Núcleos de liderazgos y organizaciones de Pueblos Awajún y Wampis siguen trabajando en su estrategia de defensa de la territorialidad indígena ancestral y la construcción consultada de la propuesta de Territorio y Gobierno Indígena.
A 6 años del Baguazo, diversos núcleos de liderazgos y organizaciones de sectores de río de los Pueblos Awajún y Wampis siguen trabajando en su estrategia de defensa de la territorialidad indígena ancestral y la construcción consultada de la propuesta de Territorio y Gobierno Indígena. Justamente los Pueblos cuya movilización fue decisiva en la capacidad nacional del movimiento indígena amazónico los años 2008 y 2009, y que están alertas al curso que vienen teniendo las Audiencias de la Sala Penal Transitoria y Liquidadora (así se llama) con sede en la ciudad de Bagua, que dictará sentencia sobre el caso de la Curva del Diablo, que involucra a 22 de los suyos desde hace casi 14 meses.
Siglo 21: Actores indígenas amazónicos ante políticas estatales colonizadoras
El movimiento indígena amazónico del año 2008 nos obligó a recuperar sentido histórico de nuestra atrasada ciudadanía y discriminante democracia con nuestros Pueblos Indígenas Amazónicos que emergieron como actores políticos culturales jaqueando especialmente la legitimidad y constitucional de los Decretos Legislativos que atropellaban autonomía y derechos colectivos territoriales como de consulta previa, aprobados por los Poderes del Estado que se autoproclama peruano y que plasmaban el discurso colonial de la derecha cavernaria, esta vez bajo el título del “Discurso del Perro del Hortelano” de autoría del entonces Presidente de turno, Alan García.
La movilización indígena amazónica del año 2009 que terminó en los sucesos bautizados como “Baguazo” tuvo las mismas demandas políticas culturales de fondo y los mismos Poderes en contra reincidentes en postergar abusivamente la atención de derechos constitucionales usando el mismo discurso aplanador de la liberalización de los territorios ancestrales para su incorporación al mercado de la inversión minera-energética, mecanismo mediante el cual también “la plata llega sola”.
Pero, esta vez, como se desprende de los Informes de Minoría y los testimonios de los indígenas en el Juicio Oral, se trataba de dar un escarmiento a los indígenas levantados con lanzas por mandato de sus comunidades para que no vuelva a repetirse ese nativismo atrasador del desarrollo y jaqueador de la implementación del TLC. Por eso, ni el anuncio indígena de retiro ordenado y pacífico de la carretera bloqueada a la altura de la Curva del Diablo fue atendido el 4 de Junio y se procedió al operativo de desalojo mediante armamento de guerra ese fatídico 5 de Junio de hace 6 años, que pasando por la respuesta indígena sangrienta en la Estación 6, terminó en 34 muertes y 200 heridos (80 de ellos heridos con armas de fuego).
Demandas indígenas no atendidas y los conflictos latentes actualmente
Lamentablemente, a 6 años del Baguazo, las demandas de fondo no han sido atendidas plenamente y menos se ha actuado y legislado de buena fe, lo que sigue motivando conflictos latentes que no han derivado en abiertos porque están agotando la estrategia de defensa legal y judicial.
Un primer campo de conflicto es sobre disputa de derechos territoriales. Así tenemos que las solicitudes de ampliación del territorio de varias Comunidades Indígenas en la provincia de Condorcanqui no han sido atendidas a la par que el Estado ha facilitado la exploración inconsulta de Maurel Et Prom y Pacific Rubiales, ha permitido el ingreso ilegal de empresas mineras en la Cordillera El Cóndor y Río Santiago, y está continuando con el desarrollo de estudios para la inversión en mega centrales hidroeléctricas inconsultas en el río Marañón (Rentema, Escurrebraga y Manseriche). Aquí ODECOFROC contando con el respaldo de otras organizaciones de sectores de río ha interpuesto una Demanda de acción de amparo por omisión de cumplimiento del Acuerdo del proceso de consulta de la categorización del Parque Nacional Ichigkat Muja de la Cordillera El Cóndor. Así mismo las comunidades Wampis en Río Santiago están exigiendo interdicción a la minería ilegal y sus 9 dragas. Actualmente están revisando la Leyes aprobadas que desprotegen los derechos territoriales indígenas amparados por el Convenio 169-OIT y las ponen en riesgo de despojo de sus tierras no tituladas, para sólo proteger los derechos de inversión privada y especialmente en proyectos extractivistas, que han sido cuestionadas por AIDESEP recientemente (Carta abierta de AIDESEP, 10.04.2015).
