Periodistas investigadores peruanos accedieron a reportes de supervisión ambiental en hidrocarburos hasta hoy desconocidos que los tres últimos gobiernos ignoraron a pesar de las gravedad de los indicios.
La industria de hidrocarburos ha dejado cicatrices profundas en el territorio peruano que las propias autoridades han reconocido. En los más de 40 años de explotación petrolera en Loreto, el Estado ha declarado la emergencia ambiental y sanitaria de las cuatro cuencas ubicadas alrededor del lote 192 (ex 1AB) que opera en esta región amazónica la empresa Pluspetrol Norte. Durante años, las poblaciones indígenas se han quejado de un impacto silencioso y rotundo en sus vidas. Esta vez, Convoca accedió a reportes de supervisión ambiental en hidrocarburos hasta hoy desconocidos que los tres últimos gobiernos ignoraron a pesar de las gravedad de los indicios. Esta es la historia después de la revisión de más de 20 mil páginas de documentos y la construcción de un registro que abarca 21 regiones del país.
Por Gabriela Flores y Milagros Salazar *
Convoca.pe
Wilson Sandy sigue las huellas del petróleo en la Amazonía peruana con la astucia de un detective y la determinación de quien protege su casa: el territorio achuar de Loreto. Tiene 39 años de edad y hace más de diez que dedica su vida a recopilar indicios de contaminación de las petroleras que operan en la región amazónica con más cicatrices ambientales en el país. ¿Por qué lo hace? “Para defender a mis hermanos, para documentar lo que pasa, para que no digan que mentimos”, dice Sandy con esa misma seguridad con la que se abre camino entre los bosques, atraviesa ríos caudalosos y cochas negras de petróleo para registrar evidencias entre plantas marchitas y peces muertos. Toma fotos, vídeos y ubica los sitios afectados con un GPS para revelar lo que sus ojos han comprobado.
Sandy es el líder de 19 monitores ambientales del río Corrientes en Loreto. Pero no es el único testigo de lo que él llama en lengua achuar “nunka nemeskamu”: la tierra contaminada. Las poblaciones indígenas conviven con derrames de petróleo, fugas de gas y otros incidentes ambientales que muchas veces quedan enterrados en la espesura de la selva durante décadas. Es una cadena de historias silenciosas que puede superar cualquier sospecha.
“Nosotros encontramos en cajas de cartón cientos de informes de supervisión sin procesar”, dijo la abogada María Luisa Egúsquiza, quien tiene a su cargo la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos de OEFA, en una entrevista con Convoca a mediados de 2014. Ella se refería a evidencias de potenciales infracciones ambientales que nunca fueron evaluadas por las autoridades para sancionar a las empresas responsables. ¿Cuáles eran esas compañías y qué decían los documentos?
Desde entonces, Convoca buscó responder esas preguntas y conocer lo que contenían esas cajas apiladas en un rincón de las oficinas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Egúsquiza aseguró que su institución pidió a la Contraloría de República que se investigue a los funcionarios responsables, pero no dio más detalles en esa entrevista en la que también estuvo el presidente del OEFA, Hugo Gómez. Hoy después de un año revelamos la primera parte de esta historia.
Papeles ocultos
Lo que encontramos fueron unas 20 mil páginas de presuntos incumplimientos ambientales principalmente de empresas de los sectores hidrocarburos y energía. Convoca accedió a más de mil documentos completos, entre informes de supervisión ambiental hasta hoy desconocidos, cartas internas y fotografías. Los analizó y elaboró un registro para determinar la gravedad de los casos y quiénes fueron los operadores y responsables.
Como resultado, se identificó que más del 70 por ciento de estos casos correspondían a actividades petroleras y gasíferas en 21 regiones del país y que el más beneficiado fue el grupo Pluspetrol, que tiene la principal operadora de petróleo en el Perú y la que lidera el ranking de las empresas infractoras del sector.
