Lo que está detrás del último paro regional en la región de Madre de Dios, Perú, golpeada por la minería ilegal y el olvido.
La Pampa se divisa como un gran lunar amarillo en medio del manto verde de vegetación cuando los aviones que vuelan de Lima a Puerto Maldonado comienzan su descenso hacia lo que (todavía) es uno de los lugares más biodiversos del planeta. La Reserva Nacional del Tambopata, el Parque Nacional del Manu y el Bahuaja Sonene, así como otras áreas naturales protegidas cubren hasta el 60% de una tierra moteada con diversos derechos sobre ella: predios agrícolas, forestales, castañeros, comunidades nativas, lotes petroleros, y mineros.
Entre ellos, los ilegales.
La Pampa está atravesada por la carretera Interoceánica, un eje de conexión vial entre Brasil y el Perú, que también es el límite entre la ilegalidad y la informalidad en la actividad minera. La porción que ha quedado al norte de la Interoceánica se conoce como el corredor minero. Es allí donde muchos tienen concesiones entregadas por el Estado. El principal obstáculo que han tenido estos mineros para formalizarse es que sus concesiones están superpuestas con todo tipo de derechos sobre el suelo. La parte sur de la Interoceánica corresponde a la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata, y a la propia reserva.
Es allí donde está el principal problema.
La Pampa se ha convertido en el centro de la minería ilegal. Foto:Rodrigo Abd. (AP)-El País
Hasta allí llegan jóvenes migrantes cusqueños y puneños en busca de las oportunidades que la ausencia de inversión del Estado les ha negado en sus comunidades de origen. Son jóvenes que vienen de las zonas alto andinas de Urcos, Ccatca y Ocongate, o de otras provincias del Cusco, donde los pobladores se dedican principalmente a la agricultura, que suelen salir del pueblo en busca de un trabajo con qué pagar la matrícula y sus útiles para el siguiente año escolar, o con qué enviar algo de dinero de vuelta a casa. Cada año, decenas de adolescentes escapan de sus casas y van a parar a La Pampa para trabajar en lo que sea. Muchos, nunca vuelven.
Pero no son sólo ellos. Los mismos jóvenes, oriundos de Puerto Maldonado y de poblados cercanos, acuden a trabajar temporalmente en los múltiples oficios asociados a la minería, o en los numerosos bares sin licencia de funcionamiento que se han edificado al borde de la carretera, asociados en repetidas oportunidades a la trata de personas y en particular a la explotación sexual de menores. También, por supuesto, La Pampa se ha convertido en el escondite de delincuentes y asaltantes, y en un hoyo negro de corrupción.
Todos, nada más al llegar a La Pampa, se cambian el nombre y se ponen un alias.
– Es gente – dice el padre Xabier Arbex, un sacerdote que dirige una casa-hogar para niños en Puerto Maldonado– con la voluntad de desaparecer.
Además de la minería ilegal, también opera la prostitución de menores de edad en bares informales ubicados al borde de la carretera. Foto: Infoamazonía
Según datos del Ministerio del Interior, en Madre de Dios a lo largo de 2014 se registraron 214 casos de desaparición. Un oficio de la Policía de Tambopata (Oficio No 619–2014–REGPOL–SUR–ORI–DIRTEPOL–MDD–DIVICAJ–DEPINCRI–Sec del 29 de agosto de 2014) indica que entre los meses de enero y agosto de 2014 hubo 165 denuncias por desaparición de personas en La Pampa; y cuatro denuncias por homicidio. El más reciente de ellos lo sufrió el forestal Alfredo Vracko, a manos de unos sicarios presuntamente contratados por mineros ilegales que habían invadido su concesión forestal. Hasta la fecha el caso no ha sido resuelto.
Operación de interdicción en la zona de La Pampa, Madre de Dios. Foto: Andina
La Pampa es también un enorme cementerio. Todos los delitos de sangre imaginables, en Madre de Dios, se concentran en este lugar: reyertas entre borrachos, cuchilladas, disparos, y asaltos con armas de fuego; además de los propios accidentes, en los que jóvenes trabajadores en la minería ilegal mueren aplastados por un derrumbe, o ahogados en un charco.