Un segundo campo de conflicto es sobre la vigencia efectiva del derecho constitucional de la Consulta y Consentimiento previos. La Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios aprobada con una disposición complementaria de no retroactividad a pesar que el derecho constitucional está vigente desde el 02 de febrero de 1995, es decir, la falta constitucional del Estado se pretende “legalizar” sin poner en revisión y consulta las concesiones mineras y lotizaciones-hidrocarburos otorgados con anterioridad al 07.09.2011. Ante ello, los liderazgos legítimos y algunas organizaciones de sectores de río de los Pueblos Awajún y Wampis han trabajado y gestionado Demandas de Acción de Amparo en los casos inconsultos del Lote 116 (ODECOFROC, CIAP, FISH, CPPAW, otros) y las 109 concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor (ODECOFROC) con el apoyo de instituciones expertas en derecho constitucional.
Un tercer campo de conflicto es sobre la criminalización de la protesta legítima de los pueblos awajún y wampis, en el caso Curva del Diablo. Nos referimos a la judicialización de la protesta para penalizar a los defensores de su territorio y derechos que han sido acusados por la Fiscalía por delitos graves con penas de cadena perpetua y otras parecidas. Después de 27 Audiencias, cargadas de violencia simbólica y de costos asumidos en gran parte por el sector de la Iglesia aliada (casi 7 mil por acusado a la fecha), se ha ratificado que los acusados no dispararon de acuerdo al examen de absorción atómica a que fueron sometidos (prueba de inocencia que los abogados de la defensa presentaron para que no se proceda al Juicio) y al alcance de la última Audiencia del 25 de mayo: “un equipo de ingenieros químicos forenses estableció que las balas utilizadas en la Curva del Diablo son de armas de guerra, de uso solo de la Policía y de las Fuerzas Armadas”(La República, 31.05.2015). Es decir, NUNCA DEBIO SER ADMITIDA LA ACUSACIÒN DE LA FISCALÌA, NO DEBIÓ PRETENDERSE PENALIZAR LA PROTESTA INDÌGENA, MENOS AÙN CUANDO NO HAY JUICIO PARA LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MILITARES DEL DESALOJO ARMADO.
No hay que ser sabios/as para anticipar la crónica del conflicto abierto que derive en la repetición del escenario de un segundo Baguazo, a razón de que el camino del diálogo está minado por la pretensión estatal de imponer la inversión privada en territorio ancestral ocupado, utilizado y conservado, en tiempos de cambio climático y de democracia precaria lamentablemente.
Los pueblos indígenas amazónicos, tales como los pueblos Awajún y Wampis están demandando urgentemente Mesa de Diálogo con el Estado pero sincera y de buena fe, tal como lo publicaron en su Propuesta de Buen Vivir presentada por Santiago Manuin Valera y Wráys Pérez Ramírez (CEPPAW 2012).
Actualmente un conjunto de organizaciones Awajún y Wampis vienen solicitando una Reunión con las Autoridades del Poder Ejecutivo para presentarles sus Propuestas ante las Políticas de desarrollo que el Estado ha proyectado con el Plan Binacional, mediante gestión dirigida a la Congresista Verónica Mendoza para que la convoque, a fin de ser escuchados y atendidos. Desde el Vigilante Amazónico estaremos atentos a esta iniciativa de diálogo intercultural.