Todos esos casos fueron archivados en 23 días entre agosto de 2013 y setiembre de 2014 mediante 1101 resoluciones de la Subdirección de Instrucción e Investigación de OEFA, pero no por falta de pruebas sino porque las autoridades permitieron que se supere largamente los cuatro años que fija la ley como límite para iniciar un proceso sancionador luego de que se recogen las evidencias iniciales. A esta figura legal se le llama prescripción.
Los inspectores presentaron sus informes al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) entre 1998 y 2009 como consta en los documentos que obtuvo Convoca.
La prescripción de estos reportes se concretó entre 2002 y 2013 y abarcó los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. A inicios de 2011, OEFA recibió de Osinergmin estos informes cuando asumió la fiscalización ambiental en hidrocarburos.
Mientras Osinergmin estuvo a cargo de esta labor dejó prescribir el 98% de los casos en un lapso de dos a trece años. OEFA hizo lo propio con veinte casos que prescribieron a los dos años de que este organismo asumiera la supervisión ambiental en este sector. No se inició ningún proceso administrativo sancionador a pesar que se encontraron casos de posibles infracciones graves según los especialistas consultados.
Uno de estos casos fue el derrame de 50 mil galones de petróleo del Oleoducto Norperuano de PetroPerú, de los cuales veinticinco mil desembocaron en el río Marañón, en un hábitat de 100 especies de animales, ubicada entre Jaén y Amazonas. El incidente se produjo la madrugada del 8 de mayo de 2006 debido a que una roca de 25 toneladas cayó sobre el ducto y esto terminó afectando un tramo de los poblados Chingaza y Fátima. De acuerdo con el informe N° 79426-1, la empresa no reportó “el grado de afectación de las riberas, aguas abajo del río Marañón” y permitió que los pobladores recogieran el material contaminado sin protección.
Por esta razón, los inspectores recomendaron evaluar “los daños físicos, biológicos y sociales”, “determinar las zonas vulnerables a los derrumbes” y un plan de remediación. No se trataba de un incidente cualquiera. Para el toxicólogo Rubén Loayza de la Universidad Cayetano Heredia, este derrame calificaba como una “catástrofe ambiental” por la cantidad de petróleo vertido al río, pero el informe quedó olvidado durante cinco años y, en 2013, fue archivado por OEFA junto a unos mil 100 informes debido a que los plazos para investigar y sancionar vencieron.
Compañías beneficiadas
Del centenar de empresas que figuran entre los más de mil informes prescritos, el 54.2% corresponden a 17 compañías. La mayoría comparte intereses comerciales y figura, además, entre las más multadas por OEFA.
Las dos operadoras del grupo argentino Pluspetrol aparecen entre las más sancionadas por infracciones ambientales entre 2007 y 2014 con más de 22 millones de dólares. Pero las 36 multas que enfrentaron no representan ni la cuarta parte de los reportes encarpetados.
Mientras Pluspetrol Perú Corporation figura con 136 informes prescritos; su gemela Pluspetrol Norte se ubica unos puestos más abajo con otros 13 reportes. Esta última compañía opera en Loreto en el lote 8 y el 192 (ex 1AB), donde las comunidades indígenas denuncian la afectación al medio ambiente y a su salud.
Once de los trece informes que fueron archivados entre agosto de 2013 y setiembre de 2014, precisamente corresponden a las operaciones de Pluspetrol Norte en el ex lote 1AB, cuyo contrato vence en agosto y está siendo sometido a un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas.
Sobre estos casos, Pluspetrol respondió vía correo electrónico que “es una empresa seria que trabaja respetando las leyes y compromisos que adquiere con las autoridades y el Estado”.
El gas que Pluspetrol extrae de la selva peruana es trasladado a la costa por Transportadora de Gas del Perú (TGP), que aparece en el segundo lugar de las más multadas por no respetar sus propios estudios ambientales. Estos casos apenas equivalen al 2% de los 107 informes de supervisión archivados.
