Una serie investigativa desarrollada por Convoca a partir de la construcción y análisis de la primera base de datos sobre obligaciones ambientales de la gran industria minera y petrolera.

Los reportajes y herramientas interactivas de este proyecto revelan de manera sistemática, la situación de la fiscalización ambiental y el comportamiento de las industrias extractivas que tienen un peso predominante en la economía peruana y un gran impacto en la vida de las poblaciones de los Andes y la Amazonía. Más del 50% de los conflictos sociales en el Perú se producen alrededor de estas actividades económicas que se desarrollan en terrenos con altos niveles de pobreza.

Perú es un territorio esencialmente minero: el quinto productor de oro del mundo, el segundo de plata, el tercero de cobre y zinc y el cuarto de plomo. Y como tal, permite un alta rentabilidad a las compañías: apenas doce empresas de la gran minería lograron generar cerca de 57 mil millones de dólares de utilidades netas entre 2008 y 2014, lo que supera en 20% el presupuesto público para más de 30 millones de peruanos en 2015. A pesar de ello y como parte de un paquete reactivador de la economía peruana, el gobierno peruano aprobó la Ley N° 30230 que permitió perdonar y reducir multas a las empresas que cometieron graves infracciones ambientales. Convoca logró determinar que en los primeros ocho meses de aplicación de la norma, el Estado renunció a cobrarle a las compañías mineras y petroleras hasta 55 millones de soles.

Pero la investigación no solo se concentra en los procesos sancionadores, sino en lo que no hizo el Estado y prefirió esconder en medio de conflictos de interés, de funcionarios públicos y representantes de empresas que van y vienen de un lado a otro, entre miles de documentos a los que no pueden acceder los pueblos de donde se extraen los recursos naturales y que en este especial ponemos a disposición del país.

– Esta nota fue originalmente publicada en Convoca y es republicada a través de un acuerdo para compartir contenido.

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