Informe de ONG Global Witness permitió geolocalizar los casos de 478 personas asesinadas en Perú, Brasil, Colombia y Ecuador entre 2002 y 2014.
El pasado cinco de noviembre, el joven asháninka Víctor Pio denunció en una radio emisora de Lima las amenazas de muerte que recibió de parte de un grupo de traficantes de madera que un año antes había asesinado a su padre e invadido sus tierras en Nuevo Amanecer Hawái, una pequeña comunidad nativa ubicada en la remota frontera entre las regiones de Pasco, Ucayali y Junín.
“La destrucción del bosque es también el fin de nuestras vidas, pero toditos nos cierran las puertas”, advirtió. Pese a que solo habían transcurrido dos meses del brutal crimen de Edwin Chota y de otros tres líderes indígenas de Saweto, ningún organismo del Estado prestó atención a la historia de Víctor Pio ni a la reseña que hizo sobre la muerte de su padre Mauro Pío.
El caso quedó en el olvido, como muchos otros. Desde entonces, el joven asháninka continúa en la solitaria batalla por defender su territorio y retirar a su padre de la larga lista de crímenes impunes registrados durante los conflictos sociales vinculados a las actividades extractivas (legales e ilegales) en Perú.
Un registro estadístico que él mismo podría integrar en cualquier momento.
Una lista oficial de víctimas que nadie quiere recordar.
OjoPúblico recogió el último reporte de la ONG Global Witness -que identificó la cifra mundial de víctimas por conflictos ambientales y sociales entre el 2002 y 2014- e hizo un ejercicio de memoria analizando el banco de datos de esta organización para luego contrastarla y visualizarla. Según este informe, 908 personas fueron asesinadas en 35 países debido a disputas relacionadas con actividades extractivas y derechos de propiedad sobre la tierra.
El 80% del total corresponde a Sudamérica.
La visualización de la data de crímenes medioambientales (vea aquí el mapa interactivo) evidencia que la mayoría de asesinados en una década fueron indígenas, de menos de 40 años, que defendieron sus derechos territoriales y denunciaron actividades extractivas que amenazaban el equilibrio del medio ambiente en donde vivían. Hombres que como Víctor Pio alertaron a tiempo sobre las amenazas contra su vida y la de sus comunidades, pero no fueron escuchados.
OjoPúblico hizo un ejercicio de memoria analizando y contrastando la base de datos que elaboró Global Witness sobre crímenes medioambientales entre el 2002 y el 2014
Luego de revisar la base de datos del informe de crímenes medioambientales, ubicamos los nombres de 471 personas asesinadas en cuatro países amazónicos: Perú, Brasil, Colombia y Ecuador e indagamos en los archivos disponibles. Con esta información construimos un mapa interactivo que geolocaliza cada caso y describe en una ficha básica la identidad de la víctima, edad, ocupación, las razones que motivaron el asesinato, así como el año y el país en donde ocurrió el crimen.
A este grupo se añadieron los nombres de siete personas asesinadas (cinco en Perú y dos en Ecuador) que no fueron consideradas por Global Witness, pero que se hallaron durante el trabajo de rastreo. El diseño de este mapa interactivo es un ejercicio para recordar y el inicio del seguimiento de una tragedia que se agravó en la región en los últimos cuatro años por la aceleración de actividades de explotación minera, agrícola-industrial o forestal que en muchos casos se superponen a las tierras de comunidades indígenas o campesinas.
Está claro que la base de datos y su visualización es referencial y conservadora porque -como lo reconoce la propia Global Witness- existen muchos otros casos que aún no son documentados por las dificultades para hallar información pertinente y verificable.
LOS CONFLICTOS POR PAÍS
Los motivos de los asesinatos en cada país tienen matices que corresponden a las particularidades de sus contextos políticos. En Brasil, donde se registra el más alto grado de violencia vinculada a conflictos por la tierra en el mundo, se identificaron 358 víctimas principalmente en Pará y Mato Grosso, regiones consumidas por décadas de deforestación. La postergación de la reforma agraria y la demarcación de tierras indígenas agravaron el problema en los últimos años.
En Colombia, el conflicto por la tierra está marcado por los intereses de los terratenientes y las demandas del narcotráfico y los grupos subversivos. Las 55 víctimas identificadas en el mapa interactivo de OjoPúblico eran indígenas y líderes comunitarios desplazados de sus territorios y que además habían denunciado proyectos extractivistas que amenazaban su sobrevivencia. Gracias al gráfico es posible ver que la mayoría de casos ocurrieron en zonas cercanas a la costa del Atlántico y Pacífico de dicho país.
En Perú (61 muertos) y Ecuador (4), la mayoría de los crímenes ocurrieron durante protestas de comunidades que denunciaron los daños a su salud y el medio ambiente originados por proyectos de inversión en minería e hidrocarburos dentro de su territorio. El análisis de los datos revela que la violencia contra los dirigentes, protestantes o líderes ambientalistas proviene no solo de las organizaciones criminales, sino también de las mismas fuerzas del orden: policías y militares. Nos dice además que la mayoría de los casos de las 478 personas silenciadas permanece impune.
*En la revisión y análisis de datos también trabajaron los periodistas Nelly Luna, Rocío Romero y Hamer Arteaga. El mapa interactivo fue desarrollado por Antonio Cucho.
FOTO: Edwin Chota, dirigente indígena asesinado por presuntos traficantes de madera en septiembre último (Anouk García)
Este reportaje fue originalmente publicado en Ojo Público y es republicado a través de un acuerdo para compartir contenido.