En 2005, TGP afrontó cinco rupturas del ducto que trasladaba el gas del Camisea, la principal fuente de energía del país. Aunque el entonces premier Pedro Pablo Kuzcynski defendió a la empresa y hasta deslizó la posibilidad de sabotajes al ducto; Osinergmin sí registró incidentes ambientales.
Debido a la fuga permanente del gas de Camisea, el 29 de agosto de 2005, los inspectores detectaron tres manchas del tamaño de una mesa redonda en los suelos por donde pasa el ducto. De acuerdo con el informe, transcurrieron tres meses sin que la compañía remediara el potencial impacto.
Dos meses después, otro reporte daba cuenta del derrame de 172 toneladas de líquidos de gas natural en el río Chunchubamba de Ayacucho que provocó la muerte de peces de los que dependían cinco comunidades. La empresa no remedió el daño según otros informes prescritos entre 2006 y 2007.
Entre las beneficiadas también aparece Graña y Montero Petrolera (GMP), que adquirió en noviembre de 2013 parte de las acciones de Pluspetrol en TGP. Una de las subsidiarias de Graña y Montero Petrolera es Consorcio Terminales, que opera un terminal de almacenamiento de hidrocarburos en Ilo, al lado de un colegio con más de mil estudiantes. Desde 2001, las autoridades de esta escuela se han quejado por la fuga de hidrocarburos y la falta de controles, pero hasta hoy no se concretaba el traslado del terminal.
Entre otras observaciones a las actividades de GMP, aparece posible contaminación del aire en tres lotes que opera en Piura por no prevenir la liberación de gas. Pero los clientes de esta compañía también se beneficiaron. Uno de ellos fue Petrotech Peruana, la compañía vinculada al caso “petroaudios”, con once informes ambientales prescritos.
Las firmas
Las resoluciones de OEFA que declararon la prescripción de los informes de supervisión ambiental fueron firmadas por Mercedes Aguilar Ramos y su sucesor Jerry Espinoza Salvatierra tras heredar la mayoría de los casos prescritos en el periodo de Osinergmin. Aguilar suscribió el 23% de las prescripciones en poco más de 2 años que estuvo en la Subdirección de Instrucción e Investigación de OEFA, mientras que Espinoza fue el más productivo: firmó el 77% de las resoluciones en solo 9 meses en 2014.
Los antecedentes laborales de Espinoza resultan interesantes: trabajó en el estudio Muñiz, Ramírez, Pérez- Taiman & Olaya entre julio de 2008 y abril de 2013. Dejó el bufete de abogados para convertirse en asesor de la Dirección de Supervisión de OEFA y luego subdirector de instrucción e investigaciones donde firmó las resoluciones de prescripción de por lo menos dos compañías que fueron clientes del estudio donde laboró: Interoil Perú S.A. (antes Mercantile Perú Oil) y TGP.
En la página web del estudio Muñiz, aparece que ambas empresas fueron asesoradas en procesos sancionadores y permisos ambientales. Convoca pidió su versión a Espinoza pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta, tampoco de OEFA.
Estos centenares de casos archivados no son los únicos. Convoca accedió a otras 62 resoluciones de prescripción en los sectores hidrocarburos, minería y pesca, que fueron entregadas por Contraloría. Esta institución evitó dar detalles de las investigaciones que realiza sobre los funcionarios que dejaron prescribir los miles de casos que hoy revelamos.
Al cierre de este reportaje, Osinergmin respondió que no se “tratan de informes o expedientes administrativos sancionadores” y que en su mayoría son “cartas líneas, documentos de gestión interna” de la entidad. Precisamente lo que demostramos es que nunca se iniciaron los procesos de sanción a pesar de las evidencias.
*La construcción del registro de los reportes ambientales prescritos fue un esfuerzo colaborativo del equipo de Convoca. Participaron Esteban Valle-Riestra, Aramís Castro, Gloria Alvitres, Wendy Vega y Claudia Risco.
– Esta nota fue originalmente publicada en Convoca y es republicada a través de un acuerdo para compartir contenido.