El movimiento económico que hay en La Pampa ha sido y es, por ahora, incalculable. Así como tampoco ha sido posible calcular para el Estado la cantidad exacta de personas que trabajan allí. Las interdicciones del año pasado hicieron claramente que el tamaño de La Pampa se redujera. No obstante el enorme campamento ha recobrado el brío de sus mejores tiempos, entre el 2009 y el 2011, cuando el Estado aún no realizaba operativos de interdicción.
Mientras todas las demás actividades económicas adolecen la falta de combustible decretada por el racionamiento; la minería ilegal en La Pampa trabaja sin descanso gracias al flujo ininterrumpido de petróleo, facilitado por las coimas que pagan los mineros a la policía de carreteras, según testimonios de varios informantes y de conversaciones con pobladores: 50 soles por barril, un precio que ya parece fijado en el imaginario popular.
Testimonios de por lo menos una decena de personas entrevistadas a lo largo de tres años, apunta a que, por lo general, los asaltantes suelen utilizar armas largas, de guerra, como las que tienen las fuerzas de seguridad del Estado.
Del otro lado de la carretera
En Madre de Dios existen a la fecha 3931 empresas y personas cuyas concesiones mineras continúan inscritas en el registro de saneamiento; es decir, aquellas cuyas declaraciones de compromiso siguen vigentes. Se trata de las empresas y personas que más posibilidades tienen, luego de haber sobrevivido a varias cribas, de alcanzar la formalización.
Ahora bien, ellos también tienen todo un pliego propio de reclamos entre cuyos temas prioritarios está la derogación o sustancial modificación del paquete de decretos de formalización de la minería y erradicación de la minería ilegal. Se trata de una serie de normas, no ajustadas a la especificidad de la minería aluvial, en cuyo diseño participó el ala ambientalista más dura del Ministerio del Ambiente, en la práctica, con el objeto de criminalizar a la minería y erradicarla (la ilegal y la informal, por igual), antes que lograr una formalización efectiva y un ordenamiento del sector. Una reciente entrevista en Rumbos al biólogo Ernesto Ráez, quien participó en el diseño de estas medidas, cita, refiriéndose a Otzuka: “lo que esas autoridades necesitan es cárcel, no diálogo”. Fue básicamente la posición del gobierno hasta el año pasado.
En 2014, el Estado destinó S/. 2,166,828 para el rubro minero en Madre de Dios, según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas. No se sabe cuánto de ese dinero fue a cubrir los salarios de la Dirección Regional de Minería, ni cuánto llegó a ser invertido en el proceso de formalización; mientras que la designación sucesiva de militares en retiro como zares de la minería ilegal –siendo el general Daniel Urresti el más recordado de la región– también apunta a que el Estado privilegió el aspecto militar de la estrategia antes que el legal y el comercial; una estrategia que ha probado ser insostenible.
Presidente regional de Madre de Dios, Luis Otsuka Salazar. Foto: Actualidad Empresarial
Una de las cifras que le encanta recordar a Otzuka es que en Madre de Dios, desde que se inició el proceso de formalización, ha habido cero mineros formalizados; y cinco mineros muertos en enfrentamientos con la policía. Si hubo uno de gran peso trágico –al menos para la Asociación de Mecánicos de Huepetuhe– fue la muerte de Américo Laura, asesinado a principios de abril de 2014 en Mazuko, de un balazo en la nuca mientras huía de una carga policial.
Hasta ahora tampoco se logró determinar quién fue el asesino.
A la luz de esas muertes, la frecuencia con la que ambientalistas en petit comité han nombrado al napalm para referirse a este problema puede llegar a ser de terror, y hacen recordar al clamor que había en los 80, cuando el Estado se vio desbordado por la subversión, y se pedía la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas. El uso de la represión en Madre de Dios ha probado ya ser insostenible, y altamente ineficaz.
