurrir lo mismo cuando expire el arriendo.

Los líderes indígenas recibieron una respuesta de 10 páginas que reúne las propuestas de varios organismos gubernamentales, pero sin planes específicos. Ellos respondieron el 25 de octubre con una carta de tres páginas firmada por al menos 30 presidentes comunitarios, en la que criticaron “la limitada acción y atención a los problemas subyacentes” en las comunidades.

Los manifestantes se enfrentan a posibles cargos criminales relacionados con el bloqueo del río, que se considera un secuestro bajo la ley peruana. Por eso el séptimo punto de su plataforma es el fin de la “criminalización de la protesta”, a lo que el gobierno respondió que los tribunales decidirían sobre cualquier acusación legal.

Durante el intercambio de cartas, se produjeron cuatro derrames más de petróleo en las comunidades situadas aguas arriba de Saramurillo, llegando a 10 el número total de derrames registrados desde enero de este año. Los funcionarios de Petroperú señalaron que los últimos siete derrames fueron producto del vandalismo, lo cual provocó una respuesta aguda de los líderes de la comunidad y de los pobladores que sentían que estaban siendo injustamente culpados.

En un comunicado emitido el 28 de octubre, Petroperú acusó a “personas sin escrúpulos” con “intereses políticos o económicos” que “usan a las comunidades para romper el oleoducto”. Funcionarios de la empresa dicen que los derrames son causados deliberadamente para crear empleo en un área donde los puestos de trabajo son escasos.

Unas 1700 personas están trabajando en la limpieza de derrames de petróleo en siete comunidades.

Después de cuatro derrames producidos en menos de seis semanas a lo largo de un tramo de 50 kilómetros del gasoducto, que la empresa asocia con actos de vandalismo, Petroperú declaró en emergencia el oleoducto, señaló que planea obtener drones para vigilar la tubería y agregó que le solicitará al gobierno la asignación de “fuerzas de seguridad” para patrullarla.

La compañía también anunció un plan que llama “guardianes del gasoducto”, en el cual contrataría a pobladores de las comunidades para monitorear la tubería en sus territorios. Funcionarios de la empresa sugirieron que el programa podría estar vinculado a la ley de monitoreo ambiental solicitada por los manifestantes, pero los líderes indígenas dijeron que quieren un sistema de monitoreo independiente de la empresa.

Un decreto emitido el 5 de noviembre ingresó un cambio en el Código Penal de Perú con el fin que los daños registrados a la infraestructura petrolera sean considerados un delito. Los gasoductos ya se mencionaban en el código, pero los cambios recientes se refieren específicamente al robo de petróleo o sus derivados o a daños a la infraestructura.

La sospecha que rodea los recientes derrames ha aumentado la desconfianza mutua entre la empresa y las comunidades. Petroperú ha presentado cargos legales acusando a algunos sospechosos no especificados de cortar el oleoducto, pero nadie ha sido arrestado.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la agencia reguladora gubernamental que supervisa el oleoducto y responsable de la decisión sobre las causas de los derrames, no ha anunciado sus hallazgos en la mayoría de los casos de este año.