Cuestión de gasolina
El 23 de noviembre último, la Alianza de Federaciones de Madre de Dios, encabezada por Vidal Salazar, convocó a un paro regional indefinido. El primer punto del pliego de reclamos era el racionamiento del combustible, una medida tomada por los decretos con los que se pensó ordenar a la minería informal y erradicar a la ilegal, pero que terminó afectando a todas las demás actividades económicas de la región.
Se trata de una movilización que ocurre en medio de serios cuestionamientos a la capacidad de gestión del Gobierno Regional de Madre de Dios, con Luis Otzuka como su presidente y Eduardo Salhuana como su gerente general, que no lograron ejecutar más del 50% de su presupuesto para este año.
Como ha sucedido en anteriores oportunidades, la fuerza de choque de este paro salió de entre los trabajadores de los campamentos mineros, en particular de los afiliados a la Federación de Mineros de Madre de Dios (FEDEMIN).
Otzuka y una delegación de alcaldes viajaron a Lima a entrevistarse con el primer ministro, Pedro Cateriano. Se logró aprobar la instalación de una Mesa de Diálogo para el Desarrollo de Madre de Dios y, más importante todavía, una mejora en las cuotas de combustible para la región.
Todo el mundo esperaba que el paro se levantase. Pero eso no sucedió sino hasta la tarde del jueves 3 de diciembre, cuando la Federación Nativa de Madre de Dios publicó el acta que suspendía el paro, con el voto en contra de la FEDEMIN -ahora al mando de Tomas Díaz. Con eso quedó claro que la FEDEMIN había querido convertir el reclamo general por las cuotas de combustible en otro secuestro minero de la región, alimentado además por oportunistas políticos que tienen la mira puesta en las próximas elecciones.
Jefe del Gabinete se reunió con gobernador regional y alcaldes de Madre de Dios. Foto: PCM.
Otzuka, cada vez más débil
Otzuka y la FEDEMIN nunca han deslindado claramente de La Pampa, y nunca comprendieron que Madre de Dios no vive solo de la minería; que él no es sólo el presidente del gobierno regional de los mineros de Madre de Dios, también lo es de agricultores, castañeros, empresarios del ecoturismo, extractores forestales, comunidades nativas y escolares que dejan de ir a clases cada vez que se programa una movilización como la de estos días. Augusto Mulanovich, gerente del Mariposario de Tambopata, publicó en su Facebook: “esta (se refiere a este paro regional) es la primera vez que los turistas han dejado de llegar a la ciudad por un tema de seguridad”.
El presidente regional tampoco las tiene todas consigo con los mineros de Huepetuhe y del corredor, es decir, aquellos con mayores posibilidades de lograr la formalización. Varios de mis informantes en esa zona no están en absoluto de acuerdo con el paro que lideró, ni con la posición de la FEDEMIN, que desde hace años los extorsiona con el pago de cupos y los obliga a financiar y a participar de este tipo de movilizaciones bajo amenazas que, de no hacerlo, desde el gobierno regional pueden programar sobre ellos una interdicción. En particular desde el asesinato de Alfredo Vracko, muchos de ellos piensan que La Pampa tiene que desaparecer. Aunque casi nadie se atreve a decirlo en voz alta.
En otros, es verdad, todavía prima una muy fuerte ambigüedad, al menos respecto de los términos en los que está planteada la formalización. Por un lado han hecho los trámites y se ve una voluntad de hacer las cosas bien. Por otro lado, algunos siguen financiando a gente como Otzuka, o siguen enviando a sus trabajadores a paros como el de estos días.
Si hay algo que debería tomar en cuenta el gobierno regional y nacional, es la aparición de mapas del Perú en los que Madre de Dios aparece rebanada, y como parte del territorio de Brasil. ¿No habla eso por sí mismo?
– Esta nota fue originalmente publicada en Convoca y es republicada a través de un acuerdo para compartir contenido.